Venezuela Real
Información y Opinión
Muy vulnerable el sistema electoral venezolano
Por Venezuela Real - 1 de Diciembre, 2007, 16:49, Categoría: Electorales
CASTO OCANDO
El Nuevo Herald 01 de diciembre de 2007 Cuando los venezolanos acudan mañana a los centros de votación, podrían encontrarse con un sistema electoral potencialmente vulnerable y susceptible a influencias internas y externas, lo que podría opacar la transparencia de la consulta sobre la reforma constitucional promovida por el presidente Hugo Chávez, aseguraron a El Nuevo Herald expertos y analistas. ''Definitivamente existen posibilidades de intervenir los diferentes componentes del sistema electoral'', dijo María Mercedes Febres, una ingeniera de computación y especialista en estadísticas que integra el grupo interdisciplinario Esdata, que recientemente creó un sistema de contraloría electoral abierto al público a través de la Internet (www.esdata.info) y ha investigado a fondo el actual sistema electoral. Febres señaló que investigaciones académicas han hallado que las máquinas de votación pueden ser modificadas utilizando un programa ''invisible'' que no deja rastros y es capaz de cambiar los resultados, imprimir boletas incorrectas o enviar totalizaciones de votos que favorezcan a una opción específica. Otro estudio del Grupo de Seguimiento Técnico (GST), que participó en una auditoría limitada de sistema en diciembre del 2006, advierte que si bien el sistema es ''robusto`` y ``seguro'', ``jamás se puede garantizar 100 por ciento la transparencia y exactitud del sistema en el momento de votación''. En el reporte, dado a conocer en septiembre, se advierte de aspectos críticos como el que no se pueda garantizar que ''un elector vote una sola vez'', y que las claves de codificación utilizadas por la transmisión de datos desde las máquinas al sistema totalizador de votos son generadas previamente por personal de Smartmatic, la empresa fabricante de las máquinas, y del Consejo Nacional Electoral, lo cual ``conlleva un riesgo inherente a través del personal que tiene acceso a tales claves''. En repetidas ocasiones, las autoridades electorales han garantizado que el proceso se realizará de forma exitosa, y han afirmado que se han cuidado todos los aspectos técnicos que permitan asegurar un proceso transparente. ''Se han realizado todas las auditorías previas al sistema automatizado de votación, que incluyen la revisión del software, códigos fuentes, firmas electrónicas, programas, entre otros, y todo está marchando a cabalidad'', declaró esta semana la rectora del CNE, Tibisay Lucena. Pero la complejidad del proceso y la utilización de unas 33,000 máquinas de votación hará ''casi imposible verificar que se hayan instalado los adecuados componentes de software y hardware en estas máquinas'', indicó Febres. Otro de los aspectos cruciales es el Registro Electoral Permanente (REP), que duplicó su número en apenas seis años, un fenómeno que algunos califican de improbable desde el punto de vista estadístico. El REP tiene actualmente una cifra cercana a los 17 millones de electores, de los cuales hay 8 millones que ''no se sabe si realmente existen'', aseguró Febres. Hasta ahora el CNE se ha negado a suministrar una copia de la base de datos del REP, argumentado una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que prohibió su divulgación sobre la base de que violaría la privacidad de los votantes. Un estudio que hizo el año pasado Genaro Mosquera, un académico de la Universidad Central de Venezuela, encontró inconsistencias en el REP, como un aumento de cuatro millones de electores en tres años, números significativos de personas sin residencia física, personas fallecidas y votantes con el mismo nombre, fechas de nacimiento y diferente cédula de identidad, además de la presencia de más de 46,700 electores mayores de 100 años de edad. ''Existe un enorme riesgo de que los resultados de un referéndum aprobatorio terminen en un fraude a los electores'', acotó Cristal Montañez, la coordinadora de la agrupación Resistencia de Venezolanos en el Exterior (RECIVEX), de Houston, Texas, que denunció las inconsistencias hace dos semanas ante la Organización de Estados Americanos, en Washington, D.C. Uno de los datos inexplicables hasta ahora es la presencia en el REP de Rodrigo Granda, el ''canciller'' de las FARC, quien aparece registrado bajo el número de identidad 2294218 y autorizado para votar en una escuela secundaria de la ciudad de La Victoria, en el centro de Venezuela, donde el guerrillero residió antes de que fuera detenido y deportado a Colombia. ''El gobierno ha incorporado al REP a personas como Granda que no tienen derecho a votar porque son extranjeros'', señaló María Corina Machado, la presidenta de Súmate, una organización no gubernamental que monitorea las elecciones en Venezuela. Machado dijo que las inconsistencias el REP son apenas un aspecto de lo que llamó ''irregularidades'' en el proceso electoral. Sostuvo que el gobierno utiliza a su favor recursos del estado como infraestructura oficial y recursos presupuestarios utilizados en una campaña masiva. Adicionalmente, aseguró Machado, usa ''sistemáticamente'' mecanismos de ''intimidación'' como amenazas de represalias a empleados públicos y la utilización de máquinas que presuntamente tienen la capacidad de identificar la opción elegida por cada votante. Otro aspecto que salió a relucir esta semana en Caracas fue la confiabilidad para el manejo transparente de la consulta por parte de la firma tecnológica Smartmatic, cuya sede está en Boca Ratón. El jueves fue presentada una demanda de amparo constitucional de último momento ante el Tribunal Supremo de Justicia, en la que se solicitó la suspensión de la consulta para determinar si Smartmatic está incurriendo en un conflicto de intereses y violando leyes locales en Venezuela. En la petición presentada ante el alto tribunal se argumenta que Smartmatic suscribió al menos cuatro contratos con el gobierno chavista, tres de ellos con el vicepresidente Jorge Rodríguez, ex presidente del CNE, y uno con la alcaldía de Caracas, dominada por el chavismo, dijo a El Nuevo Herald Humberto Decarli, el abogado que formuló la demanda. Según el escrito, presentado a nombre de Celina Añez Méndez y Baldomero Vásquez, ''Smartmatic es una empresa contratista del gobierno'' que recibió un contrato para diseñar el sistema de inscripción de los militantes del oficialista Partido Socialista Unico de Venezuela (PSUV). ''Es obvio que al contratar con una alcaldía cuya máxima autoridad está a cargo de un militante del oficialismo ... así [como con] la organización política creada desde el mismo gobierno, el PSUV, emerge una clara contradicción de intereses redundante en cuestionar severamente la imparcialidad y transparencia del proceso refrendario sobre la reforma de la constitución'', destaca la demanda. El Nuevo Herald no pudo obtener una reacción por parte del vicepresidente Rodríguez, ni del alcalde de Caracas, Juan Barreto. Un vocero de Smartmatic en Nueva York dijo que la firma no tiene ''posición política ni apoya ninguna de las tendencias o partidos políticos en ninguno de los países donde opera'', entre ellos Venezuela. Smartmatic negó cualquier relación con el PSUV ''u otro partido político'', y admitió que el contrato con la Alcaldía Mayor de Caracas, que representa un 2 por ciento de las ganancias de la empresa, fue firmado en el 2004 para proveer ``una plataforma de alta tecnología que optimizara la respuesta de la ciudad a las emergencias y paracombatir el crimen''. Al cierre de esta edición, el TSJ aún no se había pronunciado sobre esta solicitud de amparo contra Smartmatic. |
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