Un asunto de Estado

Por Venezuela Real - 18 de Enero, 2008, 12:06, Categoría: Seguridad/Inseguridad

Patricia Clarembaux
TalCual
18 de enero de 2008

Para Fedenaga, el aumento de personas secuestradas en Venezuela y el hecho de que 15 de los 65 retenidos estén en manos de la guerrilla colombiana, es un problema de Estado

" Es hora de que el presidente Hugo Chávez vele por los secuestrados venezolanos y no por los extranjeros". Esa fue la solicitud principal que hiciera ayer el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), Genaro Méndez, apoyado por el directorio de esta organización. Sus cifras registran 69 personas en cautiverio y, aunque el primer mandatario se empeñe en decir que "no hay venezolanos en poder de la guerrilla", Fedenaga contabiliza en esas circunstancias a unos 15 "compatriotas".

"¡Ellos esperan una respuesta del gobierno nacional!", exclamó Méndez, levantando en ambas manos las páginas con los nombres, fechas y estados de quienes están desaparecidos.

La respuesta que solicitan, aseguró, debe comenzar entonces con una reunión del Presidente con los familiares, "para que ellos directamente le proporcionen la información"; y debe –o debería– terminar con la vuelta –en vida– de las víctimas a sus hogares.

El 20 de diciembre de 2007, el director de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Henry Rangel Silva, aseguró triunfante que gracias a la labor de los cuerpos de seguridad se consumó la liberación de 84% de los secuestrados.

Pero Fedenaga maneja otros números. En sus estadísticas, las cifras van en franco crecimiento. En el 2006 196 personas vivieron en secuestro. En el 2007, los números llegaron a 280. En lo que va de 2008 son seis los ciudadanos en cautiverio.

Para el 2007 Fedenaga registró secuestros en 20 estados de Venezuela. Aseguran que el único ileso fue Delta Amacuro. Las cantidades y la poca preocupación demostrada por el Gobierno al respecto, reducen las expectativas de la Federación para los años que vienen. La solución a este problema amerita para ellos disposición y conocimiento de la materia.

UN ASUNTO DE DISPOSICIÓN

La carta de Fedenaga para el ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, fue enviada hace una semana. Según informaciones que recibió Méndez, la respuesta podría ser positiva, lo cual resulta alentador. "El secuestro en Venezuela tiene 32 años", cuenta el director de la federación de ganaderos. Según recuerda, comenzó en los estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Barinas, y, a la fecha, lo cataloga como "un delito económico, no político", pues, en su mayoría, se resuelve con el pago en dinero.

Desde entonces, el aumento de las cifras llevó a Fedenaga a detectar las razones del problema que azota –en buena medida– a los ganaderos y agricultores venezolanos. La primera de ellas, es que muchos de los secuestradores son liberados de las cárceles. "Necesitamos una ley antisecuestros, pero discutida, no impuesta por la Asamblea Nacional", exhorta Méndez. Sus solicitudes prosiguen con la presencia de fiscales nacionales especiales y de jueces especiales que conozcan la materia y puedan resolver de forma expedita.

Las propuestas quedaron en la mesa. Desde Fedenaga, dice su presidente, reportan las cifras y aportan la información de cada zona, pero el trabajo de inteligencia no está en sus manos. Juzga entonces: "Ese papel debe hacerlo el Gobierno. Es importante rescatar a cada uno de estos venezolanos".

 ¡NO A LA BELIGERANCIA !
Antes de tocar el tema del secuestro, Genaro Méndez dedicó unos minutos a leer un comunicado cuya redacción le tomó seis horas al directorio de Fedenaga. Se trata de una respuesta a la solicitud de beligerancia para los irregulares colombianos que hiciera el Ejecutivo venezolano. "¡No!", dicen rotundamente y en tres páginas explican sus razones: "El reconocimiento de la beligerancia es un acto político que significa la manifestación de respaldo moral a los beligerantes. Este reconocimiento fortalece políticamente a los insurgentes y debilita al gobierno legal contra el cual han irrumpido.

El reconocimiento de la beligerancia permitiría la internacionalización del conflicto, con todas sus consecuencias legales".

Aceptar esas condiciones, sería entonces "nefasto" sobre todo para los trabajadores del campo –muchos en manos de estos grupos– pues, analiza el comunicado, "se les estaría permitiendo acampar y pedir refugio en territorio venezolano y operar oficialmente en nuestro país, pudiendo incluso institucionalizar su presencia ante Miraflores, cosa completamente inaceptable".

Con estas ideas, el documento exige que cada cual asuma sus responsabilidades como Estado. Así solicitan "un pronunciamiento institucional de nuestra Fuerza Armada Nacional debido a la gravedad y seriedad de los planteamientos" y que ellas velen por la seguridad y defensa de Venezuela.






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