El TSJ ya ha revertido inhabilitaciones políticas

Por Venezuela Real - 28 de Febrero, 2008, 15:17, Categoría: Estado de Derecho

REYNALDO TROMBETTA
El Nacional
28 de febrero de 2008

Los precandidatos pueden adherirse al expediente
Entre 2004 y 2006, la Sala Constitucional dictó medidas cautelares a favor de los derechos políticos de siete ciudadanos
Las 400 personas inhabilitadas pueden acudir a la Sala Constitucional

Las 400 inhabilitados por la Contraloría General de la República podrían recuperar el derecho a la participación política si se adhieren al expediente 14.304 que reposa en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

En ese documento se reúnen los casos de autoridades de la Universidad de Carabobo a quienes se intentó aplicar el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, pero que evadieron esa sanción gracias a recursos de amparo dictados por la Sala Constitucional.

El expediente 14.304 es una demanda de nulidad contra el artículo 105, por inconstitucionalidad, introducida por el abogado Lubín Aguirre. El jurista explicó que el caso se encuentra en fase de sentencia, pero ha servido para revertir las inhabilitaciones y la suspensión en los cargos de siete personas.

La sentencia 1.420, del 27 de julio de 2004, con una votación de 3 a 2 en la Sala Constitucional, declaró una medida de amparo a favor de los profesores Myriam Ramírez Duarte, Edgar Rafael González y Florinda de Lima Gámez.

Posteriormente, otros ciudadanos se adhirieron a ese expediente y lograron que el TSJ dictara amparos a su favor. El 26 de julio de 2006, en la sentencia 1.424, la Sala benefició a la rectora María Luisa de Maldonado y a los decanos José Ángel Ferreira y Juan Macías; y el 1° de diciembre de ese año, en la sentencia 2.136 se desaplicó el artículo 105 en el caso de la profesora Amalia Josefina Guerra Hernández.

El abogado Aguirre recomendó a las 400 personas inhabilitadas por la Contraloría que acudan a la Sala Constitucional para adherirse al expediente. "Esto les permitiría revertir esa medida del contralor, que no es sino medida de persecución política contra la oposición", declaró.

"No existiría razón alguna para que esas personas que se adhirieran a ese expediente no pudieran beneficiarse de recursos de amparo. Los magistrados de la Sala tendrían la obligación, por razones de igualdad y de justicia, de darle los mismos beneficios que ya han recibido los otros", manifestó Aguirre.

Recordó que el caso lleva un año en etapa de sentencia, y dijo estar confiado en que el TSJ dictará la nulidad del artículo 105. "Los recursos de amparo hacen inferir que los magistrados han visto elementos inconstitucionales en ese artículo y se ha presumido la violación grave de los derechos políticos de los demandantes", dijo.





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