El mercado irregular

Por Venezuela Real - 27 de Febrero, 2008, 15:50, Categoría: Economía

D. F. MAZA ZAVALA
El Nacional
27 de febrero de 2008

El supuesto de libre competencia en una economía de mercado no existe en Venezuela, salvo en la Constitución. Por lo menos en el área metropolitana de Caracas, donde se concentra más de 20% de la población nacional y, estimativamente, 35% del ingreso personal o familiar, lo que se observa es una gran dispersión de precios para los mismos artículos, lo que puede calificarse como anarquía, no obstante el control establecido por el Gobierno. En muchos casos los precios varían en una relación de 1 a 5, dentro de una gama que se mueve según las circunstancias.

Ello implica una distorsión de la función de intermediación que, normalmente, debe sujetarse a los costos efectivos y una ganancia razonable, porque el riesgo de no vender oportunamente es mínimo e inexistente. La observación es válida tanto para los bienes de consumo perecederos como para los durables. Aunque menos ostensible, también hay dispersión en el caso de los medicamentos.

La insuficiencia de producción de bienes alimentarios de consumo general es un hecho de la vida económica actual, como lo es que el presupuesto del consumidor de ingresos modestos no cubre las necesidades más elementales. La importación de alimentos debería ser oportuna, suficiente y de distribución transparente bajo la supervisión oficial; pero, al parecer, no lo es. Mercal –¿20% del mercado?– que en sus inicios funcionó más o menos eficientemente, ahora participa de alguna manera de la irregularidad del mercado, ya que parte de los bienes que debe vender a precios subsidiados se desvía a mercados informales donde los precios son arbitrarios.

La angustia del consumidor es un padecimiento que se ha convertido en habitual y se agrega a otros motivos de angustia: inseguridad, desempleo o inestabilidad del empleo, carencia de vivienda regular, entre otros. Indecu se preocupa por los compradores de automóviles, pero menos o nada por los consumidores de alimentos o de medicamentos. Los consejos comunales –al parecer en vías de organización– deben ocuparse de esta defensa, respaldados por la autoridad.

Las amenazas a los productores e intermediarios se han convertido en una modalidad de la política oficial para enfrentar los problemas.

Lo procedente es el acuerdo entre los actores del mercado, inclusive consumidores y trabajadores, para la regulación de precios en concordancia con los costos reales, y la efectividad de las sanciones legales para los que no acaten lo acordado. La iniciativa debe ser del Gobierno: Indecu podría ser un buen foro para promover estos acuerdos. La gravedad de la situación que afecta a los consumidores es tal que amerita un conjunto de políticas urgentes. Para ello hay que promover un entendimiento nacional, la participación de los actores económicos y sociales y sus instituciones, la presencia activa de la sociedad organizada en los consejos comunales, asociaciones de consumidores, cooperativas para una gran cruzada contra la inflación, el desabastecimiento, la especulación, la angustia social en suma, que está carcomiendo las bases del pacto de convivencia y solidaridad que debe ser el sustento de la vida venezolana.

El Gobierno tiene en sus manos recursos, facultades, atribuciones, medios para lograr una transformación de esta tan desequilibrada realidad.

Es relativamente fácil determinar si hay acaparamiento de bienes esenciales. Pero no se puede suponer que las empresas y comercios pueden desenvolverse normalmente con inventarios de cuatro días. Estamos en una coyuntura difícil, pero superable si se promueve la voluntad nacional para ello.





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