Decreto- Ley de Amnistía

Por Venezuela Real - 9 de Enero, 2008, 10:00, Categoría: Estado de Derecho

Alberto Arteaga Sánchez
El Universal
09 de enero de 2008

La amnistía es general e impersonal y opera sobre los hechos comprendidos en la ley

En Gaceta Oficial del 31 de Diciembre de 2007 ha sido publicado el Decreto-Ley que , además de algunos indultos, acuerda la amnistía para determinados hechos especificados en el artículo 1 de su texto, todos ellos referidos a sucesos relacionados con el 11-A y otros constitutivos de imputaciones políticas por rebelión o instigación a éstas, ocurridos hasta el 2 de Diciembre de 2007.

Es importante este decreto, que ha debido ser el producto de la Asamblea, como máxima representación del pueblo, la cual, acogiendo la justa demanda de reconciliación, cancela, elimina o borra el carácter punible de hechos que se han producido por motivaciones políticas.

La amnistía, como dice el DRAE, es el olvido de los delitos políticos y, jurídicamente tiene el efecto de una ley abolitiva, esto es, los hechos amnistiados quedan cancelados como delitos. Como dice el Código Penal, se extingue la acción penal y cesa la ejecución de la condena, con todas sus consecuencias penales.

La amnistía, por tanto, es general e impersonal y opera sobre los hechos comprendidos en la ley.

Se trata de un acto político por el cual los hechos investigados, imputados, objeto de una acusación o de una condena, resultan borrados y, por tanto, extinguida la responsabilidad penal de cualquier persona concernida en esos hechos.

A diferencia del indulto, de naturaleza personal y que, en principio opera sobre la pena , la amnistía actúa sobre la acción penal promovida con relación a determinados hechos, no pudiendo, en consecuencia, limitarse a ciertas personas, con exclusión de otras. Si los hechos quedan cancelados o extinguidos como delitos, ello ocurre para todos, sin excepción.

Extinguida la acción penal, resulta un contrasentido o un absurdo pretender que solo algunos de los perseguidos resulten beneficiados por la medida, queriendo derivar consecuencias o efectos penales de lo que, por voluntad de la ley, ya no es delito. Por tanto, no cabe imponer la condición de haberse puesto a derecho o de haberse sometido a un proceso. Se trata de una condición que los tribunales deben desaplicar. Sencillamente, la única condición procesal que se impone, es el cumplimiento de los trámites procedimentales que la ley prevé, que no son otros que la solicitud de sobreseimiento por parte de la Fiscalía y la decisión de los tribunales, con la urgencia del caso, por tratarse de la libertad de la personas.

Las disposiciones de este Decreto-Ley deben ser interpretadas en su verdadero sentido y alcance, no necesariamente coincidentes con la voluntad de quien elaboró el texto, colocando el énfasis en la necesidad de restablecer un clima de convivencia pacífica entre los venezolanos y el imprescindible respeto a la disidencia política, cuyas actuaciones, en ejercicio de los derechos constitucionales, deben mantenerse lejos de las redes enmarañadas de la justicia penal. En todo caso, cualquier duda, contradicción, vacío o laguna de esta normativa debe resolverse con el criterio del favor libertatis o en beneficio de la libertad y colocar la voluntad de la ley o su espíritu por encima de la letra de los dispositivos aplicables.






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