La loma aniquilada

Por Venezuela Real - 10 de Enero, 2008, 16:06, Categoría: Economía

VenEconomía Opina
10 de enero de 2008

Una constante del Gobierno de Hugo Chávez ha sido su sistemático desmonte de las inversiones extranjeras, sobre todo las de origen norteamericano o británico, la mayoría de las veces violando contratos, leyes y tratados. Los ejemplos van desde Vanessa Ventures (Minera Las Cristinas) pasando por las contratistas de servicios petroleros y las asociaciones estratégicas de la Faja del Orinoco (ahora en "empresas mixtas" controladas por el Estado) hasta las empresas eléctricas y la telefónica CANTV que fueron estatizadas en 2007.

Ahora le toca el turno a la Minera Loma de Níquel, la empresa minera más grande del país, la cual está ubicada cerca de Tejerías y de la Autopista Regional del Centro.

Sus accionistas incluyen al británico Anglo American PLC (con el 91,4%), el Grupo Mezerhane/Banco Federal (6,0%) y la International Finance Corporation (IFC, brazo inversionista del Banco Mundial, con 2,7%), quienes invirtieron más de $400 millones para desarrollar la mina. La empresa contaba con reservas de metal de unos 40 millones de Tm.
Minera Loma de Níquel fue inaugurada en marzo de 2001 por el presidente Chávez, quien la catalogó en esa oportunidad como uno de los proyectos de mayor impacto y de vital impulso económico y social para el país.

En apenas seis años Minera Loma de Níquel ha llegado a ser considerada una de las procesadoras más exitosas de América Latina, habiéndose hecho merecedora de los certificados de calidad ISO operacionales y ambientales. Exporta el mineral hacia los EE.UU y Europa, representa más del 2% de la oferta mundial del mineral y tiene un estimado de ventas anuales de $450-500 millones.

Pero, a pesar de una hoja de vida intachable, de haber demostrado una alta responsabilidad social, apego a la normativa legal vigente y de ser una importante generadora de empleo productivo en la zona, al Gobierno no se le ha ocurrido nada más brillante que revocarle la concesión alegando supuestas irregularidades laborales y ambientales que no tienen asidero legal alguno.

Una vez más, se está valiendo de marramucias "legales" para llevar a cabo una expropiación de los activos de una empresa extranjera. Otra vez el Gobierno asume el control de una propiedad, sin la perspectiva de que ello aporte beneficio alguno para el país, tal como no lo ha hecho la apropiación de las petroleras, ni de la CANTV y Elecar, por citar sólo tres de las afectadas. Es un hecho que el Estado venezolano no tiene la capacidad de mantener operativas y eficientes a este tipo de empresas y que las medidas confiscatorias sólo sirven para ahuyentar la inversión privada, tanto extranjera como venezolana, y para privar al país de la única vía de crear producción, empleo y bienestar para los venezolanos.

La única esperanza que tiene Minera Loma de Níquel de no terminar siendo una más en el cementerio de empresas en manos del Gobierno, es que el ministro para las Industrias Básicas y Minería entrante, Rodolfo Eduardo Sanz, eche para atrás la medida de revocación.







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