La R que falta, la de Reconciliación

Por Venezuela Real - 15 de Enero, 2008, 16:24, Categoría: Estado de Derecho

Juan Carlos Apitz
TalCual
15 de enero de 2008

No hay reconciliación sin perdón. El perdón es una acción ejercida simultáneamente por el sentimiento y el pensamiento ya que, de lo contrario, puede brotar de nuevo el resentimiento. La reciente Ley Especial de Amnistía carece de aquellos dos elementos, lo que la hace ambigua y revela el resentimiento a borbollones de quien la promulga. Veamos:

1°) La Ley Especial de Amnistía (Gaceta Oficial Nº 5.870 Extraordinario del 31 de diciembre de 2007) es totalmente nula por "abuso de poder", pues el Presidente de la República no tiene competencia (desde el punto de vista constitucional) para dictarla, esto es, no tiene competencia para legislar en materia penal, ya que en la "Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan" (Gaceta Oficial Nº 38.617 del 1° de febrero de 2007), no se le delegó competencia legislativa en materia penal, es decir, aquélla que tiene por objeto formal el delito, el delincuente y la pena.

 2°) La competencia de legislar en materia penal y, muy especialmente, la relativa a las "amnistías" de delitos que supone, entre otras cosas, el perdón del delito o la eliminación del hecho punible y, además, está dirigida a una pluralidad indeterminada o indeterminable de imputados, es competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional, que no puede nunca delegarse en una Ley Habilitante (Art. 187, numeral 5, C.R.B.V.), pues "sólo las leyes pueden decretar penas para los delitos, y esta autoridad no puede residir más que en el legislador" (Cesare Beccaria).

3°) Por cuanto la Ley Especial de Amnistía particulariza y discrimina (inconstitucionalmente) su efecto evaporizador de los hechos punibles cometidos en los sucesos del 11, 12 y 13 de abril de 2002, creando con ello innumerables dudas e incertidumbres sobre los sujetos beneficiarios de la amnistía que decreta; deberá entenderse dicha discriminación como no realizada, en acatamiento del Principio de la Irretroactividad de la Ley, según el cual "...cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo..." (Art. 24, C.R.B.V.).

4°) La mencionada Ley Especial de Amnistía tiene como único destinatario al juez de la causa, quien actuando como juez autónomo e independiente deberá aplicar el control difuso de la Constitución Nacional (Art. 20 del Código de Procedimiento Civil), dándole prioridad al cumplimiento del mencionado Principio de Irretroactividad de la Ley, declarando, entonces, por sentencia el sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal (Artículo 44, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal). En caso de no hacerlo, dicho juez de la causa incurrirá en responsabilidad civil, penal y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusas órdenes superiores (Art. 25, C.R.B.V.). 5°) La posibilidad de solicitar el sobreseimiento de la causa, como fruto de la amnistía decretada, no es un competencia exclusiva y excluyente del Ministerio Público (Art. 105, numeral 6, C.O.P.P.); también puede ser solicitada por los imputados en conformidad con los artículos 4.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 6.4. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.







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