ENTORNO VESPERTINO: 27 de febrero de 2008

Por Venezuela Real - 27 de Febrero, 2008, 15:53, Categoría: 1. Noticias del Día





CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

• Tibisay Lucena afirmó en Globovisión que la directiva del CNE no tiene nada que decidir sobre las inhabilitaciones de la contraloría. No hay pele y el poder electoral cumplirá estrictamente con la ley, dijo. Los que no estén de acuerdo, deberán apelar ante el TSJ. Confirmó que las regionales se realizarán el 23 de noviembre, pero aún se revisa el lapso de postulaciones que podría ser entre junio y agosto.

• Eduardo Roche Lander dijo que en las funciones asignadas por la constitución no se establece competencia a la contraloría para declarar la inhabilitación ni administrativa ni políticamente a nadie. Ezequiel Zamora coincidió en ello, y Alejandro Plaz afirmó que la carta magna le da facultades a quien ejerce la contraloría para inhabilitar sin juicio ni condena a quien considere que por sus actos afectó al patrimonio nacional.
 


OPINION

• Un grupo de de presuntos oficialistas tomó el palacio Arzobispal de Caracas en el centro de la ciudad y Lina Ron leyó escrito para expresar su rechazo a la actitud de la jerarquía católica en abril del 2002 y por mantener en la Nunciatura a Nixon Moreno.

• Julio Borges (PJ) llamó al gobierno nacional para que actúe contra los presuntos grupos guerrilleros que se encuentran en los barrios de Caracas, así como una actuación contra la inseguridad y el terrorismo.

• Los estudiantes realizaron su concentración y marcha, la cual, a decir de Descifrado, perdió el protagonismo para los medios ante el operativo de rescate de cuatro colombianos liberados por la guerrilla colombiana.

• Los oficialistas se reunieron en la plaza Bolívar de Caracas para expresar su respaldo al presidente de la república y a su proceso revolucionario, así como para exigir el cese de la persecución contra presuntos grupos revolucionarios afectos al gobierno. Asimismo rechazó que Leopoldo López visite el municipio Libertador protegido por paramilitares con armas largas.



OPINIÓN

• EL BOZAL: Tal Cual editorializa sobre las críticas emitidas por el presidente contra varios medios de comunicación que han puesto en evidencia la mala actuación del gobierno y el silencio que muchos de esos medios han mantenido ante las críticas presidenciales que buscan poner un bozal al derecho a la información.
 


27 DE FEBRERO

• Por considerarlo de interés, insertamos dos artículos especiales sobre el 27 de febrero publicados por Tal Cual (Caracas se llenó de plomo) y El Nacional (Cofavic: los planes de control del orden público son secretos), donde se afirma que nadie garantiza que no se repetirán excesos como en El Caracazo.



OTRAS INFORMACIONES

• De acuerdo con Globovisión, los cuatro ex congresistas colombianos retenidos por las Farc fueron liberados y la Cruz Roja procede a traerlos a Venezuela.

ARB



Referencias Digitales y Recortes:

 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

• Tibisay Lucena: No tenemos nada que decidir sobre inhabilitaciones
  Globovisión, 27 de febrero de 2008


• "LISTA RUSSIÁN" pasa por encima de la constitución
  Poder Electoral deberá pedir interpretación al TSJ
  El Mundo, 2, 27 de febrero de 2008

Roche Lander cree que el contralor actuó por su pasión personal y política

Caracas. El Consejo Nacional Electoral deberá acudir al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la interpretación de la Ley de Contraloría que faculta -sobre la Constitución- al contralor para inhabilitar políticamente a funcionarios. Eduardo Roche Lander, integrante de la "lista Russián" y ex contralor de la República, dijo que en las funciones asignadas por la Constitución a este despacho "no se establece competencia para declarar inhabilitado ni administrativa ni políticamente a nadie", punto en el que coincide con Ezequiel Zamora, ex rector del CNE y quien cree que el órgano electoral deberá tomar una decisión en colectivo y en el directorio sobre este acto, "que es inconstitucional porque una ley no puede estar por encima de la Carta Magna que garantiza al ciudadano sus derechos políticos, a menos que sobre él pese una sentencia firme, competencia que no tiene la Contraloría".

Para Alejandro Plaz, esta misma ley le da facultades a quien ejerce funciones de contralor para inhabilitar sin juicio y sin condena a quien considere que por sus actos afectó el patrimonio nacional. Cree que ante el TSJ los afectados deben introducir un recurso de amparo que los proteja mientras la sala correspondiente interprete la Ley de Contraloría.



POLITICAS

• Grupo de encapuchados tomaron Palacio Arzobispal
  Unión Radio, 27 de febrero de 2008


• PRIMERO JUSTICIA PIDE AL GOBIERNO PARAR EL TERRORISMO
  CNB, 27 de febrero de 2008


• EN SEGUNDO PLANO
  Marcha estudiantil opacada por la liberación de rehenes colombianos
  Descifrado, 27 de febrero de 2008


• Lina Ron pide que cesen allanamientos en 23-E
  Unión Radio, 27 de febrero de 2008



OPINION

• EL BOZAL
  Tal Cual, 1, 27 de febrero de 2008

Lo más impresionante del grosero regaño que le propinó Yo-ElSupremo a Díaz Rangel, director de Ultimas Noticias, y de las desconsideradas alusiones que hiciera a la familia Capriles, ha sido el silencio de unos cuantos figurones del oficialismo –que en otras épocas embestían lanza en ristre contra los dragones de la censura– sin contar, desde luego, el mutismo del propio agraviado. En particular sobresale el mutis de José Vicente Rangel, columnista del mismo diario, amigo muy cercano del director. Esperamos hasta el lunes pasado para ver si en su columna en el diario que dirige su amigo, el señor Rangel se sentía obligado a decir algo. Fue inútil. Calló. Tal vez no quiere arruinar su patético pataleo para que lo vuelvan a llamar.

Pero, así como este figurón, hay otros que prefieren no arriesgar la chamba. Su silencio se explica, sobre todo, por miedo. Esta es la parte que los corresponsales extranjeros que vienen a Venezuela o los "turistas revolucionarios" por el estilo del inefable Jack Lang o Naomi Campbell, no ven. Hay libertad de expresión, ciertamente, pero quienes la ejercemos somos quienes no le tememos a Yo-ElSupremo ni a sus bravatas. Paradójicamente, para quienes se acabó la libertad de expresión es para los partidarios del gobierno. De esos, Chacumbele espera incondicionalidad, es decir, silencio. Lo dijo cuando zurraba a Díaz Rangel. La opinión de los adversarios "no me importa", implicando claramente, que la de los "suyos" sí le importa... siempre que no lo critiquen. Si lo hacen, ya saben que les espera el destino de Díaz Rangel, hasta ahora el periodista mimado del régimen. Los demás intelectuales y políticos del oficialismo tienen claro el cuadro: si eso le hizo a un peso pesado como Díaz Rangel, ¿qué puede esperar gente de divisiones inferiores? Por eso permanecen con la lengua metida allí donde no pega el sol.

A mi amigo Díaz Rangel y a los dueños de Ultimas Noticias les extendemos una mano solidaria, pero no podemos dejar de decirle a DR que no lo reconocemos. A quien llamábamos "el Zar" en el MAS, por su carácter frontal e intransigente, a quienes sus alumnos respetaban por su severidad ante la "piratería", a ése que escribió libros contra el abuso de poder y que ahora responde tímidamente, explicando tan sólo el origen del titular de UN que causó su desgracia, omitiendo toda alusión a la ridícula lección de "ética" que le quiso dar Yo-ElSupremo, de ése, nos preguntamos dónde está, qué se hizo. Más aún, después de la inaceptable y grosera agresión que le hiciera el que se cura en salud, mostrándose más chavista que Chávez, Diosdado Cabello, quien acusó a DR de ser nada menos que un "infiltrado" de la "Cuarta República".

Tampoco hubo respuesta. El miedo es el peor instrumento de represión.


• 27 DE FEBRERO
  CARACAS SE LLENO DE PLOMO
  Tal Cual, 6 y 7

El gobierno trata de usar políticamente la protesta que sacudió a la capital hace 19 años y que reprimida por los militares que ahora ocupan el poder
Caos, desorden, destrucción, anarquía y muerte.

La conmoción social del 27 de febrero de 1989 desnudó lo peor de los venezolanos. La guerra se instaló en las calles, tomó las aceras e invadió los hogares. Los negocios de electrodomésticos, ropa y comida fueron los más saqueados. Algunas personas cargaban una pierna de res al hombro, una nevera, televisores, sacos de comida. Otras llevaban máquinas de carnicería, bandejas de pan, cajas de licor o paquetes de papel higiénico. Pocos fueron los comercios que se salvaron de la revuelta popular que comenzó en Guarenas y rápidamente se extendió por Caracas y las principales ciudades del país.

El desorden comenzó en la mañana del 27, pero no fue sino hasta el martes 28 de febrero cuando el Gobierno decidió suspender las garantías constitucionales durante diez días. Se impusieron entonces el toque de queda, los tanques en las calles, las colas para adquirir alimentos, los FAL del Ejército y la Guardia Nacional apuntando y disparando a los bloques de Catia, Caricuao, El Valle o el 23 de enero, descargando las balas indiscriminadamente hacia los barrios. Aparecieron los muertos en las calles, en las escalinatas, en sus apartamentos. Según cifras oficiales 277 personas fallecieron, pero extraoficialmente se cree que fueron más de tres mil. A 19 años del Caracazo, el discurso oficial busca utilizar políticamente una protesta que no estuvo liderada por nadie y que fue duramente reprimida por los militares formados después de 1958, los mismos que ahora ocupan la presidencia, ocho ministerios, una de cada tres gobernaciones y buena parte de la Asamblea Nacional. Los militares que ahora están en el poder.

LA GÉNESIS DEL TERROR

Tan sólo 25 días antes, el 2 de febrero, Carlos Andrés Pérez (CAP) asumía su segundo mandato. Había ganado las elecciones con 3 millones 868 mil 843 votos lo que representaba 52,89% del electorado. Su acto de investidura en el Teatro Teresa Carreño –que por primera vez abría sus puertas a la política y hasta hoy se mantiene así– fue bautizado por los medios de la época como la "Coronación". Entre los jefes de Estado invitados a la fiesta estuvieron Alan García, Daniel Ortega y Fidel Castro. El 16 de febrero, el recién electo presidente presentó el Plan de Ajustes, concebido por una generación que se había formado en las aulas del IESA y que contradecía la política económica del primer gobierno de CAP. Era un plan que no tomaba en cuenta las opiniones de los profesionales y técnicos del partido de gobierno y que incluía, entre otras medidas: la eliminación de subsidios y exoneraciones para la importación de bienes, la congelación del número de empleados en la administración pública, el ajuste periódico de las tarifas telefónicas y de electricidad, la privatización de varias empresas estatales, el aumento en los precios de algunos alimentos y la subida del precio de la gasolina.

La protesta comenzó en Guarenas. El incremento del precio de la gasolina de más alto octanaje a 2,75 bolívares y el alza consecuente del precio del pasaje más de 30% por encima de lo autorizado por el Gobierno, así como la falta de reconocimiento del pasaje estudiantil por parte de las cooperativas de transporte público generaron, según el Comité de Familiares Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), "una respuesta espontánea y colectiva, no coordinada por ninguna agrupación". Varios fueron los factores que hicieron que se propagara sin barreras el desorden. Para el sociólogo Carlos Raúl Hernández el Gobierno subestimó la magnitud de la protesta y tardó en reaccionar, lo que hizo que "un acto delincuencial que también sucede en otros países no fuera controlado a tiempo. Además buena parte de la PM mantenía una huelga de brazos caídos, liderados por el grupo Ceta al que pertenece al actual alcalde de Libertador, Freddy Bernal". En febrero de 1989, los policías metropolitanos protestaban porque la Guardia Nacional ocupaba los puestos de comando que, a juicio de los huelguistas, correspondía a los oficiales del cuerpo policial. Todo esto, junto a la "exagerada" (según las autoridades de ese entonces), transmisión de los hechos por radio y televisión, dio impulso al caos general.

LA MANIPULACIÓN CHAVISTA

Muchas son las explicaciones que sobre el fenómeno popular de 1989 se han dado, pero desde el advenimiento de Chávez al poder han surgido otras interpretaciones políticas, bien desde el panfleto fílmico de Román Chalbaud o de la afirmación del escritor Luis Britto García: "Siempre digo que el 27 de febrero de 1989 empezó en Venezuela la cuarta guerra mundial, la tercera habría sido la Guerra Fría, y la cuarta es la guerra contra el neoliberalismo, que comenzó en Caracas ese día" (IPS, enero 2006).

¿Cuántas sedes de embajadas fueron atacadas? ¿Cuántas casas de los partidos del estatus quemadas? ¿Fueron atacados Miraflores, el Fuerte Tiuna? ¿Fue atacado el edificio de Fedecámaras? ¿Fue tomado por asalto algún medio de comunicación? ¿Contra quién era la rabia? No había transcurrido ni siquiera un mes de la "luna de miel" que tienen todos los mandatarios recién elegidos cuando estalló la crisis en el gobierno entrante. Por aquellos días el columnista Alfredo Tarre Murzi "Sanín" afirmaba que Lusinchi, y no CAP, era el culpable de la revuelta popular. Lo cierto es que la congelación de precios decretada por el gobierno de Lusinchi para evitar el aumento de la inflación durante la campaña electoral, produjo desabastecimiento de alimentos, situación que se agudizó en enero y febrero. Pérez usó parte de este argumento en su artículo "Dramática jornada", publicado el 28 de febrero de 1999 en la revista electrónica Venezuela Analítica: "Dos circunstancias en primer término generaron la tragedia: 1) durante la década de los ochenta se produjo una vertiginosa caída del salario real y 2) era exasperante la escasez de productos básicos, con la inmensa sospecha de acaparamiento y especulación".

Para el sociólogo Tulio Hernández, el 27-F "fue el gran momento de una rabia colectiva que nadie, o pocos, se imaginaban que existía con tanta fuerza en nuestro país. Era la rabia contra y por el consumismo... es la primera manifestación de violencia en Latinoamérica, no para exigir la revolución sino para condenar la imposibilidad de acceder al consumo" (El Nacional, febrero 2001). Por su parte, para Britto García, el 27-F cayeron varios mitos, "el más importante fue el de la colaboración de clases. Durante años el sistema político populista sostuvo que los explotadores y los explotados pueden vivir enteramente felices y con mutuo beneficio, el 27 de febrero se demostró que no era posible. Los explotados salieron a la calle en una violentísima protesta diciendo que no aguantaban más". Roberto Hernández Montoya escribía en El Nacional el 8 de noviembre de 1992: "Hubo una fuerte y coherente, que no organizada, participación de motociclistas, de policías que aparejaron los saqueos, de malandros que iban de santamaría en santamaría reventándolas con una pata de cabra. Y que luego, cuando el ejército ametralló y allanó los barrios –que es la principal vocación de todo ejército latinoamericano–, los malandros mostraron una gran pericia de combate, así como un armamento ligero que no le iba en zaga al armamento equivalente del Ejército".

En la conmemoración del 27F de 2004 la diputada del MVR, Iris Varela, consideró que lo más importante de los sucesos "fue que el pueblo se encontró a sí mismo y esto produjo una agitación positiva, pues la población se rebeló y asumió el poder". Opinión parecida tuvo el canciller Nicolás Maduro, quien afirmó que "el 27F forma parte de una cadena de eventos que desmoronaron un sistema político. Y tiene dos caras: primero la rebelión popular espontánea contra las políticas neoliberales; y segundo, la masacre, que es la respuesta de ese sistema a un pueblo". Masacre dirigida por la GN y el Ejército que participaron por primera vez en el Plan Ávila, el mismo que Tiburón 1 intentó activar el 11 de abril de 2002.

El ministro de Defensa de ese entonces, Ítalo del Valle Alliegro, se defendía de los ataques que recibían las Fuerzas Armadas: "Nosotros actuamos en una situación de coyuntura, en la cual nos imponen restablecer el orden público. Para mí, un venezolano que muere es una gran pérdida y me causa un profundo dolor, porque yo no tengo la culpa de eso. Cumplo con mis funciones. Por eso, justamente, para tranquilidad de mi conciencia en el futuro y para bienestar de las Fuerzas Armadas, porque se le podía hacer daño, me empeñé en establecer por nombre, apellido y fotografía el número de muertos, y nadie ha podido demostrarme lo contrario". Para el cineasta Román Chalbaud "el Caracazo fue la semilla para el proceso que vivimos". Quizás tenga razón, quizás los militares creyeron que el sistema dependía de sus armas y desde ese entonces pensaron en ocupar el poder y confinar a los civiles a sus casas, tal como ocurrió en febrero y marzo de 1989, y como algunos todavía planean hacer con Venezuela.


• 19 AÑOS DEL 27-F Nadie garantiza que no se repetirán excesos como en El Caracazo
  El Nacional, A3, 27 de febrero de 2008

Cofavic: Los planes de control del orden público son secretos
La actuación de los cuerpos de seguridad no se ha ajustado a los estándares internacionales

En la víspera de los sucesos de febrero y marzo de 1989, la crisis de desabastecimiento se tornaba insoportable; para el venezolano era inconcebible no poder comprar café y azúcar. El malestar aumentaba por la eventual riña con el conductor de un autobús, pues también escaseaban las monedas de baja denominación. Sumado a ello, el aumento del precio de la gasolina había disparado las tarifas del transporte público, incluso el pasaje preferencial estudiantil. Un conflicto laboral en el seno de la Policía Metropolitana relajaba el control del orden público. Las angustias domésticas se agravaban por problemas de orden estructural, como el auge de la corrupción por efecto de la impunidad. Y de todo ello se responsabilizaba al Gobierno y, más específicamente, al Presidente de la República.

El estallido del 27-F escondía unos niveles de pobreza y exclusión tan grandes que, para la mayoría, fue sorpresivo ver a un hombre con media res al hombro después de haber asaltado una carnicería. Liliana Ortega, directora ejecutiva de Cofavic, establece relaciones: "Reflexionar sobre el 27 de febrero de 1989 tiene una enorme vigencia si advertimos lo poco que se ha hecho para evitar que una situación como El Caracazo se repita". Ortega no se refiere a lo coyuntural (como el desabastecimiento), sino a la actuación de los cuerpos de seguridad en caso de otro desbordamiento del descontento popular. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en particular, la emitida en el caso de El Caracazo no sólo están dirigidas a reparar los daños a las víctimas directas, sino los causados a toda la sociedad. Por ello, todos los fallos incluyen un capítulo denominado "garantías de no repetición".

El máximo tribunal hemisférico en sentencia del 29 de agosto de 2002 se pronunció sobre el particular: "Las características de los hechos de este caso revelan que los cuerpos armados y los organismos de seguridad del Estado no estaban preparados para encarar perturbaciones del orden público mediante la aplicación de medios y métodos respetuosos de los derechos humanos. El Estado debe ajustar los planes operativos (...) adoptando, entre otras, medidas orientadas a controlar la actuación de todos los miembros de los cuerpos de seguridad en el terreno de los hechos para evitar que se produzcan excesos".

Tal ajuste, aseguró Ortega, sigue postergado: "Uno de los grandes problemas es que –además del trágico Plan Ávila– si hay algún programa para el orden público éste es secreto. La información disponible es muy escasa y quienes la han solicitado en ejercicio del derecho de acceso a la información no han tenido mayor éxito. Lo que conocemos es la vía de los hechos, que se utiliza a la Fuerza Armada Nacional en el control del orden público, lo cual es violatorio de principios elementales del Derecho Internacional de los derechos humanos. Tan o más grave es que no exista algún plan operativo. Es un derecho ciudadano –insistió la defensora– saber cuáles son las herramientas con las cuales cuenta el Estado para restablecer el orden público".

Los fundamentos del riesgo tienen que ver con los abusos cometidos durante otras situaciones de alteraciones graves del orden público, entre ellas la tragedia del Retén de Catia durante la asonada militar del 27 de noviembre de 1992; la represión de los saqueos ocurridos en medio del deslave en el estado Vargas en diciembre de 1999; el golpe de Estado de abril de 2002, y las llamadas guarimbas en 2003. Ortega considera que mientras se admita la participación de funcionarios militares en el control de orden público tales excesos persistirán: "Porque los militares están esencialmente formados para la guerra", resumió. Para Ortega, la contumacia del Estado es sólo un reto más. "A lo menos, hemos logrado que no haya olvido".
 


OTRAS INFORMACIONES

• Los excongresistas colombianos ya fueron entregados a la Cruz Roja y se encuentran en camino a Venezuela
  Globovisión, 27 de febrero de 2008



 







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