Contraloría determinó que el TSJ violó la Ley de Licitaciones

Por Venezuela Real - 19 de Diciembre, 2007, 15:32, Categoría: Estado de Derecho

JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
19 de diciembre de 2007

En su informe, la Contraloría detectó que se recurrieron a al menos tres mecanismos para vulnerar la Ley de Licitaciones (Archivo)
Se desconoce por qué pagaron Bs 500 millones de más a tres empresas

Adjudicación de obras a dedo, sin justificación; fraccionamiento de órdenes de compra y ausencia de documentos que permitan determinar la forma como se otorgaron algunos contratos son las violaciones a la Ley de Licitaciones que se cometieron en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante la gestión que lideró el magistrado Omar Mora Díaz.

El cuestionamiento lo realizó la Contraloría General de la República en el informe definitivo que el pasado 30 de noviembre emitió el director de Control de los Poderes Públicos y de Seguridad Pública, Héctor Zorrilla, quien lideró el equipo que revisó como se pactó la construcción del preescolar, de la cerca, del tercer estacionamiento y de la plaza del máximo juzgado.

En su reporte, Zorrilla informó que entre 2005 y 2006 el TSJ entregó y pagó contratos por 2,7 millardos de bolívares, para adquirir muebles y realizar reparaciones y remodelaciones a espacios y equipos de su sede "mediante adjudicación directa, sin cumplir los procedimientos establecidos al respecto en la Ley de Licitaciones y se obvió el procedimiento de licitación general o selectiva que les correspondía, en atención a las características y montos de las mismas".

La Ley de Licitaciones, en su artículo 72, obliga a someter a concurso público toda adquisición de bien y/o servicio que supere las 1.100 unidades tributarias (41,4 millones de bolívares en la actualidad) y, en el caso de obras de infraestructura, la misma suerte deben correr aquellas que excedan las 11.000 unidades tributarias (432 millones).

Sólo cuando el país se encuentre en estado de alarma o de conmoción, cuando esté en riesgo la continuidad de la producción, si se trata de una obra de arte, si se necesita realizar un trabajo en menos de seis meses o cuando la institución pública que vaya a realizar la compra se declare en emergencia, se puede obviar este procedimiento, según reza el artículo 88 del instrumento jurídico antes mencionado.

Obviando la ley

Durante la gestión que encabezó Mora y en la que la actual presidenta del TSJ, magistrada Luisa Estella Morales, ocupó la primera vicepresidencia, se remodelaron varias dependencias, entre ellas las oficinas de los pisos 3 y 4 del edificio del TSJ, ubicado al final de la avenida Baralt de Caracas. Los contratos para esos trabajos, cuyos montos fueron de 1,08 millardos, se otorgaron directamente a la empresa Arquit Diseños Carolmar II, bajo el argumento de que los mismos debían realizarse durante el mes de las vacaciones judiciales y por ello no podía realizarse una licitación.

No obstante, en su auditoría Zorrilla se encontró con que en el acuerdo el máximo juzgado le fijó a la contratista un plazo de seis meses para realizar las reformas. Asimismo aseveró que "a la fecha de elaboración de este informe, las autoridades del TSJ no habían suministrado información para aclarar tal situación".

Zorrilla también halló que fueron emitidas 17 órdenes de pago a favor de la empresa Muebles Grasso, por un monto cercano a los 250 millones de bolívares; y se preguntó por qué no se agruparon para convocar una licitación "que le permitiera al TSJ optar por mejores precios y condiciones".

Desde la Gerencia de Administración y Servicios del ente rector del Poder Judicial se esgrimió un acta de la directiva, según la cual la empresa antes mencionada es el distribuidor exclusivo del mobiliario, en atención al estilo y la decoración del Tribunal.

Sin embargo, en el informe se cuestionó este argumento pues no se ofrecieron explicaciones para "estimar que no haya competencia con otro distribuidor del mobiliario (...) o que no se pueda hacer la negociación directamente con los fabricantes".

Aumentos sin justificación

El equipo de la Contraloría, al revisar una muestra de 42 contratos de servicios por un monto de 18,7 millardos, detectó que el TSJ le pagó a tres empresas (Consemaca, Servicios Técnicos Vicrica y Constructora Mira XXII) 500 millones más de lo previsto en los contratos.

Sobre esos incrementos el informe firmado por Zorrilla aseveró: "No hay evidencia de soportes documentales o aclaratorias que los justifiquen".

Igualmente afirmó que la información que reposa en los archivos del TSJ sobre los procesos licitatorios realizados durante la gestión anterior está "incompleta", pues faltan documentos como: avisos de prensa, pliego de licitación, evaluación e informe de la comisión; presupuestos de obra, cuadros de cierre, actas de paralización o prórrogas, etc.

La ausencia de dichos elementos, advirtió el director de la Contraloría, impidió "formarse un criterio acerca de la ejecución de tales procesos".

Estas conclusiones de Zorrilla coinciden, en buena medida, con las arrojadas por las inspecciones realizadas por el auditor interno encargado del máximo juzgado del país, economista Jesús Argenis Sánchez Toledo, quien las plasmó en sendos informes publicados en junio y julio de este año.







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