Inhabilitados contra el tiempo

Por Venezuela Real - 19 de Febrero, 2008, 15:56, Categoría: Política Nacional

Tal Cual
19 de febrero de 2008

Leopoldo López y Enrique Mendoza, dos de las víctimas de Russián, solicitaron al TSJ que declare la nulidad de la medida para así poder optar a cargos de elección popular

Para el alcalde de Chacao, Leopoldo López, y el ex gobernador de Miranda, Enrique Mendoza, las agujas del reloj corren más rápido desde enero. En el acto de apertura del "Año Electoral" la presidenta del ente comicial, Tibisay Lucena, señaló que las elecciones regionales y municipales se celebrarían "posiblemente" la tercera semana de noviembre, pero ambos políticos estarían fuera de cualquier posibilidad de aspirar a cargos de elección popular, según la Contraloría General de la República (CGR), hasta octubre de 2011 y diciembre de 2009, respectivamente. López y Mendoza integran el grupo de 172 funcionarios venezolanos que no podrán optar por cargos públicos -durante varios años, dependiendo de la pena- de conformidad con el artículo 105 de la Ley Orgánica de la CGR.

Entre los sancionados está también Antonio Ledezma, pero la pena del ex alcalde de Caracas culminará en marzo de este año, así que podrá postularse para los comicios de noviembre. "Me privaron de mis derechos. Hice la impugnación siguiendo todas las normas ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y fue desestimada, pero la inhibición que me impedía postularme se cumple en marzo. Ya yo cargué con mi cruz", señaló Ledezma. López y Mendoza también han recurrido al TSJ apelando a la inconstitucionalidad que, según juristas, conlleva la inhabilitación. El 7 de febrero, los abogados Carlos Vecchio, Adriana Vigilanza, y Alfredo Romero, acudieron a la Sala Constitucional para demandar la nulidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría, y solicitar como medida cautelar que se ordene al CNE admitir las postulaciones de candidatos a los venideros comicios y que pudieran estar afectados por la sanción.

"El gobierno quiere ganar elecciones a punta de inhabilitaciones. Existen cerca de 200 sancionados por motivos políticos. Que sean los ciudadanos quienes decidan quiénes serán sus gobernadores y alcaldes, pero que no lo haga un funcionario público, como el Contralor, inhabilitando candidatos", denunció Vecchio.

EN MANOS DEL TSJ

Parece que la falta de respuesta del máximo tribunal otorga la razón al abogado. Hace año y medio López introdujo la solicitud de anulación de la medida ante el Tribunal Supremo: "Se trata de un acto administrativo y no de una sentencia, y para mayor gravedad se dicta sin procedimiento. El contralor Russián no ha iniciado una investigación para verificar si ha habido o no falta. Hemos introducido tres recursos, dos en la Sala Político Administrativa y una en la Constitucional, pero todavía no contestan", explicó una persona vinculada a la estrategia jurídica de López que prefirió reservar su identidad. Por su parte, el alcalde de Chacao declaró que nada le impedía lanzar su candidatura a la Alcaldía Metropolitana, por cuanto no ha sido juzgado ni sentenciado por tribunal alguno. La abogada y dirigente de Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, está de acuerdo: "La Constitución Nacional es la única que puede limitar los derechos políticos, que son derechos humanos. Y la única restricción que establece en este sentido señala que deberá hacerse por medio de una sentencia penal, que comportaría la pena accesoria de inhabilitación política".

Asimismo, se mostró optimista con respecto a los recursos introducidos en el TSJ en torno al caso: "Van a tener lugar", señaló. El defensor del ex mandatario de Miranda, Edgar Parra Moreno, cuenta con las misma esperanzas, asegura tener las pruebas contra "argumentos que fueron políticos y no jurídicos". El jurista explica que actualmente se encuentran a mitad de juicio y que "todavía falta tela por cortar". Es así como el futuro de ambos dirigentes políticos queda en manos del ente judicial que a esta fecha aún puede aceptar un recurso de reconsideración de la medida o aceptar los de nulidad y suspensión de efectos administrativos introducidos por los penados. Sólo así el contralor Russián podría removerlos de su lista.

 





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