Cooperativistas quieren al Gobierno como patrón

Por Venezuela Real - 23 de Marzo, 2008, 11:12, Categoría: Economía

YOLANDA OJEDA REYES
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23 de marzo de 2008

Los trabajadores de un nuevo modelo tienen observaciones que hacer al estado
La lucha obrera se trasladó a las empresas expropiadas por el Estado Nuevo "empleador" debe cumplir con beneficios laborales previamente conquistados 

En las distintas empresas expropiadas o creadas por el Gobierno se ha impulsado el cooperativismo y la cogestión con el propósito de que los trabajadores asuman el control de esas unidades productivas.

Sin embargo, para los trabajadores el principal objetivo es obtener beneficios superiores a los otorgados por los antiguos patronos del sector privado. La premisa es que el nuevo patrón, el Estado, entregue los recursos sin dilación alguna y amplíe las prebendas conquistadas en la anterior convención colectiva.

Al no cumplirse este cometido, los trabajadores se percatan de que en su nueva realidad deben compartir también las pérdidas -siendo este último resultado el que ha marcado la pauta en esta nueva relación-, originándose protestas por esto.

Los emblemáticos casos de cogestión: Industria Endógena de Papel S.A. (Invepal), antigua Venepal, y la Industria Endógena de Válvulas (Inveval) comienzan a dar cuenta de una realidad que dificulta un final feliz en esta historia.

El presidente de la Cooperativa de Trabajadores de Invepal (Covimpa), Ramón Lagardera, dijo que "los trabajadores luchan por lograr una verdadera cogestión. Hasta la fecha, 51% de los accionistas (el Estado) toma las decisiones e impone sus criterios.

Queremos una real participación, no queremos ser títeres".

Tanto en Invepal como en Inveval, expropiadas en 2005 y 2003, respectivamente, los trabajadores poseen 49% de las acciones. En el primer caso, ese lote se constituyó con un préstamo del Estado por BsF 6,2 millones.

Lagardera acusó a la presidencia de Invepal de parar los recursos de esa línea de crédito, por lo que la cooperativa exige una explicación de por qué se pone en riesgo ese capital.

Asimismo, Covimpa solicitó al Tribunal Supremo de Justicia el pronto pago de sus prestaciones sociales, dinero que según Lagardera quedó pendiente cuando el Estado expropió a Venepal, fecha en la cual se cuantificaron BsF 4 millones.

"Si no se asume una verdadera cogestión: pago de pasivos y participación plena en la toma de decisiones, retomaremos la discusión en el marco de una convención colectiva en donde el Estado sea el patrón 100% y nosotros los asalariados", previo a todos los pagos pendientes, acotó Lagardera, quien no deja de reconocer el liderazgo del presidente Hugo Chávez en este "esquema revolucionario".

En 2005, cuando fue expropiada la empresa, la cooperativa (Covimpa) acordó un salario lineal de BsF 500 y a la fecha es de BsF 840, "lo que no alcanza para nada".

Lagardera observa una situación crítica.

La falta de materia prima ha colocado la producción en cero durante el primer trimestre de 2008, mientras que en 2006 las pérdidas fueron de BsF 18 millones y hasta julio de 2007 sumaban BsF 7 millones.

Los beneficios adicionales al salario se reciben en función del desempeño de la empresa, razón por la cual los trabajadores no han obtenido nada porque la empresa no ha reportado ganancias. Aun con dificultades, los anteriores dueños tenían que cumplir con los beneficios.

El ministro del Trabajo y Seguridad Social, José Ramón Rivero, expresó que su despacho sólo ha recibido un reclamo de las empresas que funcionan bajo el modelo de la cogestión.

"El último reclamo que recibimos fue la solicitud de un pago de prestaciones sociales que los antiguos dueños de Venepal tienen pendiente con esos trabajadores".

Rivero expresó que ese dinero saldrá del antiguo empleador, el cual se descontará del precio por la expropiación.

El titular del Trabajo se excusó de profundizar en el tema de la cogestión alegando que el mismo no le compete a ese despacho. En todo caso, agregó que "la cogestión tiene múltiples formas; la europea, la argentina... pero yo estoy concentrado en estos momentos en resolver el problema de Sidor".

El vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, diputado Oswaldo Vera, dice que esas prestaciones sociales formaron parte de la negociación en la expropiación. Se trató de una inversión inicial, monto que en un momento determinado se debe recuperar.

Reconoce que ha habido lentitud en el arranque de muchos proyectos, "y eso ha hecho que trabajadores no crean en este proceso".

Para el experto académico de la UCV, Oscar Bastidas, en Invepal no hay una verdadera cogestión porque el Estado toma decisiones sin reconocer la existencia del otro componente accionario. "Cuando se crea una cooperativa los trabajadores deben mejorar sus condiciones o al menos recibir los mismos beneficios".

El ministro Rivero ha reconocido que muchas convenciones colectivas del sector privado han sobrepasado con creces los beneficios previstos en la Ley Orgánica del Trabajo.

Central Azucarero Sucre (Cumanacoa).

El central azucarero expropiado en 2005 no se ha reactivado desde entonces. Y ahora se teme por la pérdida de otra zafra.

Para el momento de la medida gubernamental se tenía una capacidad de procesar 2.400 toneladas diarias de caña; sin embargo, se estaban moliendo 1.000 toneladas diarias debido a que no había suficiente producción de materia prima, una de las razones que se alegan en la actualidad para explicar los retrasos.

Se tenía elaborada una propuesta para incrementar la producción de materia prima y los antiguos dueños no se negaban a manejar el central bajo la modalidad de cogestión, pero eso nunca le fue planteado.

Esa alegría inicial de los trabajadores por la expropiación del complejo azucarero se convirtió en incertidumbre ante la lentitud de las acciones gubernamentales para el arranque definitivo. Las protestas no se han hecho esperar.

David Calzadilla, miembro directivo de la Cooperativa Azúcar Bolivariana del Monte, afirmó que de la reapertura del CAC dependen 315 trabajadores en fábrica, 900 jornaleros que limpian la caña, más de 700 cañicultores y 150 transportistas, todos ansiosos por el reinicio de las actividades.

La directora ejecutiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela (Fesoca), Elis Thaís Riera, ratificó que los pequeños productores tienen que acudir a otros centrales adyacentes para que procesen la materia prima, pero en aquellos casos en que se manejan sólo 5 hectáreas no se tiene la capacidad para pagar un flete. Es decir, "se perjudica a quien paradójicamente se intenta proteger".

Este retraso ha distorsionado todo el sector. En Cumanacoa se estaban procesando entre 60 y 80 mil toneladas de caña al año antes de la expropiación, cantidad que fue bajando hasta llegar hoy a cero.

Reconoce que el central presentaba dificultades y que los mismos productores pedían una solución, sin embargo se esperaba que se reactivara en forma inmediata y no como ha ocurrido.

Los trabajadores perdieron todos los beneficios sociales, aseguró Riera.

Fesoca informó que esa cantidad de caña de azúcar diferida, sin cosechar en los campos, se traduce en unas 75.000 toneladas de azúcar que dejan de producirse.

Frank Márquez, trabajador de la planta de agua, dijo que se han perdido dos zafras y temen que se pierda otra. Los pequeños productores han dejado de sembrar. A esto se suma una división entre quienes quieren seguir estando bajo la figura de cooperativa o ser asalariados.

Se espera que el central arranque en abril de 2008 como lo anunció el ministro de Agricultura y Tierra, Elías Jaua.

Harina precocida.

Con las plantas de harina precocida el Gobierno se juega otra carta: el contrato directo del personal, sin que éste forme parte de ninguna cooperativa.

En Urachiche, estado Yaracuy, está la primera planta que entró en funcionamiento.

Las banderas de Venezuela e Irán ondean juntas en la entrada de esta empresa, diagonal a los silos de Casa. Allí se procesan unas 30 toneladas diarias (30.000 kilos).

Los consejos comunales son los que postulan a los trabajadores, 93 en total, y promueven ideas para mejorar el abastecimiento en la comunidad. Tal es el caso del CC Camunare Rojo, integrado por Tibisay Ortega, Benigno Rodríguez (El Gato) y Humberto Gudiño, quienes propusieron la creación de un mercado comunitario.

En la planta de Urachiche, el kilo de harina se ofrece a 1.080 (BsF 1,08) y en las puertas de la planta hay una bodega en donde venden 6 kilos por persona o una bolsa "tipo combo" con caraotas, azúcar, café, arroz, rubros en su mayoría importados, que se empaquetan en unidades diseñados por la CVA dentro del marco de un acuerdo técnico con Cuba, dentro del Alba. La marca "Venezuela Socialista", es la que identifica a todos estos productos foráneos y, en menor medida, locales.

Dayannys Arroyo es la encargada del área social y en su rol se asegura que la harina llegue a Mercal, "al pueblo". Cuando la planta esté en plena capacidad se procesarán 72 toneladas diarias de maíz para obtener 47 toneladas (47.000 kilos) de harina precocida. Se muestra orgullosa de que en Urachiche "haya ganado el Sí" en el referendo de la reforma a la Constitución.

José Antonio Pelayo, coordinador de la planta, dijo que hay cuatro turnos rotativos y aseguró que están cubriendo con la venta del producto buena parte de los costos de producción. Pero aclara que "tenemos que sacarnos del hueso el capitalismo", aunque alega que hay diferencias de ingresos según la responsabilidad y que "todos estamos por encima del salario mínimo". Un promedio de BsF 714, sumado a ticket de consumo, HCM y pólizas de vida porque "no es sólo explotar el hombre por el hombre". Espera muy pronto el autosostenimiento.

Tomatera La Caicareña.

Para Beltrán Trujillo Centeno, presidente de la tomatera La Caicareña, en el municipio Cedeño del estado Monagas, la "toma" de la empresa responde a una vieja aspiración. Recuerda que "esa planta nació con la pata coja y por eso fue a parar a manos de la Heinz, que la convirtió, por muchos años en una planta receptora de pasta extranjera con una apariencia de planta local".

Cuando en 1995 el actual gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño, gana la reelección de la alcaldía del municipio Cedeño, comenzó a promover la iniciativa de rescatar esta planta, lo cual se concretó en 2005 cuando fue expropiada. La inauguración fue en junio de 2007.

Los trabajadores reciben los beneficios de ley y se espera que para 2009 se triplique la nómina de empleados. Es un proyecto que depende de la Gobernación de Monagas. Se anunció la apertura para finales de abril o principios de mayo de 2008.

Se trabaja con 310 productores, entre cooperativas e independientes de la zona con 1.500 hectáreas de tomate, de las cuales unas 900 se destinarán realmente a La Caicareña.

A los productores se les garantizará 50% del pago en el momento de la recepción del tomate. Marly Alvarado, de la Secretaría de Desarrollo Endógeno, un ente adscrito al gobierno regional, explicó que luego de cumplirse con trámites burocráticos y legales, se molieron 40.000 kilos de tomates para hacer las pruebas de la planta y todo resultó satisfactorio.

Con el arranque se duplicará el turno. Se requieren en planta 52 personas, pero con zafra se eleva a 85. Es una estructura altamente tecnificada con poca intensidad en mano de obra. La capacidad de procesamiento es de 660 toneladas/día de tomate.

 PRODUCCIÓN LIMITADA
A través de la CVA
se espera instalar 10 plantas para producir harina de maíz precocida, procesando en cada una de ellas 1% de la producción de maíz.

La planta de Urachiche
forma parte de un proyecto llave en mano con el Gobierno de Irán. La segunda, Juana Ramírez La Avanzadora, aún está en período de prueba.

La red Makro
surtirá de azúcar a la Tomatera La Caicareña, pero en el mediano plazo la recibirá de un central azucarero, con tecnología cubana, que se construirá entre Maturín y Guayabal.

Estimaciones
de población de 2007, revelan que, en promedio, cada venezolano consume al mes dos kilos de harina de maíz precocida y 220 gramos de salsa de tomate.

Para Vera,
avanza "la empresa social del Estado, gerenciada, dirigida y capitalizada por sus trabajadores, como es el modelo de la distribución de gas en donde los consejos comunales fijan las condiciones laborales".

Fedeagro señala
que "la producción agrícola está y seguirá estancada", y alerta sobre el peligro de la agricultura de puertos "que nos arruina". El presidente Hugo Chávez reconoce que "80% de las caraotas son importadas, y la leche y la carne (...) eso no se puede".


 NÚMEROS
La Caicareña
Compra de las instalaciones de Heinz (Galpón): BsF 550 mil. Obra civil: BsF 4 millones. Línea completa a la empresa: BsF 11,5 millones.

Tropical Food
(Italo brasileña). Capital de trabajo: BsF 2,5 millones.
Fuente: Gobernación de Monagas

 SIN VÁLVULAS
El Consejo de Ministros aprobó Bsf 27 millones para el presupuesto de 2008 de Inveval. La producción de la empresa es casi nula pues no cuenta con una fundición. La división de los trabajadores es evidente. Pese a que fueron constituidos en consejo de trabajadores desde octubre de 2007, se declaran insatisfechos con el modelo y a favor de que el Estado, dueño de 51% de las acciones, asuma la totalidad del paquete accionario.

Fuente: Frente Revolucionario de Empresas de Cogestión y Tomadas por el Estado (Freteco).










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