El Contralor

Por Venezuela Real - 18 de Marzo, 2008, 16:50, Categoría: Política Nacional

Gerardo Fernández
El Universal
18 de marzo de 2008

Las inhabilitaciones muestran el miedo del oficialismo ante candidaturas ganadoras

Las inhabilitaciones que está decidiendo el contralor general de la República con base en el artículo 105 de la Ley que rige la Contraloría, no son más que medidas que pretenden violentar los derechos políticos de los ciudadanos y son un instrumento para evitar derrotas electorales del oficialismo. Son producto del miedo que el oficialismo tiene a las candidaturas ganadoras en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes. Las inhabilitaciones en cuestión pretenden impedir que se postulen potenciales ganadores en las próximas elecciones.

Las inhabilitaciones administrativas acordadas por el contralor y el artículo en el cual se fundamentan son inconstitucionales, en la medida que mediante un acto administrativo, que es lo que dicta el contralor, no se puede impedir el ejercicio de derechos políticos de los ciudadanos, tal como lo establecen de manera clara y precisa los artículos 42 y 65 de la Constitución. Sólo mediante una sentencia judicial definitivamente firme se puede impedir el ejercicio de dichos derechos. Además, dichas inhabilitaciones se resuelven sin garantizar al afectado el debido proceso, el derecho a la defensa y violando los principios de proporcionalidad entre sanciones e infracciones y el de la presunción de inocencia.

La decisión de inhabilitación la acuerda el contralor a su más absoluta discrecionalidad, sin control de ninguna naturaleza, lo que ha permitido que actúe con desviación de poder, al utilizar esa norma, en casos muy evidentes, no para resguardar los bienes públicos y el patrimonio nacional y luchar contra la corrupción, sino para salvaguardar los intereses del oficialismo y evitar derrotas electorales.

Las inhabilitaciones lesionan el derecho a ser elegidos de los afectados, pero también lesiona el derecho al sufragio de los electores, porque se les impide votar por sus candidatos preferidos y hacerlos, con sus votos, los futuros gobernadores o alcaldes de sus circuitos electorales.






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