Corrupción y pérdidas afectan la gestión de Mercal

Por Venezuela Real - 30 de Octubre, 2007, 17:35, Categoría: Corrupción

LAURA WEFFER CIFUENTES
El Nacional
30 de octubre de 2007

En los Megamercales no dan facturas a los consumidores
Esta misión, que tiene gran aceptación entre la población, perdió 242 millardos de bolívares en el año 2006. Hasta el momento, hay 18 personas enjuiciadas por incurrir en irregularidades 

Alexis Absueta es el coordinador regional de Mercal que más tiempo tiene en el cargo, a pesar de que en más de una ocasión ha sido señalado como autor de presuntas irregularidades administrativas.

Desde que la misión fue creada en abril de 2003 con la intención de resguardar la soberanía alimentaria del país, Absueta es responsable de la institución en el estado Guárico. Por razones desconocidas públicamente, ninguna de las investigaciones adelantadas en su contra –tanto por el Consejo Legislativo como por el propio Mercalha prosperado. Esta leyenda negra se ha alimentado, en parte, por el silencio que guarda el propio involucrado. Personalmente se le consultó sobre la situación, pero alegó que no podía hablar al respecto, pues tenía prohibición expresa de sus superiores de declarar a los medios.

Mientras, su némesis local, el diputado al Consejo Legislativo Fidel Túpano repite hasta el cansancio –con pruebas en manoque en Mercal Guárico existe un desorden administrativo que sería promovido por el propio directivo, para lucrarse.

Por ejemplo, señala que hace cuatro años Absueta no contaba con otro bien material más allá de un apartamento en Caricuao y ahora posee, entre otras cosas, 2 fincas. La última que adquirió, de 750 hectáreas, en noviembre de 2006, le costó 400 millones de bolívares; según lo establece el acta de compra inscrita en la Notaría Pública de los municipios Juan Germán Roscio y Ortiz del estado Guárico, número 42, tomo 70.

Así, hay otros casos denunciados menos tangibles, pero que igual enlodan el deber ser de los funcionarios de Mercal.

De ello da prueba Enrique Lugo. Este administrador se incorporó a las filas de la misión en Guárico como contador en el año 2005, y pensó conveniente adelantar una auditoría. Sin embargo, poco a poco fue tropezando con una serie de obstáculos que le dejaron ver lo cuesta arriba que sería cumplir con su objetivo.

Desde tácticas tan precarias como la misiva enviada por el ingeniero Pedro Torres, el jefe del centro de acopio de Las Mercedes, el 15 de noviembre de 2004, según la cual: "Debido a la falta de material de oficina (papel) y por no contar con los recursos económicos necesarios, nosotros en este centro de acopio (Las Mercedes) no podemos enviarle, vía fax, la información que nos ha solicitado Enrique Lugo, de la coordinación regional, la cual consistía en cuentas por cobrar (Mercalitos afiliados, Mercalitos móviles y Módulos tipo II)". En ese orden, fue desincorporado de su cargo sin que le ofrecieran explicación alguna. Así lo testificó en una comparecencia pública a la cual fue invitado por el Consejo Legislativo de Guárico, el 6 de junio de 2004.

En esa ocasión también presentó una serie de documentos que sustentaban sus principales señalamientos: "Entrega de mercancía a personas no autorizadas, por montos muy altos, y a personas sin aval ni garantías reales. Tampoco se aperturaron cuentas bancarias para cada centro de acopio (a objeto de poder controlar el efectivo), no se realizaron conciliaciones bancarias, no se practicaron inventarios físicos periódicos y sorpresivos, y se realizaron facturas improvisadas en hojas en blanco. Es decir, había un problema administrativo muy grave". Actualmente y tras ser consultado para este trabajo, Lugo se confiesa desencantado ante la falta de respuesta de los organismos responsables. En este punto coincide con Túpano, al afirmar que "Absueta ha actuado con total impunidad".

Del cielo a la tierra.

Y aunque en teoría hay una serie de controles concebidos para evitar que la corrupción se cuele en estos procesos administrativos, parecen no ser suficientes para contener la situación. Según el presidente de Mercal, Félix Osorio, en la Fiscalía General se investigan más de 248 denuncias y se ha dictado sentencia a 18 personas. La Asamblea Nacional nunca llegó a constituir una comisión especial para atender los casos referidos a la misión, pero sí hubo varios señalamientos que apuntaban a supuestas irregularidades, que tenían que ver con las casas de alimentación.

En el Tribunal Supremo de Justicia se adelanta el estudio de una serie de casos que, de comprobarse, indicarían que hubo estafa y despidos injustificados. Mientras, los representantes del Sindicato Unido de Trabajadores de Mercal no han podido sentarse a discutir el contrato colectivo, pues, según su presidente, Ramón Córdova, para el 18 de julio de 2007 -tal como lo establece una carta emitida por Cecilia Guerra, viceministro de Planificación y Desarrollo Institucional del Ministerio de PlanificaciónMercal no había entregado "los estados financieros 2006 y 2007 (balance general, estado de resultados y flujo de caja), desagregando dentro de los egresos totales del personal amparado y no amparado por la convención colectiva del trabajo".

Aunadas a esta retahíla de acusaciones de alto nivel, también es posible encontrar otras que tocan más directamente a la gente. La señora A es de San Juan de los Morros. Tiene 83 años de edad y un Mercalito que se mantiene con lo mínimo indispensable. No tiene horario de trabajo, porque asegura que no sabe si en cualquier momento llega una mujer con un niño pequeño y se queda sin ser atendida. Tampoco tiene prurito alguno en mostrar todas sus facturas, para que quede claro que es buena paga. Idolatra al presidente Hugo Chávez, pero no tiene un buen concepto de quienes manejan la misión. Se queja de que los productos no le llegan, aunque le consta que sí hay en existencia, y vive en carne propia los problemas de distribución, que no son pocos.

Generalmente, estos están vinculados con el desvío de mercancía, ya sea a Colombia (tal como ha sido denunciado en más de una ocasión), o internamente en el país. Por ejemplo, en abril de 2007, en un solo operativo, se incautaron 36 toneladas de alimentos que estaban destinados al mercado informal.

De hecho, y ante la urgencia de la situación, el 30 de octubre de 2006 se emitió el decreto 4948, publicado en Gaceta Ofi cial 38552, que prohíbe la venta de alimentos Casa en puntos distintos a los de la red Mercal.

Pero esta medida paliativa no bastó. De allí que, posteriormente, Osorio (a quien se intentó en vano de contactar para que ofreciera su versión de los hechos), invitara a los consejos comunales a que se sumaran al cuidado de la mercancía.

En febrero de este año señaló: "Si hay un sitio adonde no están llegando los alimentos, hay que revisarlo. Pudiese ser que se esté desviando el producto.

La vigilancia revolucionaria es necesaria para controlar eso, porque estamos en excelentes niveles de abastecimiento".

Esta declaración entra en franca contradicción con la realidad de los anaqueles vacíos y las largas colas que hacen los consumidores cada vez que ven pasar un camión de la institución, bajo la promesa de que esta vez sí van a conseguir lo que buscan. Según el informe social presentado por el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), las toneladas de alimento distribuidas por Mercal en el 2006 disminuyeron 11,6% en relación con el año anterior.

Números por las nubes.

Tras revisar la memoria y cuenta entregada a la Asamblea Nacional por el Ministerio de Alimentación –organismo del que depende Mercalllama la atención el hecho de que no se haga énfasis en la transparencia de la gestión, ni en la lucha contra la corrupción. Y hay detalles tan sutiles, pero a la vez tan poderosos, como que en los megamercales no dan facturas a los consumidores, cuando esto es una condición irreductible impuesta por el Seniat a todos los comerciantes venezolanos.

Esta falta de control en la práctica cotidiana puede ser la causa de resultados tan preocupantes como el que aparece en la memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación, de 2006: "Mercal, para el ejercicio fiscal de 2006, tuvo una pérdida de utilidad neta, antes del impuesto sobre la renta, de 242.831.348.165 de bolívares".

Estas cifras mil millonarias marcan el devenir de esta misión que, independientemente de las debilidades institucionales, es de las más aceptadas por la población. "Yo calculo que, nada más en Guárico, se han perdido con esta mafia cerca de 50 millardos de bolívares", afirma Túpano, al tiempo que reconoce que los organismos encargados de la investigación tampoco se mueven al ritmo requerido. Hace un mes, el ministro de Alimentación, Rafael Oropeza, envió un comisionado para que hiciera una auditoría, pero aún no se ha conocido actuación alguna.
 







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