Defensa posible ante Exxon

Por Venezuela Real - 15 de Febrero, 2008, 17:34, Categoría: Estado de Derecho

CARLOS RAMÍREZ LÓPEZ
El Nacional
15 de febrero de 2008

La defensa se inició con desorden. La Procuraduría General es la que tiene, por atribución constitucional, el monopolio de la representatividad jurídica de la República. La asesoría y defensa, tanto judicial como extrajudicial, en materia de intereses patrimoniales es una potestad excluyente que no puede ser ejercida por ninguna otra autoridad. En caso de pleito extraterritorial sólo la Procuraduría está autorizada para otorgar poder a abogados extranjeros, y esto previa autorización del Presidente, según letra expresa del artículo 44 de la Ley.

Lo que ha trascendido del caso con Exxon es que en vez de la República, es Pdvsa es la que está litigándolo, y que a tales efectos ha contratado a un prestigioso bufete norteamericano. La Procuraduría está ausente, como también lo está la cualidad de dicho escritorio para representar los intereses de Venezuela en aquel proceso, tenemos una defensa ilegítima.

Es el segundo más grave error de los que a simple vista pueden detectarse del lado venezolano, seguidamente veamos cuál es el primero.

Alguien debió explicarle al Presidente que si bien es cierto que Venezuela es soberana en el manejo de sus riquezas, también cierto es que ello no le permite sustraerse a las consecuencias que conlleva rescindir unilateralmente un contrato afectando los derechos convenidos, de tal manera que cuando se decidió cambiar la naturaleza del contrato e introducir un desequilibrio económico en la relación se debió tomar la precaución de consultar sobre los costos jurídicos, políticos y financieros de tal acción, y haber elaborado entonces un abanico de alternativas para la defensa.

Poco tienen que ver las cualidades éticas de la parte demandante ya que esa no es la materia, el asunto se ha de reducir a las causas de justificación del hecho principal, es decir, si la República practicó dicha rescisión por algún motivo válido, por ejemplo incumplimiento recíproco, aunque vistas las cosas desde aquí, y sin mucha información disponible más que la noticiosa, luce posible una defensa basada en la teoría del hecho del príncipe, según la cual no se está en presencia de un hecho ilícito cuando la administración contratante introduce un desequilibrio económico en el contrato en virtud de una decisión soberana tomada de manera general y abstracta que afecte un grupo de actividades específicas.

El Estado puede avocarse a demostrar que por razones de interés nacional se tomó la decisión soberana de variar la naturaleza y condiciones de los contratos, de todos ellos, y no sólo de uno en particular, esto mediante un acto general y abstracto cual fue el decreto que a tales efectos se dictó; se puede alegar y probar que a cada una de las afectadas se les ofreció un proceso de negociaciones para cambiar los términos, o para ofrecer las reparaciones que fueran procedentes, oferta que fue aceptada por varias de las empresas que se encontraban en situación similar, pero que la demandante se rehusó a entrar en cualquier proceso en este sentido y que se cerró en la única salida de la reclamación de daños y perjuicios. Esto, si no es admitido como causa de justificación, cuando menos podrá reducir grandemente el impacto económico de la reclamación ya que el resarcimiento se reduce proporcionalmente a la culpa de la víctima que en este caso radicaría en la prepotencia de lanzarse a la acción arbitral despreciando la oferta de la conciliación que de por sí constituye un medio previo aconsejado por las normas de la prudencia y de la buena fe.

Ojalá se hicieran menos discursos políticos y se elaboraran más alternativas para la defensa jurídica que es lo que se necesita, ya que estamos ante un tribunal de derecho.





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