Denuncian violaciones de derechos en Venezuela

Por Venezuela Real - 12 de Marzo, 2008, 19:08, Categoría: Derechos Humanos

CASTO OCANDO
El Nuevo Herald
12 de marzo de 2008

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en una fotografía de archivo del 3 de diciembre de 2007, durante una conferencia de prensa en Caracas.

El Departamento de Estado condenó ayer las continuas prácticas que atentan contra los derechos humanos y las instituciones democráticas, promovidas o permitidas por el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez.

El informe anual ''Prácticas de Derechos Humanos'', que el Departamento de Estado elabora todos los años para examinar el tema en todos los países del mundo, cuestionó la politización del sistema judicial y ''el acoso oficial de los medios de comunicación'' en Venezuela.

''Los esfuerzos de un líder electo democráticamente, para minar instituciones democráticas e intimidar a la sociedad civil, encontraron una vigorosa resistencia'', indicó el reporte.

En contraste, el Departamento de Estado elogió al gobierno de Colombia, afirmando que ``los pasos oficiales para mejorar los derechos humanos y la situación de seguridad mostraron resultados demostrables''.

El informe se publica en medio de una investigación federal que busca determinar si existe suficiente evidencia para incluir a Venezuela en la lista de los países que patrocinan el terrorismo.

El reporte no hace mención expresa del presunto apoyo suministrado por el presidente Chávez a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo considerado terrorista por el Departamento de Estado.

Como reacción a una posible inclusión de Venezuela como estado pro terrorista, un alto diplomático del gobierno venezolano dijo ayer que la posibilidad de que el país sea calificado estado terrorista es una ``aberración y un despropósito''.

El vicecanciller para América del Norte, Jorge Valero, calificó en Caracas como `` insólito que el gobierno del señor Bush [...] pretenda erigirse como conciencia moral del mundo''.

El informe de Washington cita numerosas prácticas contra los derechos humanos, que incluyen desde torturas y maltratos de detenidos, hasta asesinatos extrajudiciales y ejecuciones sumarias, cometidas por cuerpos de seguridad del Estado.

También cita episodios conocidos como el cierre del canal independiente RCTV, el encarcelamiento sin condena de los oficiales Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, y el allanamiento de un centro social y educativo judío por parte de las fuerzas de inteligencia.

El informe dejó en claro que en el 2007 no se registraron asesinatos de motivación política, pero indicó que ``fuerzas de seguridad cometieron asesinatos al margen de la ley, incluyendo ejecuciones sumarias de sospechosos criminales''.

El reporte se hizo eco de las estadísticas elaboradas por la organización no gubernamental Provea, que registró un total de 51 casos de muertes de personas mientras éstas se encontraban bajo custodia oficial, y 165 asesinatos cometidos por fuerzas de seguridad gubernamentales entre octubre del 2006 y octubre del 2007.

Entre estos asesinatos extrajudiciales se menciona media docena cometidos por la policía de los estados Guárico y Anzoátegui, controlados por gobernadores chavistas.

En la sección dedicada a la tortura ''y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes'', el informe señaló que hubo reportes creíbles de que ''fuerzas de seguridad continuaron torturando y abusando se detenidos'', aunque reportó un agudo declive en las denuncias de trato cruel, inhumano y degradante de detenidos.
Las condiciones en las prisiones fueron descritas como ''duras''
debido a los escasos recursos, aunque el informe no mencionó un plan del Ministerio del Interior y Justicia para mejorar las condiciones carcelarias en el país.

El documento citó estadísticas del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), según las cuales fallecieron unos 498 presos al cierre del 2007, con más de 1,000 heridos por la violencia carcelaria.

''El informe muestra un claro deterioro que es más profundo, en comparación con el 2006. Los niveles son ya alarmantes, donde ya las causas dejaron de ser abiertamente jurídicas, para convertirse en causas políticas'', dijo Patricia Andrade, activista de derechos humanos que preside la organización Venezuela Awareness, con sede en Miami.





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