Grabaciones del FBI en caso Antonini demostrarían la injerencia de Venezuela

Por Venezuela Real - 7 de Febrero, 2008, 22:59, Categoría: Corrupción

GERARDO REYES
El Nuevo Herald
07 de febrero de 2008

Las grabaciones que tiene el FBI de un abogado que se declaró culpable de actuar ilegalmente en Estados Unidos como agente de Venezuela, podrían convertirse en una de las pruebas más contundentes de la fiscalía federal para demostrar la fuerte injerencia del gobierno venezolano en la supuesta conspiración, según una fuente que escuchó las grabaciones. A Maiónica se le oye afirmar varias veces que actuaba por solicitud del gobierno de Venezuela a fin de neutralizar el escándalo internacional que podría provocar la revelación del origen y el destino de una valija con $800,000 confiscada en Argentina en agosto al empresario Guido Alejandro Antonini, agregó la fuente que pidió no ser identificada.

''Quizás su intervención y sus comentarios los hizo sin pensar en las consecuencias que tenían, pero desafortunadamente lo que hizo es un delito aquí'', explicó la persona que escuchó las grabaciones. Tomadas secretamente por agentes del FBI, entre agosto y diciembre del año pasado, las grabaciones evidencian que Maiónica, abogado comercial de Caracas, fue inicialmente contactado por el gobierno de Venezuela para buscar a Antonini en EEUU a través de los amigos de éste, explicó la fuente.

Maiónica, quien se encontraba con su familia de vacaciones en Miami a finales del año pasado, conversó con Franklin Durán y Carlos Kauffmann, amigos y socios de Antonini, para que le ayudaran a ubicarlo en EEUU.

Antonini había protagonizado un escándalo en Argentina al ser detenido en la madrugada del 4 de agosto con una valija que contenía unos $800,000 en efectivo a su arribo al aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires en un vuelo ejecutivo procedente de Venezuela. Entre los pasajeros se encontraban ejecutivos de la oficial Petróleos de Venezuela PDVSA.

De acuerdo con las pruebas recaudadas por la fiscalía, y conocidas por las fuente de El Nuevo Herald, Durán y Kauffman, empresarios venezolanos acusados en el mismo proceso, ubicaron a Antonini y le informaron que Maiónica lo estaba buscando.

Las grabaciones y otras pruebas indican que Maiónica sabía que el dinero incautado en Buenos Aires salió de las arcas de PDVSA con destino a la campaña de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, explicó la fuente. Esto lo supo gracias a un comentario en ese sentido que le hizo el director de la DISIP, Henry Rangel Silva, indicó.

Días después, Maiónica escuchó esa misma versión de boca de Antonini, quien ya estaba colaborando con el gobierno de EEUU para realizar las grabaciones secretas de las conversaciones de los supuestos emisarios del gobierno venezolano, aseguró la fuente.

El objetivo principal de Maiónica era convencer a Antonini para que nombrara un abogado defensor en Argentina. Maiónica logró conseguir un abogado en Buenos Aires. Pero Antonini exigió además $2 millones y una factura falsa mediante la cual pretendía justificar el ingreso de los $800,000 ante las autoridades de EEUU, explicó la fuente.

La idea, agregó, era que Durán expidiera la factura a nombre de Antonini por alguna venta ficticia. La transacción no parecería sospechosa por cuanto ambos habían hecho negocios en el pasado.

En cuanto a este episodio, la acusación federal afirma que el 11 de diciembre Maiónica, Durán, Antonini y un individuo no identificado, se pusieron de acuerdo en ``la creación de un papeleo falso para ocultar la verdadera fuente y propósito de los aproximadamente $800,000''.

La situación de Maiónica se complicó aún más por la grabación realizada el 6 de noviembre de una llamada que le hizo Antonini para anunciarle que recibiría la visita un emisario de la DISIP, lo cual se cumplió.

Tras el acuerdo de culpabilidad con la fiscalía, Maiónica podría convertirse en uno de los testigos clave de un eventual juicio contra los demás acusados.

El martes, el abogado de Kauffman, Neil Schuster, radicó un recurso en el que exigió a la fiscalía que revele si el gobierno intervino sin autorización legal las comunicaciones telefónicas de su cliente, de cualquiera de los implicados o incluso de los abogados con sus defendidos.





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