Notitia críminis

Por Venezuela Real - 6 de Marzo, 2008, 17:18, Categoría: Política Internacional

ASDRÚBAL AGUIAR
El Nacional
06 de marzo de 2008

El anuncio del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, que dice sobre la acusación a su homólogo venezolano Hugo Chávez Frías ante la Corte Penal Internacional por probados vínculos y dada su conducta cooperativa con las FARC: el movimiento narcoterrorista que ha manchado de sangre la geografía colombiana durante el último medio siglo, no ha de ser tomada a la ligera. Se trata de un hecho grave, extraño a la retórica de circunstancia, quizás el más grave y desdoroso que hayamos conocido los venezolanos desde el día en que el soldado ex golpista en cuestión ocupa el Palacio de Miraflores.

Por lo pronto, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, integrada por los ex presidentes y ex cancilleres colombianos -que desapareciera en Venezuela durante los últimos años de hegemonía "bolivariana"- parece haberle aconsejado al mandatario neogranadino estudiar con cuidado y sin prisa el asunto de marras.

Sea lo que fuere, lo cierto es que los hechos han quedado fijos. Y al decir esto no me refiero al propósito del presidente Uribe, sino al contenido material de su denuncia.

No era un secreto, en efecto, la relación de estrecha amistad o de simpatía entre Chávez y la guerrilla colombiana: muy anterior al manido asunto de los rehenes liberados bajo su supuesta "mediación". Y se sabía, desde mucho antes, del papel protagónico cumplido en dicho sentido por el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, policía del régimen y quien sí sabe, dada su antigua trayectoria en la lucha antiguerrillera, de estos menesteres fronterizos.

Lo importante y crucial, sin embargo, es la aparición de pruebas -durante la operación militar ejecutada por el Ejército de Colombia que determinara la muerte de Raúl Reyes, cabeza visible del indicado movimiento terrorista guerrillero- que comprometerían al propio Chávez, como una suerte de cooperador activo de la violencia criminal insurgente en Colombia.

Los primeros papeles en cuestión ya circulan profusamente por las redes del ciberespacio. No están todos ocultos y son decidores, los mostrados hasta ahora, en cuanto a la supuesta conspiración concertada entre los gobernantes de Venezuela y de Ecuador para dar al traste con la institucionalidad de su común vecina: Colombia.

Pues bien, es máxima de la experiencia que las FARC han venido ejecutando, de modo múltiple, generalizado y sistemático, asesinatos, torturas, secuestros y otros actos inhumanos de los que han sido y son víctimas civiles de uno u otro lado de la frontera caliente colombo-venezolana. Tal conducta, a su vez, está tipificada por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional dentro del rubro de los "crímenes de lesa humanidad", previstos en su artículo 7.

No diferencia el Estatuto, cabe observarlo, sobre si la acción del caso la produce o provoca sólo el Estado como parte de su política, porque ella puede ser atribuida igualmente a organizaciones distintas del Estado, como las FARC, según lo precisa la norma referida.

La responsabilidad penal por crímenes internacionales es, a la luz del Estatuto y para la Corte Penal Internacional, de carácter estrictamente personal, es decir, individual, y no obsta para su exigencia la condición del imputado como de jefe de Estado o de Gobierno como tampoco el que no sea su ejecutor material, pues a la luz del instrumento normativo in comento la responsabilidad por crímenes de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto se compromete también en el caso de las personas que inducen, sean cómplices, encubridores, colaboradores o contribuidores "de algún modo" en la comisión o tentativa de comisión del crimen internacional de que se trate. El artículo 25 del Estatuto de Roma es más que ilustrativo al respecto.

Así las cosas, la verdad es que Chávez ha dejado en el camino -entre acciones, amenazas y hemorragias de palabras- signos muy comprometedores, que sumados a los que ahora aparecen en la computadora del criminal Reyes, pueden adquirir el carácter de indicios suficientes como para ver comprometida su responsabilidad en los desaguisados recientes de la guerrilla colombiana.

De modo que, el eventual o prudente arrepentimiento de Uribe, en cuanto a la acción persecutoria penal e internacional que se propone, en nada hace retroceder el camino avanzado. Los crímenes de lesa humanidad son de orden público internacional y no requieren de acusaciones formales. Son, asimismo, imprescriptibles.

Sea hoy o sea más tarde, en suma, con o sin acusación mediante, dados los elementos ventilados luego de la acción colombiana contra las FARC y su más emblemática cabeza, el fiscal ante la Corte Penal Internacional "podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de la información" corriente y por estar relacionada ella, en apariencia, con la comisión de crímenes internacionales evidentes. Así lo indica el artículo 15 del Estatuto de Roma.

(*)  El autor es profesor titular de Derecho Internacional y ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 






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