El contrabando gobierna la frontera

Por Venezuela Real - 3 de Febrero, 2008, 13:53, Categoría: Economía

JAVIER PEREREIRA / NELSON CASTRO
El Nacional
03 de febrero de 2008

Los operativos militares son insuficientes para frenar la fuga de alimentos y combustible
La operación Patria Soberana ha retenido más de 5.000 toneladas de productos en menos de 2 semanas.
La medida, sin embargo, no parece golpear a los grandes contrabandistas y castiga duramente a los comerciantes y consumidores venezolanos que viven en el corredor fronterizo
A sólo metros de la linea fronteriza, los pimpineros venden ilegalmente gasolina venezolana
















I

Miguel Ángel es un colombiano de 41 años de edad que atiende un pequeño tarantín en el mercado de la Sexta Avenida, en pleno corazón de Cúcuta, Colombia. Allí se ha forjado fama por repetir centenares de veces al día una frase muy pegajosa: "Tenemos la leche de Chávez, sí señor. La leche que le sacamos a Chávez. Venga para que la vea". Es una estrategia para vender los coloridos paquetes de un kilo de leche en polvo de la Corporación de Alimentos Casa, un producto de venta exclusiva en los Mercal y que desde hace meses es casi imposible encontrar en los anaqueles venezolanos, pero que se puede comprar sin problemas en Cúcuta a 13.500 pesos (32,15 bolívares fuertes, más del triple de su precio regulado).

En el centro de esa ciudad hay una docena de almacenes y pequeños comercios que venden toneladas de productos venezolanos que escasean del otro lado de la línea fronteriza: frascos de un litro de aceite vegetal por 4.000 pesos (9,50 bolívares fuertes); paquetes de un kilo de azúcar por 1.300 pesos (3,10 bolívares fuertes); una lata de atún por 4.600 pesos (10,95 bolívares fuertes) o un paquete pequeño de papel higiénico por 5.800 pesos (13,80 bolívares fuertes). Estos negocios llevan allí más de una década y su soporte es el contrabando de extracción desde San Antonio del Táchira.

"Tenemos ya mucho tiempo vendiendo productos venezolanos, por la diferencia entre el bolívar y el peso, que nos da buenas ganancias. Aquí no hay empleo y es nuestra forma de resolvernos la vida", explica el comerciante colombiano, quien revela además que recibió el último cargamento de productos venezolanos el fi n de semana pasado. "Los militares allá parece que están fastidiando mucho. Eso ya ha pasado otras veces: las cosas se ponen un poco más caras, pero siempre pasa el producto.

Este negocio es demasiado jugoso y es imposible detenerlo por la fuerza".

Durante la operación Patria Soberana, el agresivo plan activado desde hace más de 2 semanas por la Guardia Nacional, el Indecu, el Ministerio de Alimentación y el Seniat en la zona fronteriza, se incautaron más de 5.000 toneladas de alimentos de productos básicos en los primeros 10 días de aplicación; sin embargo, ha sido imposible contener la fuga de alimentos hacia Colombia.

Es evidente que la presencia militar en San Antonio del Táchira se ha incrementado.

Fuentes castrenses confi rmaron que los 538 efectivos del Destacamento 11 de la Guardia Nacional se han desplegado en las riberas del río Táchira y han destruido varios puentes artesanales que construyeron los contrabandistas para pasar los productos hasta la vecina población de La Parada, en Colombia. Además, decenas de uniformados en moto y varias camionetas de la Disip recorren las transversales de San Antonio para cazar a los "trocheros", los jóvenes que cruzan el río en bicicletas adaptadas que pueden trasladar hasta 200 kilos de mercancía. Incluso, se han instalado puestos móviles de control en medio de intrinca dos barrios rurales, donde los efectivos militares duermen en improvisadas literas y vigilan las 24 horas algunos de los caminos ilegales que se utilizan para pasar la mercancía a Colombia. Pero esto no parece sufi ciente. Los propios efectivos militares confirman que existen más de un centenar de trochas que permiten el paso por un río que, en esta época, cualquiera puede cruzar caminando sin mojarse mucho los pies; una porosa frontera que no es más que una línea en un mapa y por donde continúan fugándose diariamente toneladas de productos.

II

Aunque sus frenillos dentales y su corta estatura lo hacen parecer un niño que acaba de terminar el bachillerato, José Luis tiene 28 años de edad y es un soldado retirado del Ejército de Colombia, que pidió su baja hace 2 años. Él es uno de los 300 trocheros que viven del contrabando menudo de productos entre San Antonio y La Parada. "En este negocio puedo ganarme en menos de 15 días lo que me daba el gobierno de Álvaro Uribe cada mes por arriesgar mi pellejo frente a la guerrilla", explica el joven colombiano. "Ahora los guardias venezolanos se pusieron brutos, pero no importa. Pasamos de noche, más lejos, más cerca; pero siempre pasamos".


José Luis puede cobrar por un traslado hasta 60 bolívares fuertes, según el peso de la carga; aunque esta tarifa no incluya un seguro por pérdidas. "A veces nos toca dejar la mercancía tirada y pirar (escapar), porque estos días los guardias andan más pendientes, pero eso no es siempre. Sabemos hacer nuestro trabajo". En estos tiempos peligrosos, los trocheros esperan hasta después de las 6:00 de la tarde a que se relaje la guardia, preparan sus bicicletas escondidos en alguna casa de los barrios cercanos al río y, cuando cae la noche, lo cruzan. Nada complicado.

Aunque este contrabando menudo es el más visible en San Antonio, no es el más importante; y las cifras lo comprueban. Las autoridades colombianas calculan que por cada tonelada de productos que ingresa desde Venezuela legalmente, pasan otras cuatro por contrabando; cerca de 1,2 millones de toneladas sólo durante 2007. Del lado venezolano también hay indicios de una fuga masiva de productos: un informe del Gabinete Económico, presentado esta semana, indica que el consumo de alimentos de la cesta básica por persona en San Antonio, Ureña y Rubio es de 121,5 kilos mensuales, mientras en Caracas es de sólo 33,5 kilos mensuales.

"Los productos ilegales venezolanos se pueden encontrar en toda Colombia, pasan por todo el país hasta la frontera con Ecuador", explica Álvaro León, presidente de la Asociación de Comerciantes de Cúcuta. "Los grandes contrabandistas se desplazan libremente con sus camionetas y camiones, porque ahora mismo la Guardia Nacional los deja pasar tranquilitos. Todos saben quiénes son, a qué hora pasan y cuánta mercancía llevan, pero nadie hace nada porque todos cobran un porcentaje. Este negocio es demasiado provechoso y todos quieren participar. Así que pueden hacer un cordón militar, o levantar un muro de concreto si quieren, pero esos contrabandistas seguirán pasando tranquilos por el puente internacional Simón Bolívar".

Algunos transportistas venezolanos confi rmaron la versión, y señalaron que algunos efectivos de la Guardia Nacional cobra entre 2.500 y 5.000 bolívares, dependiendo si es una camioneta pequeña o una gandola, para pasar por la alcabala de Peracal (en la entrada de San Antonio) y el puente fronterizo; reconocen, sin embargo, que desde que se activó el operativo militar ha sido un poco más complicado. "Han cambiado las guardias militares y han tomado algunas medidas. Pero siempre se puede hacer, sólo hay que preguntarle a la persona indicada", reveló un chofer.

III

Carlos y su esposa Sonia son dos colombianos que se instalaron en La Parada hace sólo 8 meses. Llegaron de Bucaramanga empujados por la necesidad de mantener a sus tres hijos y encontraron la solución en el negocio del contrabando de gasolina. Tomaron un terreno en una calle solitaria, hicieron un pequeño rancho de latón y en el espacio restante, cerrado por un muro, reciben a los venezolanos que llevan sus carros para vender la gasolina de sus tanques.


"Lo de los alimentos es juego de niños, éste es el verdadero negocio", dice Carlos, con cifras muy contundentes. Una pimpina de 26 litros de combustible le cuesta a un venezolano sólo 1,80 bolívares fuertes, pero Carlos se la compra a 32 bolívares fuertes: el margen de ganancia es de 1.677%. Pero el negocio es aún más lucrativo: esa misma pimpina Carlos la vende después a 18.000 pesos (42,85 bolívares fuertes) a un segundo intermediario, que lleva esa gasolina hasta Bucaramanga, donde se le vende al consumidor fi nal por 30.000 pesos (71,45 bolívares fuertes). En pocas palabras: un litro de gasolina que costó 7 céntimos del lado venezolano se vende, un par de días después, a un consumidor colombiano por el equivalente a 2,75 bolívares fuertes.

"Por eso nadie puede con este negocio. Genera demasiada ganancia. Ni que nos maten a todos se acaba, porque vendrán otros a hacerlo", reitera Carlos; y el mejor ejemplo es lo que ha sucedido esta semana.

A pesar del intenso operativo militar del lado venezolano, el tráfi co ilegal de combustible sigue intacto y la prueba está en el precio de venta de la pimpina en la carretera, que se mantiene desde hace 3 meses a 18.000 pesos (42,85 bolívares fuertes). "Cuando falla la gasolina, los precios se disparan. Los días que cerraron los puentes, el año pasado, llegó a estar la pimpina a 25.000 pesos (59,50 bolívares fuertes), pero ahora sigue llegando lo mismito".

La razón salta a la vista. La avenida Venezuela es la arteria principal que cruza San Antonio y desemboca directamente en el puente internacional Simón Bolívar. Está siempre congestionada y un vehículo puede tardar hasta dos horas para recorrer una distancia de poco más de un kilómetro. En medio de la calurosa espera, a dos cuadras de la alcabala de la Guardia Nacional, dos jóvenes pasan en medio de los carros con dinero en la mano, mientras la mayoría de los conductores le entrega 10 bolívares fuertes. Son los "moscas" y trabajan en coordinación con los efectivos de la GN de la alcabala, que se encargarán luego de dejar pasar a Colombia todos los carros que paguen su "colaboración". Los que no paguen pasarán directo al patio de la sede del Destacamento 11, justo al lado de la aduana, para revisarlos: si llevan el tanque completo, les quitan la mitad de la gasolina y si tienen el tanque modifi cado (con más capacidad) retienen el vehículo y lo ponen a la orden del Ministerio Público. El procedimiento se repite en la alcabala de Peracal, en la entrada del pueblo, a la vista de todos.

Con un protocolo tan sencillo, es difícil no involucrarse.

Según un informe del Ministerio de Energía y Petróleo, con sólo 185.000 vehículos el estado Táchira tiene un consumo de gasolina superior al de la zona metropolitana de Caracas, donde circulan diariamente unos 2 millones de carros.

Del lado colombiano, la venta ilegal de gasolina se convirtió en el suministro regular de combustible de los vehículos que circulan, al menos, en el eje entre La Parada y Cúcuta.

El contrabando ya es una actividad abiertamente tolerada por las autoridades: a menos de cien metros de la frontera se comienzan a ver los primeros pimpineros, que desde hace cuatro años están asociados en cooperativas.

"Ya somos más de 6.000 personas vinculadas al negocio de la venta de gasolina venezolana", explica Francisco Arias, presidente de la Federación Colombiana de Cooperativas de Distribución de Combustible del Norte de Santander, organización que agrupa a más de la mitad de los pimpineros.

"En 1999 éramos menos de 100 personas y ya somos 70 veces más. Todos los días aparecen 2 o 3 pimpineros nuevos por el rebusque, porque no hay empleo. Por eso le hemos enviado una carta al presidente Hugo Chávez, para explicarle la problemática social, y pedirle que Pdvsa nos ayude a formalizarnos como vendedores legales de gasolina venezolana. Hay que entender que este negocio es tan lucrativo que es inevitable".

IV Carlos Alberto y su hijo Raúl manejan un pequeño almacén en la carrera 8 de San Antonio, donde venden alimentos y productos de limpieza al mayor y detal desde hace más de 15 años. En la misma zona hay casi una treintena de negocios similares que, a diferencia de otros tiempos, esta semana estuvieron desiertos.

Hace unos 10 días, efectivos de la Guardia Nacional ejecutaron un operativo de incautación de productos de la cesta básica amparados en la operación Patria Soberana y se llevaron más de 150 toneladas de alimentos y víveres. Después de eso, a Carlos y Raúl sólo le quedaron algunos bultos de detergente, servilletas y unos melocotones en almíbar. "No entendemos el ensañamiento contra los comerciantes. Primero dijeron que era una orden presidencial y después lo tacharon en el acta y sacaron un decreto de la Comisión Regional de Abastecimiento de Táchira. No podían justifi car lo que hacían, pero ellos son la ley.

¿Quién iba a impedirlo? Ahora todos somos sospechosos de ser contrabandistas". Horas después llegaron brigadas del Seniat para imponer varias multas por incumplimiento de deberes formales tributarios.

Los alimentos retenidos en ese operativo reposaron en los patios del Destacamento 11 de la GN hasta el miércoles pasado, cuando fueron vendidos a la población a precios regulados en el Polideportivo de San Antonio, en cantidades limitadas y bajo supervisión militar.

El teniente coronel (GN) Héctor Hernández Da Costa, comandante del Destacamento 11, propuso que el dinero de esa venta se reintegre a los comerciantes para mitigar pérdidas.

Estos intensos controles ya tuvieron un primer efecto: el comercio en San Antonio ha caído en más de 85%. "Los compradores colombianos se han ido y eso ha generado un bajón enorme en las ventas", explicó la presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio, Isabel Castillo.

En la mayoría de las poblaciones fronterizas ya se comienza a sentir un segundo efecto de las drásticas medidas de control del transporte de alimentos: el desabastecimiento. La retención de decenas de gandolas en los puntos de control militar en los estados Barinas, Mérida, Apure, Táchira y Zulia ha provocado que los productores y distribuidores agrícolas dejen de enviar alimentos y víveres a esa zona, por el temor de ser decomisados. Ya no se consiguen alimentos básicos como arroz, leche, azúcar, aceite, papas, pollo, huevos y tomate.

"Las acciones de la Guardia Nacional no se ajustan al marco legal, los decomisos se hacen según la discreción del oficial al mando", explica Domingo Térez, presidente de la Cámara de Comercio de Ureña. "No sólo han decomisado alimentos, sino también el cemento y materiales de construcción, lo que ha provocado que se paralicen las obras de infraestructura. Están sometiendo a los 130.000 habitantes del corredor fronterizo de Táchira a una situación insostenible, castigándonos como si todos fuéramos contrabandistas. El Gobierno no debe jugar con fuego".








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