A SÓLO 15 DÍAS DEL REFERENDO, LAS POSICIONES SOBRE LOS ARTÍCULOS REFORMADOS ...

Por Venezuela Real - 25 de Noviembre, 2007, 10:38, Categoría: REFORMA CONSTITUCIONAL

JORGE CHÁVEZ MORALES
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25 de noviembre de 2007

... SIGUEN DIAMETRALMENTE OPUESTAS

Reforma constitucional a tres voces y ritmos
Destacan disminución de jornada laboral, diversidad sexual y protección social. Adversan reelección continua, estados de excepción y propiedad privada
La AN aprobó la reforma propuesta por el presidente Chávez y anexó otros 36 artículos modificados de su propia cosecha.

La reforma constitucional propuesta por el presidente Hugo Chávez ha generado diversas opiniones a favor y en contra. Quienes se oponen radicalmente a la aprobación de ésta, son miembros de la oposición. Sin embargo, algunas de las voces que también discrepan con unos cuantos de los artículos reformados, surgen de personas que apoyan al Gobierno pero que creen necesario hacer algunas observaciones antes del referendo convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el dos de diciembre de este año.

Respeto a la pluralidad. Para Gerardo Blyde, secretario general del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), "una Constitución democrática debe aceptar la pluralidad. No es nada democrática la fusión entre un gobierno socialista y un Estado socialista".

Tenaz opositor al Gobierno, Blyde reconoce que hay tres puntos en la reforma que él apoya. "A excepción de la modificación de la jornada laboral, la creación de un fondo para el seguro social de los trabajadores no dependientes y el reconocimiento a la diversidad sexual, el resto de las materias van dirigidas a la construcción de un Estado socialista y no democrático", explicó.

"El Estado socialista es unitario, centralizado, con altísima carga en lo público y la disminución al mínimo de lo privado, con poderes centrales que supervisan todas las actividades. El poder central ejerce el control casi completo sobre los poderes regionales, militar y ciudadano. Ahora se nombrarán a dedo las autoridades superiores a las que elija el pueblo en la división político territorial", añadió.

Área militar.

El secretario general de UNT cree que lo que pretende el artículo 328 y los siguientes, es eliminar el carácter institucional de la Fuerza Armada Nacional (FAN), y la institución en lo permanente, que trasciende a los gobiernos. "Hay una degradación de la FAN ya que de una institución pasa a ser un cuerpo que no tiene sentido de permanencia", indicó.


Sobre este tema, el Gobierno ha explicado que las tres reformas de artículos relacionados con las FAN están dirigidas a profundizar la seguridad y la integridad territorial, colocando todos los mandos bajo una estructura unificada de comando y mejorando la lucha contra el tráfico de drogas y otras actividades ilegales.

En un documento elaborado por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores para ser distribuido a todas las embajadas acreditadas en el país, el Gobierno sostiene que la reforma al artículo 11 propuesta, incluirá en la definición de la soberanía territorial la mención del territorio marítimo de la República Bolivariana de Venezuela, así como permitirá al Ejecutivo declarar "Regiones Especiales Militares" para los propósitos de defensa nacional o actividad estratégica.

La reforma propuesta del artículo 239 define las ramas de las FAN como el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Territorial y la Milicia Popular (anteriormente llamada Reserva Nacional). Finalmente, las fuerzas armadas se denominarán "Bolivarianas", en referencia a Simón Bolívar, el héroe de la Independencia venezolana.

Derechos humanos.

Sobre este tema, el Gobierno plantea que la reforma del artículo 337 referido al "estado de excepción" es consistente con los poderes similares otorgados a los gobiernos democráticos alrededor del mundo.


"Desde el momento de la Revolución Francesa, los gobiernos han reconocido que durante los momentos de desastres masivos o amenazas extremas o inminentes al prestigio y seguridad de la nación, se podría solicitar poderes adicionales y temporales por el Ejecutivo para restaurar el orden. En Australia, Canadá, Francia, Irlanda, España y el Reino Unido tienen leyes que indican la imposición de un estado de excepción o de emergencia".

Pero dejan claro que a pesar de la limitación de ciertos derechos durante una emergencia nacional permanece el derecho a la vida, la integridad personal, el derecho a la defensa, el derecho a un juicio justo y el derecho a no ser torturado, desaparecido o mantener incomunicado.

Julio Escalona, profesor de la Cátedra de Desarrollo Humano en la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y simpatizante del Gobierno, explicó que "las restricciones al debido proceso que se plantean en el artículo 337 constituyen un error. Tomar ese camino significa no valorar suficientemente la experiencia de abril de 2002".

"La libertad de información ha debido mantenerse. Se ha podido tomar el camino de la Constitución de 1947, donde se planteaba confiscar las propiedades de los que se sumen a una conspiración contra la nación, pero dejando que los periodistas y la gente se expresen sin restricción. Probablemente estos desatinos los hubiese corregido una Constituyente y al Presidente le convenía. Le toca a la iniciativa popular convocarla, aun cuando la reforma ha tratado de obstaculizarla elevando los porcentajes que deben reunirse como requisito par convocarla", reflexionó Escalona.

Por su parte, Gerardo Blyde cree que la verdadera justificación de la modificación del artículo 337 radica en que el Gobierno pretende imponer un estado socialista que pretende negar la existencia de otro en la Constitución.

"Quien intenta hacer esto, debe dotarse de herramientas para el uso de la fuerza y poder doblegar a quien se oponga. Esa es la verdadera justificación de la modificación de los artículos 337, 338 y 339 y la suspensión expresa de la Ley sobre Estados de Excepción en una disposición transitoria. Los derechos humanos son protegidos, sólo pueden ser modificados para mejorarlos, no para involucionar".

Propiedad.

Para el Gobierno, no existe la mínima duda sobre el respeto a la propiedad privada en la reforma. Es más, a diferencia de lo que figura en la actual Constitución, ahora sí figura la propiedad privada como tal en la reforma y se garantiza su uso, goce y disposición de los bienes de uso, consumo y medios de producción legítimamente adquiridos.


Según el artículo 115, dejará sin cambios el derecho y la protección de la propiedad privada e incluye nuevas clasificaciones de propiedad como la pública, en la que el Gobierno es propietario y lo administra íntegramente; la social, en la que el pueblo es el propietario y puede ser administrada tanto por el Gobierno como por las comunidades o por otras instituciones; la colectiva, dirigida y administrada por grupos de ciudadanos para su uso particular y, finalmente, la mixta, que es una combinación de propiedad pública y privada.

"Tal como se detalla en la Constitución, al igual que en Estados Unidos y en Europa, la propiedad privada sólo podrá ser expropiada por el Gobierno sólo si el bien común lo requiere y si la completa compensación es ofrecida", explica el documento de Cancillería.

Mientras que Blyde sostiene que la propiedad ha sido hasta mediados del siglo XX un derecho absoluto, pero que el problema más serio de Venezuela es que desde su fundación ha sido la no democratización de la propiedad que el Presidente confunde con la colectivización de la propiedad.

"La propiedad colectiva degenera en propiedad pública que finalmente termina siendo manejada por quien maneja el Estado bajo la excusa de que así se beneficia a la población. Además, la propiedad estatal se oculta bajo la propiedad mixta, que será manejada por el Estado, y la presencia privada se reducirá a su mínima expresión".

Reeeeeelección.

La reforma plantea que el período presidencial será de siete años y que cualquier Presidente en el cargo podrá optar a otro período consecutivo participando en nuevas elecciones.


El Gobierno sostiene que el propósito de la reforma del artículo 230 es permitir que los deseos y preferencias de los votantes sean respetados totalmente en el momento de elegir al Presidente.

Gerardo Blyde cree que esa propuesta es más parecida al sistema cubano que al soviético, ya que "el Estado socialista se hace depender de un líder carismático.

"Esa propuesta no es más que el reconocimiento de que se trata de un proceso personalista y no de la transformación del Estado para el colectivo", precisó.

BCV.

"El Estado controlador, personalista, requiere la supresión de limitaciones que puede tener el líder para poder acceder a todas las finanzas públicas. Lo que más me sorprendió es el rechazo del pueblo a la eliminación de la autonomía del Banco Central de Venezuela (BCV), que llega casi a 70%", sostuvo Blyde sobre la reforma del BCV.


Pero el Gobierno explica que mientras que los bancos centrales tradicionalmente han estado aislados de los gobiernos que deberían servir, esta reforma es vital para que Venezuela continúe con su crecimiento y desarrollo económico-social.

La reforma plantea limitar la autonomía del banco, colocando las reservas internacionales bajo el control del banco y el Poder Ejecutivo, con el propósito de promover "inversiones productivas, desarrollo e infraestructura, financiamiento de programas sociales y el desarrollo humano endógeno e integral".

CONSTITUYENTE

Para Julio Escalona, "ha debido convocarse una Asamblea Constituyente que contribuyera a ir convirtiendo al pueblo en el verdadero protagonista del proceso.

Un cambio revolucionario no se afirma sólo mediante un proceso electoral donde se diga Sí o No".

Sostiene que la propuesta de reforma es contradictoria, pues algunos artículos van en una dirección transformadora y otros son definitivamente conservadores.

Cuestiona que la corrupción haya sido pasada por alto tanto en la propuesta presidencial como en la de la AN. Se pregunta ¿por qué?, y concluye en que se debe a la presión de la derecha corrupta que está en posiciones claves y se extiende por todos los poderes.

También reclama que no se toquen los delitos ecológicos. "La corrupción ha debido ser declarada un crimen contra la patria y los delitos ecológicos como crímenes contra la humanidad con penas imprescriptibles". Señala que no se reformó el artículo 151 para eliminar la excepción que permite a empresas internacionales que contraten con Venezuela, demandarla en tribunales ubicados en EEUU y otras potencias capitalistas. "El artículo 136 le da rango constitucional al Poder Popular, lo que representa un paso importante pero, por una parte el Poder Popular, Poder Constituyente, queda subordinado al Estado; por otra parte, se establece el carácter no electivo del Poder Popular. Ciertamente la soberanía popular no nace de elección alguna".

Termina convocando a votar por el Sí, pero precisa que la derecha va minando la revolución y que ésta confía mucho "en su hermanastra, que es la derecha chavista".







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