Las voces que la Asamblea no tomó en cuenta

Por Venezuela Real - 26 de Octubre, 2007, 14:21, Categoría: REFORMA CONSTITUCIONAL

REYNALDO TROMBETTA
El Nacional
26 de octubre de 2007

Hasta integrantes del chavismo fueron ignorados por los diputados

Desde el momento en que el presidente Hugo Chávez presentó su proyecto de reforma constitucional, actores políticos o sociales como las cámaras de industria y comercio, la Iglesia Católica, las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos, los sindicatos y las universidades comenzaron a expresar diversas opiniones sobre la propuesta. Y aunque el oficialismo habló en todo momento de apertura y de participación, fueron pocas las sugerencias aceptadas por la Asamblea Nacional cuando se trató de estos sectores de la vida nacional

OFICIALISMO
Algunos chavistas fueron ignorados

Los diputados invitaron al país a sumarse al debate, pero fueron pocos los sectores escuchados
 
La versión inicial del artículo 337, que restringía los derechos al debido proceso y a la información durante estados de excepción, suscitó las críticas más contundentes en el propio chavismo. Aunque la versión que finalmente fue aprobada por la Asamblea Nacional dio cabida a algunas consideraciones expresadas por voceros del oficialismo, también fueron ignoradas varias propuestas de ese sector.

El periodista Vladimir Villegas afirmó que el derecho a la información es una de las garantías que no pueden ser suprimidas. "Insisto en que el derecho a la información es fundamental para la preservación de otros derechos humanos", escribió en un artículo publicado en El Nacional. "Ese derecho está allí para todo el pueblo de Venezuela, bajo las circunstancias que sean".

Asimismo, el titular de la Defensoría del Pueblo, Germán Mundaraín, pidió al Parlamento incluir en la Constitución algunos derechos que "no pueden ser suspendidos bajo ningún concepto", pero que no fueron incorporados en la versión final del artículo 337.

También propuso plazos para los estados de alarma, emergencia, conmoción interior o exterior, y retomar la idea de que el Tribunal Supremo de Justicia declare la constitucionalidad o no de los estados de excepción. Estas sugerencias fueron ignoradas.

CÁMARAS
Reducción de la jornada y propiedad privada en peligro
 

Comerciantes e industriales centraron sus críticas en las amenazas que se cernirían sobre la propiedad privada y en los efectos perjudiciales de la reducción de la jornada laboral.

Alejandro Uzcátegui, defensor del presidente Hugo Chávez, afirmó que se debería flexibilizar la reducción de la jornada para excluir las microempresas. Es necesario "buscar un equilibrio para que esto no afecte ni el empleo ni la productividad", dijo el presidente de Empresarios por Venezuela Fedecámaras, en boca del presidente saliente del organismo, José Luis Betancourt, destacó el autoritarismo que permea un proyecto "orientado a imponer un modelo de sociedad que no se compagina con nuestra idiosincrasia y el cual busca someternos a la voluntad de quien, de manera indefinida, se atribuiría el poder de decidir sobre nuestras vidas".

El presidente de Consecomercio, Nelson Maldonado, rechazó la reducción de la jornada laboral, que "afectará más a las pequeñas empresas del sector industrial; los costos aumentarán y muchas de ellas podrían desaparecer".

Fedeindustria pidió que se incluya a la comunidad empresarial como miembro activo de la sociedad, porque está ausente en el artículo 70 de la carta magna y también del proyecto.

IGLESIA
Un Estado socialista que favorece el autoritarismo

La Conferencia Episcopal de Venezuela, cuyas relaciones con el Gobierno han conocido altos y bajos durante este mandato, se terminó de agriar con el tema de la reforma constitucional.

Durante semanas, obispos de la Iglesia Católica han expresado sus dudas sobre la conveniencia de reformar el texto constitucional de 1998. "Ya hay una Constitución buena, lo que tenemos es que cumplirla", declaró en una ocasión el cardenal Jorge Urosa.

Finalmente, el 21 de octubre, los jerarcas de la Iglesia presentaron un documento en el que concentraron todas sus objeciones a la propuesta presentada por Hugo Chávez y modificada por la Asamblea Nacional.

"La reforma acentúa la concentración de poder en manos del Presidente de la República y favorece el autoritarismo", dijo la Conferencia en un documento titulado "Llamados a vivir en libertad".

Además, "se limita la libertad de los venezolanos, se incrementa excesivamente el poder del Estado, se elimina la descentralización y se permite al Gobierno controlar muchísimos espacios de la vida ciudadana".

Posteriormente, el arzobispo de Cumaná Diego Padrón expresó que "el punto central está en el cambio de un Estado democrático, en el cual puede haber diversidad y pluralismo, a un Estado socialista en el que el Gobierno lo controla todo".

ONG
Denuncian retroceso en derechos humanos

Las organizaciones no gubernamentales han cuestionado fuertemente la propuesta de reforma constitucional por violar el principio de la progresividad de los derechos humanos.

Foro por la Vida, que incluye algunas ONG que difícilmente podrían ser consideradas de oposición, lamentó la exclusión del derecho a la información durante un estado de excepción.

"En el pasado la suspensión del derecho a la información produjo consecuencias que terminaron en males mayores", recordó la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

Antes de que se conociera la posibilidad de eliminar también el debido proceso del artículo 337, estas organizaciones criticaron otros aspectos que constituirían un retroceso en materia de derechos humanos.

Las organizaciones denunciaron que se sustituirán los mecanismos de la democracia representativa por los de la participativa. Otros aspectos incluyen la discriminación que implica imponer un modelo socialista a todo el país, así como la vaguedad e imprecisión con la que se regularía el financiamiento internacional de las ONG.

La Red de Apoyo también sugirió no hacer participar a la Fuerza Armada Nacional en "tareas de mantenimiento de la seguridad ciudadana y conservación del orden interno".

PARTIDOS POLÍTICOS
Casi todo el proyecto fue puesto en duda

El universo de los partidos políticos se ha volcado de lleno al análisis y la crítica de la propuesta de reforma constitucional. Los movimientos de oposición han dedicado la mayor parte de sus anuncios, desde mediados de agosto, a pedir explicaciones, hacer sugerencias o rechazar frontalmente la mayoría de la propuesta.

Pero las voces que más han llamado la atención han sido las de Podemos, Patria Para Todos y el Partido Comunista de Venezuela, que aunque dicen mantenerse fieles al proceso han cuestionado algunos aspectos de la reforma.

Podemos, que no desea que se le reste poder a los gobernantes estadales, ha exigido la suspensión del referéndum. Ese partido causó especial conmoción cuando se negó a validar la celeridad con la que el oficialismo pretende imponer los cambios de la Constitución.

PPT y el PCV han intentado mantener sus críticas en secreto, pero algunos temas, como el de las restricciones durante los estados de excepción, los han llevado a superar su timidez. "La información es un derecho del pueblo", declaró Oscar Figuera, del PCV, que hizo observaciones a por lo menos 27 artículos.

Wilmer Iglesias, de PPT, comentó: "No todo lo que se incluyó en la reforma es lo mejor, ni lo que se quitó tampoco".

SINDICATOS
Gremios preocupados por la concentración de poder

La Unión Nacional de Trabajadores, sindicato cercano al chavismo, ha expresado preocupación por la manera en que se concentrará el poder en manos del Presidente. Orlando Chirinos, coordinador de la UNT, pidió a Hugo Chávez y a la Asamblea Nacional que recapaciten sobre aspectos como la metodología y los plazos de discusión de la reforma.

Entre otros temas, el dirigente gremial criticó que no se permita la reelección indefinida de alcaldes y gobernadores, y que estos funcionarios cedan poder a vicepresidentes regionales designados desde Miraflores.

La Confederación de Trabajadores de Venezuela hizo énfasis en la necesidad del diálogo obligatorio y permanente entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores. Eso hubiese permitido evitar decisiones unilaterales de las autoridades nacionales en material laboral, advirtió Manuel Cova, secretario general de la CTV.

Alfredo Ramos, también dirigente de la CTV, sugirió no modificar la Constitución para reducir la jornada laboral, sino hacerlo mediante un decreto que sería ejecutado de inmediato a través de la Ley Habilitante. Propuso asimismo decretar la retroactividad de las prestaciones sociales y el pago de tickets alimentación a jubilados y pensionados.

UNIVERSIDADES
Profesores y estudiantes en defensa de la autonomía

La comunidad universitaria se ha lanzado de lleno a discutir el tema de la reforma constitucional. Semanalmente se han realizado foros y debates, con la participación de académicos y estudiantes que han presentado argumentos a favor y en contra de la propuesta.

Casi todos los artículos modificados han sido abordados en uno u otro momento, pero uno de los temas más polémicos ha sido el de la autonomía universitaria. En las casas de estudio se ha rechazado la propuesta de modificar las bases para elegir a las autoridades académicas.

Los profesores y un grupo de antiguas autoridades de la UCV criticaron ese aspecto e hicieron énfasis en el hecho de que los diputados de la Asamblea Nacional no consultaran a la comunidad universitaria sobre el tema.

Líderes estudiantiles como Stalin González y Yon Goicochea transmitieron un mensaje contundente: la reforma no resuelve los problemas de inseguridad, pobreza y desempleo.

La Academia Nacional de la Historia rechazó la idea de realizar una "inconsulta alteración del ordenamiento constitucional cuando el país vive un clima de controversia y exclusión".





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