Ley coloca a productores, industriales y comerciantes contra la pared

Por Venezuela Real - 10 de Febrero, 2008, 14:56, Categoría: Economía

KATIUSKA HERNÁNDEZ
EL NACIONAL
10 de febrero de 2008

El Gobierno tiene la potestad de ocupar, intervenir y expropiar
Se prevén penas tanto para los que vendan con sobreprecio como para los que se nieguen a hacerlo

La reforma de la Ley contra el Acaparamiento y la Especulación ha creado un dilema en productores, industriales, distribuidores y comerciantes de alimentos. Si no cumplen con los precios fijados en la Gaceta Oficial, pueden ser sancionados con multas millonarias y hasta con seis años de cárcel.

Y si dejan de vender, destruyen o desaparecen los artículos, también pueden ser sometidos a penas de diez años de cárcel y la intervención de los negocios.

Por el contrario, si deciden continuar comercializando los alimentos regulados, aun cuando los precios al mayor son más altos que los de venta al público, la única sanción es un saldo negativo en la contabilidad por la baja rentabilidad que obtendrán.

"El comerciante se siente entre la espada y la pared. Si vendemos con sobreprecio nos sancionan, si nos negamos a vender corremos el riesgo de que expropien los negocios y si vendemos al precio regulado, perdemos dinero porque nadie está despachando con los márgenes de ganancia aceptables para poder garantizar una rentabilidad justa", expresó el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados, Carlos Carvalho.

El artículo 20 de la ley establece: "Quien restrinja la oferta, circulación o distribución de alimentos o productos declarados de primera necesidad o sometidos a control de precios, retenga dichos artículos, con o sin ocultamiento para provocar escasez y aumento de precios, incurrirá en el delito de acaparamiento y será sancionado con prisión de 2 a 6 años y con multa de 130 unidades tributarias (5.980 bolívares fuertes) hasta 20.000 unidades tributarias (920.000).

Carvalho indicó que no están claros los parámetros que utilizarán los organismos del Gobierno, e incluso los consejos comunales, para acusar a un comerciante o distribuidor de acaparar alimentos. "Hay distribuidores que pueden tener en sus depósitos 50 toneladas de azúcar para abastecer a una red de pequeñas bodegas en una semana, por ejemplo, si se hace una inspección justo cuando tiene esa cantidad, es posible que le confisquen la mercancía sin darle el derecho a defenderse", comentó.

Admitió que esta ley es tema de preocupación para los que trabajan con la venta de alimentos. "La recomendación que estamos haciendo es que cada quien busque su propia estrategia, que no deje de vender, pero que trate de negociar márgenes de comercialización para que no ponga en riesgo económico el negocio", agregó.

Explicó que hasta hace un año se podía vender uno o dos productos de la cesta básica con un margen pequeño o hasta negativo, pero ahora la cantidad de alimentos que tienen precios regulados por debajo del costo de venta es mayor y es imposible financiar esa pérdida, o inclusive subsidiarla con otros productos.

Comentó que algunos proveedores de queso están dejando de despachar el producto blanco duro porque el precio regulado de 18,48 bolívares fuertes el kilo no compensa los costos que amerita su procesamiento y distribución. "Este producto ya se estaba ofreciendo al mayor en más de 20 bolívares fuertes el kilo, ahora con el precio bajo, menos se va a vender", acotó.

Carvalho explicó que las cadenas de supermercados quizás puedan negociar con sus proveedores algunos márgenes para continuar la venta de los alimentos al precio que establece el Gobierno, pero los pequeños comerciantes, bodegueros de los barrios y concesionarios de mercados municipales no tienen capacidad para absorber las pérdidas y mantener una venta por debajo del costo real de los productos.

Propiedad en riesgo.

El presidente Hugo Chávez, cada vez que habla de precios de alimentos, recuerda que esta ley, aprobada en febrero del año pasado y reformada a finales de enero, estipula la expropiación por la vía directa de cualquier medio de producción. Y no sólo de aquellos que produzcan o comercialicen los artículos con precios regulados, sino de todos los que el Estado considere de primera necesidad.

En el artículo 4 de este instrumento legal señala: "Se declaran, y por lo tanto son de utilidad pública e interés social, todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos declarados de primera necesidad o sometidos a control de precios. El Ejecutivo nacional podrá, sin mediar otra formalidad, iniciar la expropiación mediante decreto por razones de seguridad y soberanía alimentaria".

En aplicación de este artículo, el Gobierno procedió el año pasado –a través de la Asamblea Nacional–, a expropiar dos frigoríficos: Fricapeca en el estado Zulia y Fribarsa en el estado Barinas; y una planta procesadora de frutas, Frutícola Caripe, situada en el estado Monagas.

Además de la expropiación por causa de utilidad pública, el Gobierno tiene la potestad de ocupar preventivamente un establecimiento de producción, distribución o venta de alimentos cuando se compruebe algún delito de acaparamiento, violación a la regulación de precios o acciones que entorpezcan el abastecimiento.

El artículo 13 numeral 1 establece que el Ejecutivo podrá dictar la medida de ocupación temporal preventiva o intervención, y en el 16 se reafirma que podrá cerrarse el establecimiento por un lapso de 90 días.

Se otorga carácter de fiscales a los consejos comunales para que realicen contraloría social y hagan cumplir la ley contra el acaparamiento, pudiendo estos efectuar inspecciones y denunciar los delitos contra el seguro abastecimiento de alimentos.

 Lo Dijo

Hugo Chávez - Presidente de Venezuela
"Que se cumpla la ley hasta sus extremos; si se tiene que reformar para hacerla más draconiana, pues, se hará (...) El que esté distribuyendo alimentos porque tenga una distribuidora, unos camiones y grandes almacenes, y esté especulando, bueno, hay que intervenirlo y hay que expropiarlo, y pasar eso a manos del Estado y las comunidades. Pueden ser dueños de grandes frigoríficos y de las cadenas, y sobre todo los grandes monopolios de la agroindustria.

Es un alerta que hago a todo el país y a los especuladores para que se revisen y rectifiquen, si no, seremos nosotros los que los revisaremos; pero tenemos que hacerlo, que no se quede sólo en la palabra", sentenció el 23 de enero de 2008







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