El sobreseimiento de Chávez (I) y (II)

Por Venezuela Real - 15 de Enero, 2008, 16:21, Categoría: Política Nacional

Juan José Caldera
TalCual
15 de enero de 2008

En ésta y las entregas que siguen, Juan José Caldera explica en qué condiciones se produjo el sobreseimiento del teniente coronel Hugo Chávez Frías y por qué este beneficio no implicaba su inhabilitación política

I.
Existe cierta confusión general en la opinión pública acerca de los conceptos de amnistía, indulto y sobreseimiento. La gente tiende a usar estos términos como si se tratase de sinónimos, porque su aplicación conduce en todo caso a la libertad de la persona o personas involucradas. Pero se trata de medidas diferentes que se aplican en circunstancias diversas y producen efectos distintos.

La amnistía es un acto legislativo de carácter general, que deja sin efecto cualquier consecuencia de la acción punible para las personas que puedan estar involucradas en los hechos, al hacer una especie de "borrón y cuenta nueva" sobre lo ocurrido. Ni siquiera podrán ser procesadas por los delitos en cuestión, quedando exonerada toda persona de cualquier responsabilidad por ley especial. En cambio el indulto y el sobreseimiento son actos particularizados sobre las personas que ellos contemplan. No se trata de decisiones de alcance general sino individual, pero también tiene claras diferencias entre ellas.

El indulto es un perdón que se otorga a quien ya ha sido condenado por una sentencia firme que lo declara culpable de cometer uno o varios delitos y que está cumpliendo su pena. Es habitual otorgarlo en ocasiones especiales, como navidad, a aquellos condenados que han cumplido ejemplarmente al menos una parte importante de su pena. Y quizás por tratarse de una facultad del Presidente de la República al igual que el sobreseimiento, el ciudadano común tiende a pensar que se trata de la misma cosa. Pero no lo es, sino que se trata de atribuciones distintas aunque parezcan producir iguales efectos.

El sobreseimiento es la terminación anticipada de un proceso penal en el que aún no ha habido sentencia y que se declara concluido por razones de interés general.

La medida de sobreseimiento no consiste formalmente en un perdón, porque no ha habido condena, ni implica un juicio de valor sobre la conducta del beneficiario de la medida. En teoría el juicio podría concluir en condena o absolución y se termina anticipadamente, no con el fin inmediato de favorecer al procesado sino con el propósito de satisfacer una aspiración colectiva.

Por ejemplo para lograr la paz pública, como ocurre con la motivación de una ley que decreta una amnistía general.

El sobreseimiento aplicado en el caso que nos ocupa encuentra su fundamento legal en el artículo 54, numera 3 del Código de Justicia Militar, que atribuye al Presidente de la República la facultad de "ordenar el sobreseimiento de los juicios militares, cuando así los juzgue conveniente, en cualquier estado de la causa".

Pero es totalmente falso que el Presidente pueda, como dicen algunos, inhabilitar políticamente a un procesado cuando dicta una medida de sobreseimiento o de indulto. Quien afirme semejante hipótesis lo hace con mala fe o por ignorancia. Porque está muy claro en la ley que el Presidente de la República no tiene facultades para inhabilitar políticamente a nadie.

LA INHABILITACIÓN

La inhabilitación es una pena accesoria, ligada necesariamente en su aplicación a una pena principal de presidio o prisión y sólo mientras dure ésta, conforme a los dispuesto en los artículos 13 y 16 del Código Penal. Y poco después dice con total y absoluta claridad el artículo 24: "La inhabilitación política no podrá imponerse como pena principal sino como accesoria de las de presidio y prisión". Luego no puede aplicarse como una pena aislada sino conjuntamente con una principal, lo que supone también que exista una sentencia condenatoria de presidio o prisión, y sólo temporalmente.

La Enmienda No. 1 de la Constitución de 1961 inhabilitada políticamente a perpetuidad para el ejercicio del cargo de Presidente de la República, a los "condenados mediante sentencia definitivamente firme, dictada por Tribunales Ordinarios, a pena de presidio superior de tres años, por delitos cometidos en el desempeño de funciones públicas, o con ocasión de éstas". Debía tratarse de un caso de corrupción administrativa y de una decisión judicial firme, nunca de una medida del Poder Ejecutivo, lo que no era el caso de los golpistas del año 1992.

De manera que sólo los condenados judicialmente por un tribunal competente pueden ser castigados con la inhabilitación política y exclusivamente durante el tiempo que dure la condena. En otras palabras, en ningún caso puede el Presidente de la República dictar una medida de inhabilitación política a nadie y mucho menos de manera permanente y definitiva. Luego el Presidente Caldera no tenía facultades legales para inhabilitar políticamente a Hugo Chávez bajo ninguna circunstancia, quien conservaba intactos sus derechos políticos aun estando preso y procesado. Como ocurrió con los enjuiciados por el secuestro de Niehous, que salieron en libertad cuando fueron elegidos diputados.

Rafael caldera expresó en entrevista con César Miguel Rondón el 2 de junio de 2003: "La libertad de Chávez fue una consecuencia de la decisión que se había tomado con todos los participantes de los alzamientos del 4 de Febrero y del 27 de Noviembre.... esos sobreseimientos comenzaron a dictarse en tiempo del propio presidente Pérez, que fue el Presidente que estaba en Miraflores cuando ocurrió la sublevación; continuaron durante el Gobierno del presidente Velásquez y cuando yo asumí habían puesto en libertad a caso todos, por no decir a todos, los participantes de la acción... Sería contrario a todas las normas jurídicas que se hubiera sobreseído el juicio que se les seguía a los demás oficiales y se hubiera mantenido a Chávez en la cárcel por el temor de que pudiera llegar a ser Presidente. Temor que nadie compartía en ese momento....." Claudio Fermín, Oswaldo Álvarez Paz y Andrés Velásquez, principales rivales de Caldera en la contienda presidencial del 93, se pronunciaron públicamente a favor de una amnistía general para todos los golpistas del 92 y se comprometieron a ponerlos en libertad. Era el reflejo de una opinión predominante en el país, que quería recuperar la paz interior y que veía mayor peligro en la prolongación de un clima de confrontación. Seguramente por esa misma razón durante dos años, de febrero de 1992 a febrero de 1994 cuando asume Caldera la Presidencia, no se dictó ni una sola sentencia condenatoria a los procesados por el delito de rebelión militar. ¡Ni siquiera a los que habían confesado de manera pública su responsabilidad, desde el mismo día de los acontecimientos!

II.

Dos semanas después del 4 de febrero de 1992 se dictaron los primeros treinta y tres autos de detención en los tribunales militares por el delito de rebelión, a pesar de que los oficiales detenidos eran más de trescientos.Y desde ese mismo día, aunque parezca sorprendente, se comenzaba a proponer en la prensa nacional "una amplia amnistía a favor de todos los militares implicados en el alzamiento". El 30 de marzo se anunció la presentación de un proyecto de ley de amnistía ante el Congreso Nacional.

Tres días después, el 2 de abril, a menos de dos meses del fallido golpe, se produjo la llamada "marcha del silencio" que exigía "la libertad de los insurgentes y la renuncia de Pérez". Y el 27 de abril, cuando aún no se habían cumplido tres meses del fallido golpe, la prensa informó que el propio ministro de la Defensa, General Fernando Ochoa Antich, visitó personalmente a los detenidos en el Cuartel San Carlos "y prometió abogar para lograr que sean puestos en libertad, siempre y cuando demuestren un sincero arrepentimiento por sus acciones en contra de la institucionalidad".

Ese mismo día el diario El Nacional hace pública con gran despliegue una carta del gobernador del Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, quien había sido detenido en su residencia oficial por los golpistas el día 4 de febrero, en respuesta a los comandantes del golpe, Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández, Joel Acosta Chirinos y Miguel Ortiz Contreras. Expresaba textualmente a los golpistas: "No tengo dudas en cuanto a la rectitud de propósitos que los animó a la aventura del 4-F"; y les anunciaba: "Las puertas de la prisión se abrirán para dar rienda suelta a los sueños e ilusiones que los alimentan".

Seis meses después el 18 de octubre, en el mismo diario y refiriéndose a las expresiones de Fermín, Álvarez Paz dice que "las declaraciones de Claudio Fermín en torno a la posibilidad de decretar una amnistía para los militares y encapuchados eran sorpresivas e interesantes, por venir de un alto personero de Acción Democrática", y añadió: "La amnistía es necesaria, porque la democracia gana". Así quienes serían los candidatos presidenciales de Acción Democrática y COPEI el año siguiente –obteniendo el segundo y tercer lugarse expresaron a favor de la liberación de los golpistas.

Además AD y COPEI formaban una coalición gubernamental a partir del fallido golpe del 4 de febrero, cuando COPEI aceptó incorporar varios dirigentes al gabinete de Carlos Andrés Pérez. Ello le asigna una adicional importancia a las declaraciones de quienes serían sus abanderados presidenciales, como también a las del ex presidente Luis Herrera Campins en la prensa del 2 de noviembre de 1992, casualmente veinticinco días antes de la segunda intentona de golpe, cuando dijo que "considera posible que los rebeldes de febrero puedan aportar ideas para salir de la crisis, por lo que reta al presidente Pérez a ponerlos en libertad y permitir que busquen sus votos en la calle".

El cuarto clasificado de la elección presidencial, el gobernador Andrés Velásquez, cuando lanzó su candidatura en Puerto La Cruz a comienzos de febrero de 1993 prometió libertarlo y lo ratificó días antes de las elecciones en visita a Barinas, al declarar: "Si gano las elecciones, mis primeros decretos serán para indultar a todos los oficiales procesados por los intentos de golpe de Estado. Pérez es quien debería estar preso, no ellos" (El Nacional, 16 de noviembre de 1993, p. D-2). Además durante la campaña de 1993 la Causa R lanzó como candidato al Congreso a Francisco Arias Cárdenas, aún detenido, pero no lo pudo inscribir porque no le dieron oportunamente la baja de las filas castrenses.

De haber resultado elegido diputado habría recuperado la libertad, como ocurrió con Salom Meza Espinoza y David Nieves cuando eran procesados por el secuestro de William Frank Niehous. O como le sucedió al propio Carlos Andrés Pérez al ser elegido senador. Lo mismo hubiera podido ocurrir con Chávez como candidato presidencial, aun estando preso, en 1998. En todo caso, no se puede negar que la opinión pública de manera ampliamente mayoritariamente manifestaba su total acuerdo con la puesta en libertad de los líderes golpistas del 4-F, incluido su máximo jefe Hugo Chávez. Y de esa opinión fueron voceros también los medios de comunicación social.

 Claudio Fermín, Oswaldo Álvarez Paz y Andrés Velásquez, principales rivales de Caldera en la contienda presidencial del 93, se pronunciaron públicamente a favor de una amnistía general para todos los golpistas del 92 y se comprometieron a ponerlos en libertad

 OLVIDO HISTÓRICO
En trabajo de grado sobre el tema, presentado recientemente para la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Monteávila, luego de examinar cuidadosamente los medios impresos desde la destitución de Pérez hasta el sobreseimiento de Chávez, sus autores concluyen que "los resultados arrojados son la evidencia de que en el país existe una tendencia al olvido histórico y sobretodo a señalar culpables sin miras atrás". Su análisis de la prensa constató que "la noticia aparecía mínimo tres veces por semana y en un alto número en primera plana", comprobando que "cantidad de apreciaciones sobre el tema fueron en su mayoría a favor del sobreseimiento o de la liberación de los procesados militares".

Señalan que "se creó una corriente de opinión a favor de la liberación de los militares por parte de la prensa al presentar mayor cantidad de noticias a favor del sobreseimiento de la causa".

Y se observa también en dicha tesis de grado que "Carlos Andrés fue el primero en otorgar el sobreseimiento", aunque "lo hizo un grupo de militares menos involucrados en los intentos por separado de la presidencia".

Recuerdan además que "el 5 de junio de 1993 es nombrado como Presidente interino el liberal Ramón J. Velásquez" y que "cerca del fin de su presidencia Velásquez otorgó sobreseimientos".

El presidente Velásquez recibió en audiencia a Francisco Arias Cárdenas a sólo semanas de haberse encargado de sus funciones. Y el 27 de diciembre de 1993, el diario Ultimas Noticias atribuyó a su Ministro de la Secretaría haber dado "la seguridad de que Hugo Chávez, Arias Cárdenas y demás procesados militares y civiles saldrán en libertad antes de que Rafael Caldera asuma la presidencia". Lo cierto es que cuando Caldera tomó posesión de la presidencia, la prensa informaba que "han sido sobreseídas las causas de... 270 beneficiados antes de la instalación del nuevo gobierno".


No se puede negar que la opinión pública de manera amplia y mayoritaria manifestaba su total acuerdo con la puesta en libertad de los líderes golpistas del 4-F, incluido su máximo jefe Hugo Chávez. Y de esa opinión fueron voceros también los medios de comunicación social.

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