Todo es un secreto - Hermetismo oficial

Por Venezuela Real - 11 de Noviembre, 2007, 17:52, Categoría: Política Nacional

El Editorial
El Nacional
11 de noviembre de 2007

Un reportaje investigativo de Siete Días, llevado a cabo durante varios y fatigantes días por la periodista Adriana Rivera, ilustra de manera documental la situación anómala que reina entre los personeros del Gobierno, altos y medianos, frente a la información pública. Se titula "Bajo llave". Es la radiografía de lo que sucede hoy en las instancias oficiales, donde no existe interés en dar información a nadie que no sea del partido de la revolución. Esto refleja el desprecio de la burocracia por darle cumplimiento a la facultad que se le otorga a los ciudadanos, según la Constitución, para disponer de acceso libre a la información pública.

De 26 organismos de la administración central, sólo 3 dieron algunas respuestas, otros se escudaron tras excusas ramplonas o remitieron a otras fuentes, en tanto que 23 consideraron como una impertinencia o un fastidio la solicitud periodística. De poco sirve el precepto constitucional que consagra claramente el derecho del ciudadano. Es como si ya en los ministerios y empresas públicas se hubiera decretado el tan temido estado de excepción.

No es exagerado afirmar que la administración pública es una caja negra y que no hay manera de tener acceso a los datos solicitados a altos funcionarios del Estado. No importa que internacionalmente se le dé jerarquía a estos derechos puesto que se les considera vinculados con la libertad de expresión. Como se revela en el reportaje, los tratados internacionales suscritos por Venezuela (como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José de Costa Rica), establecen el derecho a la información.

De ahí el relieve que se le otorga a algo que debería ser propio del funcionamiento normal de la administración pública.

Para que la libertad de expresión tenga vigencia y sea una realidad cotidiana, un quehacer del ejercicio democrático, debe ser reconocida partiendo justamente de ese derecho que garantiza la Constitución. Leer este reportaje es como repetir el recorrido de un despacho a otro despacho, en busca de una respuesta o de los datos pertinentes sobre lo que se solicita, para terminar al final con las manos vacías. Los resultados revelan una situación inaceptable, que no sólo contradice o niega los preceptos de la Carta Magna sino que puede ir, en no pocos casos, contra el interés político de la propia administración y de sus personeros. Los constituyentes consagraron, a la par que el derecho, también la obligación pues en el artículo 51 señalaron la responsabilidad de los funcionarios, los cuales "serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo".

El tema es de vital importancia para la democracia y de enorme significación para los ciudadanos. Los medios de comunicación tienen el deber de informar con veracidad a sus lectores, pero sin una información pública abierta y libre el ejercicio de la profesión no puede cumplirse a cabalidad








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