CNE desconoce Constitución

Por Venezuela Real - 10 de Marzo, 2008, 18:10, Categoría: Electorales

Maye Albornoz
TalCual
10 de marzo de 2008

Para José Peña Solís, ex magistrado del TSJ, el ente electoral interpreta de forma equivocada la Carta Magna en lo referente a las inhabilitaciones políticas del contralor Clodosbaldo Russián

El ex magistrado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Peña Solís, confesó estar sorprendido ante el anuncio de Clodosbaldo Russián de consignar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una nueva lista de venezolanos inhabilitados políticamente.

También cuestionó que las declaraciones de los rectores, Germán Yépez y Tibisay Lucena, quienes manifestaron que acogerían dichas medidas para impedir la inscripción de candidaturas de algunos sancionados.

Para Peña Solís tan sólo al revisar los preceptos más básicos del derecho, salta a la vista la colisión entre el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría y la Constitución: "Según el principio de supremacía constitucional, no hay posibilidad alguna de que ninguna ley pueda afectar lo establecido en la Carta Magna".

Asegura que la Constitución establece que sólo una sentencia firme emanada del máximo tribunal puede inhabilitar políticamente a un ciudadano. "Los rectores del CNE están haciendo una interpretación corta, errónea y rebuscada. Están desconociendo una posición categórica de la Constitución y eso es violarla a conciencia", señaló el ex magistrado.

A juicio de Peña Solís el CNE debería esperar el pronunciamiento de los jueces del TSJ antes de emitir opiniones y quienes en último término deberán declarar la inconstitucionalidad de esta ley: "Desde un principio tuvieron que declararla sin lugar. El problema es la inexistencia real de la separación de poderes en el país".

Asimismo, citó los artículos 334 y 335 de la Constitución Nacional, que obligan a los magistrados del TSJ a garantizar la efectividad, integridad y adecuada interpretación de lo que allí se establece, así como su potestad para dictar la nulidad de las leyes que sean contrarias a ella.

El ex magistrado también criticó el artículo 105 de la ley de Contraloría en tanto que establece como pena accesoria una sanción tan grave como la inhabilitación política: "Cuando un funcionario incurre en delitos en contra del patrimonio, se le aplica una multa y luego la suspensión de sus derechos políticos hasta por 15 años. Eso es la muerte civil para una persona, aquí se viola el principio de la proporcionalidad".

Apuntó un panorama poco alentador para los más de 371 venezolanos inhabilitados políticamente, pues "ante la postura del CNE, pareciera que la inhabilitación va a proceder. El TSJ tampoco ha mostrado intenciones de acatar sus competencias y pronunciarse".

En todo caso –explicó el jurista– el ejercicio del derecho establece el principio pro libertare que significa que en caso de cualquier duda, debe interpretarse la normativa a favor de los ciudadanos y sus libertades.






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