La segunda intervención de la PM también es inconstitucional

Por Venezuela Real - 27 de Enero, 2008, 20:19, Categoría: Estado de Derecho

ROBERTO GIUSTI
EL UNIVERSAL
27 de enero de 2008

Entre intervenciones y cambios generados por causas políticas, la fuerza armada no militar más importante del país descuida su función de brindar seguridad a los caraqueños
El abogado Ricardo Antela advierte que ya en 2002 el TSJ anuló similar intento

El decreto presidencial a través del cual se resuelve que el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia "asuma la dirección, administración y funcionamiento de la Policía Metropolitana del Distrito Metropolitano de Caracas", es jurídicamente inconstitucional por usurpación de funciones y desde la perspectiva política un intento por liquidar definitivamente el proceso de descentralización administrativa para concentrar la mayor suma de poder alrededor del Poder Ejecutivo nacional.

Esas resultan apenas dos conclusiones centrales de un análisis, en diferentes ángulos, que hacen Carlos Blanco, ex presidente de la desaparecida Copre (Comisión para la reforma del Estado, que impulsó en los años 80 y 90 modificaciones sustanciales al sistema político y el abogado constitucionalista y profesor universitario Ricardo Antela.

El decreto, publicado en Gaceta Oficial el pasado 14 de enero, le atribuye al ministro de Relaciones Interiores "la competencia para adoptar las medidas necesarias para la dirección, administración y funcionamiento de la PM, dirigir y controlar sus actividades policiales y sus recursos humanos y materiales, la designación de las autoridades de la PM y todo lo inherente a la función de dicha Policía".

A juicio de Antela el elemento novedoso que pretende justificar esta nueva intervención del Ejecutivo sobre la policía adscrita al Distrito Metropolitano de Caracas, es que la iniciativa de intervención partió del propio alcalde Metropolitano (Juan Barreto), quien, según el decreto, esgrimió "la necesidad a fin de optimizar esfuerzos en el resguardo y mantenimiento de la seguridad ciudadana en el área metropolitana".

La justificación de lo que el abogado denomina "una invasión indebida del poder nacional sobre el ente Metropolitano" es la obligación que tiene el poder público de garantizar a los ciudadanos el derecho a la seguridad, a la propiedad y a la paz social a nivel nacional, "lo cual es materia concurrente entre los distintos niveles de gobierno". Sólo que el decreto señala, por otra parte, que "la autonomía del poder estadal y municipal debe ceder ante situaciones que sobrepasen la capacidad de respuesta para garantizar la paz social y ciudadana".
La usurpación consentida

Advierte Antela que con el consentimiento indebido del alcalde Metropolitano, el presidente decretó en enero del 2008 lo que ya quiso hacer en noviembre del 2002, cuando se intervino por primera vez la Policía Metropolitana, intento frustrado posteriormente por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. A su juicio, ni siquiera el alcalde puede abdicar de unas facultades de control, gestión y administración que le son atribuidas constitucionalmente.

Subraya que al derogar las competencias del alcalde, el decreto presidencial incurre en "un acto administrativo de rango sublegal que contraviene abiertamente los artículos 18 y 178.7 de la Constitución; 8.14 y 19.8 de la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas; y 1, 4 y 11 de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas".

-¿Es enjuiciable, entonces, el alcalde Barreto por entregar atribuciones que sólo a él corresponden?
-Yo diría que sí.

La trampa de la coordinación

--Si la ley establece la concurrencia, ¿no está justificada la intervención?
-Si bien el artículo 332 de la Constitución le asigna competencia al poder nacional en materia de seguridad ciudadana, al ser una competencia concurrente, la ejercen (o mejor dicho, deben ejercerla) todos y cada uno de los entes político-territoriales, incluso el Distrito Metropolitano de Caracas, y además deben hacerlo con sujeción a principios de interdependencia, coordinación y cooperación, entre otros, según lo establece el artículo. 165 de la vigente Constitución.

Advierte que, según la decisión de la Corte Constitucional, la coordinación "se funda en la información recíproca y en la búsqueda de acuerdos consentidos o autocoordinación". (Sentencia N° 3.343 del año 2002).

Explica que "así entendida, la coordinación se da sólo entre entes autónomos, en consecuencia, por esencia y por definición es diferente a la "jerarquía", lo que excluye la posibilidad de que el poder nacional se erija en superior jerárquico del poder estadal o del poder municipal, salvo que se desconozca la autonomía constitucionalmente reconocida a estos entes por los artículos 159 y 168 de la actual Constitución".

La segunda tentativa

Asimismo agrega que al anular la intervención del ejecutivo a la Policia Metropolitana, en noviembre del 2002, la Sala Constitucional dejó claro que por medio de la coordinación no se puede legitimar un control sustitutivo por parte del Estado respecto de la actividad de los entes regionales, y que "en ninguna circunstancia la coordinación podrá suponer 'una sustracción de las competencias de las entidades sometidas a la misma". De manera que el decreto infringe la sentencia de la Sala Constitucional, emitida de acuerdo con la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano. Luego precisa que la sentencia de la Sala Constitucional, del 19 de diciembre del año 2002, dejó sin efecto la resolución del Ministerio del Interior y Justicia pues, al igual que pretende hacerse cinco años después con el decreto presidencial, el ministro designó un Director de la PM para que asumiera la dirección y administración de ese Cuerpo, designación que fue declarada inconstitucional por la Sala". De esa manera las autoridades previamente nombradas por el alcalde Metropolitano, en la dirección de la PM, reasumieron el ejercicio de sus competencias.







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