Controversia sobre propiedad privada

Por Venezuela Real - 26 de Noviembre, 2007, 13:10, Categoría: REFORMA CONSTITUCIONAL

EDUARDO CÁMEL ANDERSON
EL UNIVERSAL
26 de noviembre de 2007

Bienes que no estén en uso pueden caer en desprotección, advierten juristas

El tratamiento de la propiedad privada en la propuesta de Reforma Constitucional del país ha sido objeto de controversias desde que se inició el diseño del articulado.

Hoy, aunque el texto que será sometido a consulta el venidero 2 de diciembre reconoce la existencia de este derecho, el contexto de la redacción, a ojos de analistas consultados, debilita su ejercicio, al tiempo que fortalece otros que promueven la propiedad colectiva.

Para el abogado Juan Manuel Raffalli, hay que observar que en al artículo 115 el reconocimiento a la propiedad privada, a través de sus atributos, se hace únicamente sobre bienes de "uso y consumo", un esquema del cual pueden ser excluidos bienes como acciones en empresas, inversiones, títulos valores y de crédito, acciones en sociedades civiles.

Quedan por fuera, de acuerdo con lo comentado por otro abogado, Ramón Orta Poleo, todos los activos que no estén siendo usados al momento por sus dueños, como segundas viviendas, inmuebles en construcción, y otros por el estilo.

Igualmente, al reconocer la propiedad sobre medios de producción "legítimamente" adquiridos, se abre la puerta a una valoración subjetiva, en vista de que la legitimidad es un concepto que, a diferencia de la legalidad, no depende de la aplicación real de una legislación, sino del criterio particular de cada quien, retomó Raffalli.

Desde antes

Asimismo, advierte que la inclusión en la Carta Magna de la ocupación previa de bienes en cualquier etapa de los juicios de expropiación puede generar atropellos incluso antes de la citación del afectado.

El artículo 115 de la propuesta indica, textualmente: "(...) la propiedad privada es aquella que pertenece a personas naturales o jurídicas y que se reconoce sobre bienes de uso, consumo y medios de producción legítimamente adquiridos, con los atributos de uso, goce y disposición y las limitaciones y restricciones que establece la ley".

Otro más

Orta Poleo, quien además preside la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, (Apiur), llamó también la atención sobre el artículo 82, creado para este proyecto por la Comisión de la Asamblea Nacional que proyectó la reforma.

En dicho artículo se crea la posibilidad a cualquier persona de acudir a los órganos del Poder Popular y declarar que el bien que está ocupando es una vivienda principal.

Los activos que reciban esa denominación no podrán ser objeto de medidas judiciales de desocupación, como las que ejecutan los tribunales en favor de un banco, cuando el beneficiario de un crédito incumple con los pagos del mismo.

A ojos de Orta, se desprotege así "el crédito hipotecario, especialmente sobre viviendas de interés social, y la banca e instituciones financieras.

Esto es porque se pierden los incentivos para otorgar financiamientos, por un lado (y consecuentemente se dificulta el acceso de la población a los créditos), y porque esto redundaría a la vez en la construcción de menos bienes habitacionales.

Advirtió el jurista que, además, los legisladores cometieron un error por omisión en la la redacción, ya que no aclaran quién tiene la potestad de pedir la protección derivada de la denominación oficial de vivienda principal.

¿Podrá un invasor tener la protección de la vivienda que está ocupando, en detrimento del propietario legítimo, por ejemplo", o ¿Quedaría protegido un estafador que se haya apropiado de un inmueble de manera dudosa?

Esas son las preguntas que, dijo el abogado, debe hacerse el ciudadano común.

Los empresarios también se hacen preguntas. Entre varios puntos que objeta Fedecámaras de la propuesta, el atinente a la propiedad privada es sin dudas uno de los más fuertes.

El organismo ve con recelo la reserva del derecho de propiedad sobre sectores estratégicos de producción, como el agrícola, que contiene el documento, en vista de que, como explicó su presidente, José Luis Betancourt, incentivaría la expropiación de haciendas, fincas, fundos y hatos.

Les preocupa que la propuesta establece además que se podrían confiscar propiedades que atenten contra la seguridad y defensa de la nación.

A favores

La posición de Fedecámaras ha sido rebatida por Empreven y Fedeindustria, organismos que indican que el hecho de que se incorporen nuevas formas de propiedad en la propuesta, no deriva en menoscabo del ejercicio de la privada.

Y, por su lado, el diputado y segundo vicepresidente a la Asamblea Nacional, Roberto Hernández, insistió en un comunicado del Ministerio de Comunicación e Información que dice: "La propiedad privada no se delimita, se expresa claramente que es para personas naturales y jurídicas ¿y quiénes son la personas jurídicas?, pues las empresas. De tal manera que están manejando falsedades porque este país está ampliando la propiedad privada".







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