Un país sin Poder Judicial

Por Venezuela Real - 29 de Febrero, 2008, 15:01, Categoría: Estado de Derecho

CARLOS RAMÍREZ LÓPEZ
El Nacional
29 de febrero de 2008

En agosto de 1999 la Asamblea Nacional Constituyente decretó un Estado de Emergencia del Poder Judicial que tenía como finalidad su reorganización para adecuarlo a las exigencias constitucionales de independencia y autonomía, y para devolverle la credibilidad, pero rápidamente se puso en movimiento el plan para instaurar una justicia provisoria, fundada en jueces sometidos a la voluntad de una élite que arropada en las banderas del partido de gobierno capturó el centro de poder ubicado en el Tribunal Supremo de Justicia.

Por resolución publicada en Gaceta Oficial en marzo del 2000, se dictaron las normas de evaluación y concursos de oposición para el ingreso y permanencia en el Poder Judicial, y allí se estableció que todos los jueces serían sometidos a una amplia evaluación que comprendería desde el conocimiento del Derecho, hasta los aspectos éticos de los funcionarios, y que todos, sin exclusión, serían revisados. Así, quienes resultaran con una evaluación satisfactoria, siendo titulares, serían ratificados, quienes no lo fueran quedarían entonces admitidos a participar en concursos de oposición para optar por la titularidad, y quienes además de no ser titulares no aprobaran, serían excluidos. Todo juez con más de un año en funciones estaba calificado para participar en este proceso evaluativo, el cual quedó a cargo de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración hasta tanto el TSJ organizara la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

El programa de evaluaciones nació y de inmediato murió, y con él la posibilidad de someter a concurso los cargos para proveer de jueces titulares a los tribunales. En noviembre de 2000 se comenzó con la designación de los comités de Evaluación o jurados, para los cuales se escogieron a prestigiosos profesionales, catedráticos en su mayoría, para integrarlos, pero al presentarse una arremetida gubernamental dirigida a influenciar políticamente su actividad se desató una ola de renuncias y se paralizaron dichas evaluaciones. Iván Rincón, quien entonces presidía el TSJ y era quien a través de la Comisión Judicial designaba y destituía a dedo a los jueces, declaró que dichas evaluaciones se suspendían momentáneamente; eso ocurrió en febrero de 2003, y nunca más se reiniciaron. Sólo se titularon por concurso cerca de 200 jueces, 1.700 quedaron en el aire, sujetos a la conveniencia del Gobierno.

Es constante la denuncia referida a un Poder Judicial sometido a los arbitrios del Ejecutivo, que se utiliza como un medio represivo contra la disidencia, y nada se hace para desmentir tal especie, por el contrario, cada vez que la cúpula del TSJ tiene oportunidad se deshace en demostraciones de sumisión, y anuncia planes disparatados e irreales como los de una justicia "barrio adentro", o una justicia socialista, o una que marcha "a paso de vencedores", contradiciendo la realidad de unos tribunales colapsados, trabajando en condiciones paupérrimas, hasta sin papel, con unos jueces puestos allí, en su mayoría, porque son amigos, parientes o amantes de alguien influyente en el poder.

Nunca hemos visto muestra alguna de preocupación del sector gubernamental por el tema de un sistema de justicia que funcione como manda la Constitución, se desentiende por completo del problema y de las muchísimas denuncias de irregularidades. Tampoco en la Asamblea Nacional se abre un debate sobre estos temas. En nuestro país lo que existe es un abandono absoluto del sector, sólo al venezolano común víctima de la injusticia pareciera dolerle este desastre de un país con un Poder Judicial de apariencia, lo que equivale a no tenerlo. No sólo de comida hay desabastecimiento en Venezuela; justicia tampoco hay





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