LA CUNA DEL SINDICARIATO Y (II) - El sindicariato es un negocio

Por Venezuela Real - 12 de Diciembre, 2007, 19:43, Categoría: Seguridad/Inseguridad

Carlos Crespo
TalCual
12 de diciembre de 2007

Detrás de la violencia en los sindicatos de la construcción se esconde un lucrativo negocio basado en la venta de cupos de trabajo, el "matraqueo", la extorsión y la corrupción, y cuya mayor aliada es la impunidad que reina en el estado Bolívar

Uno de los aspectos más complicados y controversiales del sindicariato en el estado Bolívar es el de determinar el número de sus víctimas, pues cada quien parece tener sus cifras

Una de las grandes complicaciones que encierra el problema de la violencia sindical desatada en el sector de la construcción es que el sindicariato ha resultado un negocio lucrativo. No son una, ni dos, ni tres, sino hasta cuatro las formas ilegales de obtener dinero a las que puede recurrir un líder sindical con pocos escrúpulos, lo que se traduce en ganancias de miles de millones de bolívares y en la conformación de verdaderas mafias sindicales que están dispuestas a defender su cuota de poder por todos los medios que sea necesario.

Según explican sindicalistas y directivos de la Cámara de la Construcción, la primera de esas formas se materializa en lo que se ha dado en llamar el "enganche laboral", que no es más que la asignación de puestos de trabajo dentro de la construcción.

La cuestión reside en que de acuerdo con la cláusula número 64 del convenio colectivo es al sindicato al que le corresponde la asignación del 75% de los puestos de trabajo, mientras que a la empresa tan sólo le corresponde el 25% restante.

Esta situación ha sido aprovechada por algunos dirigentes sindicales, quienes venden los reportes de los trabajadores recomendando la contratación de una persona por un monto que oscila entre 500 y 600 mil bolívares. Si se toma en cuenta que en el estado Bolívar suelen darse obras de gran envergadura, en las que se emplean miles de trabajadores, estos cobros pueden ascender hasta cientos, incluso miles, de millones de bolívares al año, sobre todo si se considera el aumento que está viviendo el sector construcción en la región. Sin embargo, la situación en Ciudad Guayana ha llegado a tal punto que incluso es común que se produzcan enfrentamientos entre fracciones rivales, de distintos o un mismo sindicato, por la construcción de una vivienda familiar.

Para el presidente de la Cámara de la Construcción de Bolívar, Omar Terán, esta cláusula ha producido una lucha a muerte por el control de las obras en la región: "Esta es una cuestión que muchas veces para los grandes sindicatos, cuando se convierten en traficantes de cupos de trabajo, se establece como un gran negocio, allí empieza la situación de que deben estar dominando los sectores y manejando el mayor número de grupos de empleados y desempleados posibles en la industria de la construcción".

El miembro de Provea, Lorenzo Labrique, quien realizó un estudio acerca de la situación de los defensores de los derechos humanos en Bolívar, coincidió con Terán y consideró necesario eliminar la cláusula del convenio colectivo: "El patrón que esté en una obra debe emplear a su personal". No obstante, algunos dirigentes sindicales consideran que esa cláusula es una reivindicación laboral que los protege de los "sindicalistas patronales" y que simplemente se le ha dado un uso incorrecto.

Sin embargo, ahí no termina el pago de los trabajadores. Una vez contratados, algunos dirigentes sindicales los "matraquean" quitándoles porcentajes de su salario o hasta de los bonos de alimentación (cestatickets), lo paradójico es que la mayoría de estos trabajadores son extremadamente pobres, lo que provoca que cuando se incumplen estos tratos tomen la venganza por sus manos.

EXTORSIÓN Y NARCOTRÁFICO

Los sindicalistas tienen todavía dos vías más, relacionadas directamente con el mundo criminal, de obtener sus ganancias. La primera de ellas es la referida a la extorsión a los empresarios de la construcción bajo la amenaza de sabotear la obra o de matar al constructor si este no cancela cantidades que giran en torno a los 40 millones de bolívares:"Resulta que para el empresario es más fácil sacar la chequera y resolver todo con un cheque antes de verse amedrentado o golpeado". Algunos constructores incluso realizan el pago antes de que los dirigentes lo soliciten, como una especie de vacuna. Por este delito el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ha arrestado a diez personas en los últimos dos meses.

En lo referido a esta modalidad, el mismo Terán admite que los constructores prefieren no denunciar estos hechos: "Muchas veces no tiene otra escapatoria, otra salida que pagar con dinero para que lo dejen trabajar y para que pueda cumplir sus compromisos de entregar sus trabajos", y agrega que estas prácticas han ocasionados grandes pérdidas a los empresarios de la zona: "Todos esos inversionistas huyen porque ven la región de Guayana como demasiado complicada para ejercer lo que es la industria de la construcción y eso le pega directamente a la economía porque son empleos que se van hacia otra zona".

Asimismo, se habla de una penetración tal de los sectores delictivos que un porcentaje relevante de los "nuevos sindicalistas" son consumidores asiduos de droga, lo que les daría otra oportunidad a los delegados sindicales de tener un ingreso extra, con la configuración de una red interna de narcotráfico en las obras. Por supuesto, este lucrativo negocio ha desatado una guerra campal entre las distintas fracciones de los sindicatos que apoyan casi unánimemente al presidente de la República.

IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN

Uno de los aspectos que más sobresalen cuando se trata el tema del sindicariato en Bolívar es el de la impunidad. Prácticamente no hay sector que no se queje de la inacción de las autoridades o por lo menos que no argumente que estas han sido "desbordadas" por la problemática de la violencia sindical. Pero el problema va mucho más allá, pues líderes sindicales como el secretario general de Sinatracom–Bolívar, Ángel Fajardo, acusan a las autoridades policiales de estar implicadas en los manejos irregulares dentro del sector construcción: "Lo digo aunque me cueste la vida; tienen algunas influencias con algunos cuerpos podridos de seguridad del Estado, llámese Cicpc, policía del estado, patrulleros del Caroní, donde hay una corrupción enorme y criminales infiltrados, tienen sincronización con policías".

Una de las situaciones que suelen producirse, según explica Labrique, es que las personas que se dirigen a los cuerpos policiales para denunciar a integrantes de sindicatos son amenazadas inmediatamente después por grupos criminales. Fajardo confirma este hecho y agrega que, en algunos casos, la persona ni siquiera ha terminado de salir de la sede del Cicpc cuando recibe una llamada del denunciado haciéndole saber que conoce su ubicación: "Cuando uno va a denunciar a un criminal de esos, de la misma policía le dan la información", asegura.

La sede del Cicpc de la región está ubicada en San Félix, el lado obrero de Ciudad Guayana. Se trata de un alargado edificio de 4 plantas al estilo de las comisarías norteamericanas. Una vez adentro de la estructura lo que más sorprende es su vacío, la edificación que se ve desde afuera es en realidad una enorme fachada con escaso mobiliario. A la sede la aquejan los mismos problemas que a tantas otras dependencias oficiales. Aunque en general es pulcra, parte de la estructura se encuentra en franco deterioro, los baños están dañados, mientras que las secretarias se quejan de que no hay una fotocopiadora que funcione. A pesar de todo esto, el director del Cicpc del estado Bolívar, Joel Rengifo Áñez, asegura que no necesitan más recursos, ni personal: "Nosotros estamos capacitados no sólo para contrarrestar y tratar de que estos hechos no ocurran, estamos capacitados para todo tipo de delitos", asevera en tono sentencioso.

Rengifo es uno de los tantos funcionarios policiales de la región acusados, por sindicalistas y periodistas locales, de estar involucrado en "negocios turbios". Su oficina se encuentra en el 2° piso del edificio, destaca en esta una mesita de estar en la parte posterior en la que el comisario guarda sus reconocimientos, así como un par de calaveras miniaturas montadas sobre dos bases negras que, al ser accionadas, bailan y cantan. Del lado derecho de la oficina hay un pasillo que da hasta un amplio cuarto, poco iluminado, en el que se aprecian una cama, un televisor y un escaparate. Sobre la cama descansan, uno al lado del otro, dos rifles de color marrón, mientras que sobre la peinadora se aprecia un alargado cartucho de balas y unas esposas de desmesurado tamaño.

Con la hoja de los muertos por violencia sindical en la mano, Rengifo empieza a recitar el parte de los casos, deteniéndose sólo para consultar con un subalterno sobre los sucesos. De repente, mientras lee el reporte, repara en algo y se detiene abruptamente: "A este hay que quitarlo porque no es sindicalista", ordena al comisario que le acompaña.

Ese es otro dato importante y es que si las víctimas del sindicariato no pertenecen a una organización sindical no son contabilizadas en el renglón de "violencia sindical"; nada más que uno de los tantos "trucos" que suelen usar ciertas burocracias estatales para "ajustar" sus cifras: "Si un sindicalista mata a alguien que no tiene que ver con el sindicato tú no lo puedes relacionar con la violencia sindical. Eso son cuestiones muy ajenas a esa realidad", alega Rengifo, olvidando que en ocasiones los sicarios no están registrados en los sindicatos y que a veces abren fuego sobre el sindicalista y sus acompañantes.

Luego de que el subalterno le recuerda a Rengifo que una de las víctimas mortales que estaba contabilizando en realidad había sobrevivido, y otras sumas y restas poco "científicas", el comisario lanza una cifra: 5 casos, 7 muertos y un preso en lo que va de año, para luego asegurar que desde su óptica, aunque el problema es "grave", ha sido "sobredimensionado" en Caracas.

Acerca de las denuncias de algunos líderes sindicales sobre la vinculación entre los funcionarios policiales y los sicarios, Rengifo lo niega con un argumento que delata su origen caraqueño: "Viene un secretario de un sindicato, entonces, saliendo lo han llamado `mira, estás en la PTJ’, entonces ellos alegan que de aquí llaman, es que no llaman, acuérdate de que esto es un pueblo, esto es una ciudad pero con aire de pueblo". Niega además que exista impunidad: "Nosotros abocamos la investigación, pero si la gente huye a otros estados, donde nosotros llegamos hasta un punto, de ahí se tranca porque desconocemos en qué lugar está esa persona (...) a veces estas personas son detenidas y se presenta la oportunidad de que les den libertad, ya eso escapa de nosotros".


Trascendió igualmente que la Igualmente confiesa desconocer los resultados sobre el chequeo de antecedentes penales que realizó esta institución a los listados de afiliados que presentaron los sindicatos: "Hay gente que presentaba registro policial, eso no significa que no tenga derecho al trabajo. Se chequeó, eso ya no depende de nosotros y ellos están en cuenta de quiénes son".

Si además se toma en cuenta que el jefe del Cicpc admitió que tan sólo una persona se encuentra tras las rejas se podrá tener una idea del grado de impunidad que existe en la región. El estudio de Provea también da cuenta de este aspecto al asegurar que en los últimos diez años solamente se han resuelto cinco casos relacionados con la violencia sindical.


CIFRAS INDESCIFRABLES

Uno de los aspectos más complicados y controversiales del sindicariato en el estado Bolívar es el de determinar el número de sus víctimas, pues cada quien parece tener sus cifras. La más confiable parece ser la del estudio hecho por Provea, que revela que entre octubre de 2006 y septiembre del 2007 han sido asesinadas 54 personas debido a la violencia sindical, cifras que coinciden con el planteamiento del diputado de Podemos Carlos Rojas, que coloca en 50 el número de víctimas en lo que va de año; un analista habla incluso de más de 100 muertes en el 2007 y representantes del sector de la construcción aseveran que en los últimos tres años han sido asesinados 150 sindicalistas.

En todo caso, las pintas de las siglas de los sindicatos en prácticamente toda construcción, así como la alarma presentada por dirigentes sindicales, empresarios y otros sectores sociales, parecen dar cuenta de una profunda problemática de vieja data que deja en evidencia la indolencia del Gobierno nacional, manifestada olímpicamente en la actitud de los ministros del Trabajo, y de Interior y Justicia, que hasta la fecha ni siquiera se han traslado a Bolívar para que se instale formalmente la mesa de diálogo.


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