Poderes rojitos

Por Venezuela Real - 16 de Diciembre, 2007, 17:43, Categoría: Gente de Chávez

Francisco Olivares
El Universal
16 de diciembre de 2007

Como era de esperarse, tres figuras del oficialismo, Luisa Ortega Díaz, Gabriela Ramírez y Clodosbaldo Russián, conforman el nuevo Poder Moral que regirá durante los próximos siete años.

El tema del referendo por la reforma constitucional permitió que pasara un tanto por debajo de la mesa el debate sobre la designación de los nuevos representantes del Poder Moral que se vencería el próximo 22 de diciembre. Antes de esa fecha y de acuerdo con un proceso que establece la Constitución de 1999 debían designarse el Fiscal General, el Defensor del Pueblo y Contralor General.

En tanto el país se ocupaba de los efectos que tendría la aprobación de la reforma constitucional propuesta por Hugo Chávez, desde el 20 de octubre ya había comenzado la preselección de los candidatos, en un proceso poco conocido por la opinión pública y que deberá finalmente culminó el pasado jueves. De más de 90 postulaciones para la selección definitiva han quedado tres candidatos por cada organismo para ser considerados por la AN. Para la Fiscalía: Luisa Ortega Díaz, Carmelo Borrego y Juan Ibarra. Para la Defensoría: Yadira Vargas, Gabriela Ramírez y Edwin Zambrano, y para la Contraloría: Digna Luna, José Ortiz y Clodosbaldo Russian. ¿Quiénes fueron los elegidos? Los propios diputados del PSUV, señalaron que la decisión final se efectuaría "en una reunión de la bancada socialista", y que no aceptarían como argumento que "el Presidente (Hugo Chávez) dijera que "estos son los nombres" y por ello pedirían que el Jefe del Estado los llamase "para confirmar". De acuerdo a esa versión, también en este caso, la voz suprema sería la que se impondría para designar a los sucesores.

A la luz de quienes llegaron a la recta final podría apreciarse que nuevamente este poder estará dominado por el "rojo rojito", aunque la Constitución promueve la participación de todos los sectores y los recientes resultados del refrendo han expresado que existe una importante fuerza de un poco más de la mitad del país, que no ha estado representada en los poderes públicos y tampoco la estará en los próximos siete años.

Voces solitarias

La voz solitaria de dos abogados: Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, miembros del Foro Penal y de la organización VIVE, ya desde el 27 de febrero de este año habían alertado a la opinión pública que se avecinaba este proceso y enviaron un comunicado al Fiscal General, presidente del Poder Moral, a fin de que llamara a la sociedad civil con suficiente tiempo para designar a los miembros del Comité de Evaluación y Postulación, en un proceso transparente que estuviera integrado por todos los sectores, tal como lo establece el artículo 279 de la Constitución. Para ello el Foro Penal había postulado a una serie de expertos con reconocida trayectoria profesional.

El tiempo pasó y no hubo respuesta a la comunicación y menos aún la convocatoria pública al proceso. Así que debido a que se vencía el plazo de 60 días exigidos en la Constitución para designar al Comité de Postulaciones, el grupo de abogados denunció el retardo señalando que se presumía un fraude en esa designación. En este caso sí hubo una respuesta a Alfredo Romero. El Fiscal lo señaló como un "francotirador del derecho" y le advirtió que ni él ni ningún integrante del Foro Penal podrían ser miembros del Comité de Postulaciones.

Ya a punto de vencerse el plazo, el viernes 19 de octubre el Poder Moral se reunió a puerta cerrada y designó a 15 miembros para integrar el Comité de Evaluación y Postulación.

A juicio de Romero, aquí se produjo otra trasgresión. El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano exige que la selección de ese comité debe hacerse "con representantes de diversos sectores de la sociedad" y precisa que debe hacerse: "mediante un proceso público".

El país se enteró de ese hecho a través de un boletín de prensa emitido el día sábado 20 de octubre, en el cual señalaba que los miembros del Poder Moral se habían reunido la noche del viernes y decidieron quiénes serían los integrantes del Comité de Evaluación. Aunque la selección fue sin proceso público, en esa ocasión el fiscal Isaías Rodríguez, como muestra de amplitud, informó que habían seleccionado a "gente de la oposición y del oficialismo", lo cual también contradice lo que establece la Ley, es decir que deben ser "representantes de diversos sectores de la sociedad".

Acción de amparo

Por esa razón Romero y Himiob interpusieron, ante el TSJ, una acción de amparo Constitucional, primero por discriminación en vista de que el Fiscal de antemano había señalado que no podían ser parte del Comité, "mediante una apreciación netamente subjetiva". Al mismo tiempo solicitaron una medida cautelar para que se suspendiera el proceso de designación de los miembros del Poder Moral.

A pesar de las presuntas violaciones, Alfredo Romero y Gonzalo Himiob se postularon para el Poder Moral como Defensor y Fiscal, a fin de mantenerse dentro del proceso.

Aquí se producía una nueva inconsistencia. El artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano señala que el Consejo Moral Republicano "fijará en el ordenamiento jurídico interno respectivo, las normas, procedimientos y baremos para la postulación y evaluación de los miembros del Poder Ciudadano". En vista de ello los abogados pidieron por escrito que se les informara cuál era el criterio para la selección y el reglamento interno que las regula, pero la respuesta nunca llegó.

A través de la prensa nacional fueron publicados unos requisitos mínimos para postularse, pero, según Romero, más allá de eso no se estableció un ordenamiento jurídico para las normas como lo exige la Ley, ya que sin ello no se sabría cómo se podía calificar a los postulantes y por qué se seleccionaron finalmente a quienes queden integrando el Consejo Moral Republicano.

Los candidatos

El cargo de mayor peso y que a los efectos del proyecto político y la seguridad del Presidente, requiere de una figura altamente "probada" en su fidelidad con el Primer Mandatario, es el de Fiscal General. Por ello encabezó la lista y las posibilidades para su designación Luisa Ortega Díaz, quien se desempeñó como titular de la Fiscalía Sexta Nacional desde donde manejó importantes casos políticos como el de los firmantes del decreto de Pedro Carmona, también le correspondió sustanciar la acusación contra Carlos Ortega y el caso contra los directivos de Súmate por recibir fondos extranjeros. Diferencias internas en la Asamblea Nacional asomaron el nombre de otro de los candidatos, Carmelo Borrego, quien formó parte del equipo de la reforma policial, y de quien trascendió era hombre de Diosdado Cabello. El tercer candidato, Juan Ibarra, fué presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua y presidente de la Corte de Apelaciones, la cual en junio de 2004 le ratificó la absolución de los llamados pistoleros de Llaguno. En octubre de este año fue destituido de su cargo por la DEM y la información que circuló lo atribuía a sus vinculaciones con el gobernador Didalco Bolívar, quien se deslindó del chavismo.

Para la Defensoría encabezó la diputada Gabriela Ramírez, miembro del PSUV y participante en el comando Zamora. Ya con esas credenciales debería estar descalificada si los asambleístas se hubiesen atenido a los requerimientos publicados en la prensa nacional por el Comité de Evaluaciones que señala que para la Defensoría los postulantes no pueden "poseer cargo o realizar actividades de carácter político partidista, gremial o asociativo". Este mismo requisito habría aplicado para Edwin Zambrano, conocido activista del oficialismo en el Estado Bolívar y promovido desde el portal Aporrea. La otra candidata, Yadira Vargas, venía de la dirección de Derechos Humanos de la Defensoría.

Para la Contraloría encabezó Clodosbaldo Russian con apoyo del Presidente. Digna Luna Villegas, también oficialista, fue subsecretaria administrativa de la gobernación del Estado Lara. Por último José Ortiz, sin ninguna posibilidad.






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