Las cifras sin vida

Por Venezuela Real - 24 de Marzo, 2008, 17:12, Categoría: Seguridad/Inseguridad

Patricia Clarembaux
TalCual
24 de marzo de 2008

A pesar de los planes contra la inseguridad promovidos por los 10 ministros de Interior y Justicia de Chávez, a la revolución el homicidio se le escapó de las manos

Del homicidio nadie se salva.

Para muestra Luigi Ollari Pioli, subinspector de Polichacao, quien como de costumbre fue por una pizza en el café Hilda de Bello Monte, sin saber que aquella noche, la del lunes de Semana Santa, encontraría la muerte. Cuatro antisociales intentaron asaltar el local y en el intento de frustrar aquellas pretensiones, Ollari recibió dos disparos en el pecho que le cortaron la respiración.

En su casa, en el edificio Marechano, a una cuadra de la escena del crimen, la madre lloraba desconsolada. En el café, la escena también se llenó de lágrimas y versiones que siempre terminaron con los lamentos por la muerte de quien todos reconocieron como "un gran amigo". Así se cierran todas las historias de las familias venezolanas que pierden hijos, hermanos, tíos o amigos como consecuencia de este delito que el Gobierno no ha sabido combatir.

Cifras exactas no hay. Dijo el ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, que gracias al operativo Caracas Segura 2008 la ocurrencia para la semana ocho del año disminuyó 68,7% en el Área Metropolitana de Caracas, y que sólo registraron 37 asesinatos, pero aclaró: "Conocidos".

Luego llegó la semana 10 y, de nuevo, señaló que las muertes violentas en Caracas cayeron a 26, pero recordó que más allá de unas estadísticas, los resultados se palpan en las manifestaciones de seguridad que siente la gente al tener a los policías en la calle.

NÚMEROS ROJOS

Desde el momento en que las autoridades de Interior y Justicia acordaron en 2004 que la información relacionada con el tema del homicidio era materia reservada al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), las cifras se diversificaron entre los periodistas que decidieron contabilizarlas en las morgues y las organizaciones no gubernamentales que accedieron a ellas por los caminos verdes.

Cuando terminaba 2007, el Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso) estimó que 53 de cada 100 mil habitantes fueron asesinados en Venezuela. La Alcaldía de Chacao con su Plan 180° señaló que eran 68 por cada 100 mil los ciudadanos muertos violentamente. Pero el problema ya venía creciendo con los años.

Según Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, entre 1994 y 1998 el país fue víctima de entre 4 mil y 4.700 hechos de sangre.

"Pero a partir de 1999 se instaura una crisis", asegura, "pues las tasas de homicidios se incrementaron. Sólo descendieron en 2001, pero en 2002 y 2003 siguieron subiendo. En 2003 ocurrieron en Venezuela 13.200 homicidios, unos 51 por cada 100 mil habitantes, cinco veces más de los que teníamos en 1984", explica.

La tendencia que refiere el sociólogo coincide con la del MIJ en la forma de la curva, pero no en sus números totales, porque en esta instancia no contabilizan ni los casos en averiguación, ni las muertes por "enfrentamientos". Según refieren, el presidente Hugo Chávez en 1999 recibió un país con un índice de 5.974 homicidios, que en 2000 llegaron a 8.022 y que, tal como dice Briceño León, disminuyeron sólo en 2001 alcanzando un récord –irrepetible– de 7.960 muertos. De ahí en adelante, los números sólo sumaron 9.620 asesinatos para 2002, 11.342 en 2003, 9.719 en 2004, 9.962 en 2005, 12.257 en 2006, cerrando el 2007 con 12.829.

Venezuela, para 2006, terminó con 68 homicidios por cada 100 mil habitantes. Mientras, Colombia, un país en guerra con grupos irregulares, registró 38 por cada 100 mil con una tendencia a la baja. Con estas cifras, el director del Observatorio de Violencia no duda en asegurar que "pasamos a ser el país con mayor violencia en América Latina".

EL MEOLLO DEL ASUNTO

En la política de seguridad que viene funcionando desde 1999, ha imperado la multiplicidad de planes de cada uno de los diez ministros que han ocupado la cartera de Interior y Justicia.

Inauguró Luis Miquilena, quien por primera vez en el Gobierno del presidente Chávez instauró el Plan de Seguridad Ciudadana, acompañado por el desarme pacífico de las 30 cárceles venezolanas: "En estos nueve meses el país vivirá una seguridad extrema", prometió. Luego, sucedió Ignacio Arcaya en 2000, bajo la promesa de la continuidad de las acciones que se emprendían en la gestión anterior. Pero no obtuvo resultados alentadores, pues en su mandato los homicidios aumentaron de 5.974 a 8.022 casos.

Entonces llega Luis Alfonso Dávila en 2001 quien, siguiendo los lineamientos del Presidente, hizo énfasis en tres aspectos: educación, prevención del delito y respeto a los Derechos Humanos.

Y aunque el primer mandatario le dijera en una ocasión que todavía había cosas por mejorar en materia de seguridad, fue el único que logró reducir los índices de homicidios.

Le siguió Diosdado Cabello, quien sería el primero en desarrollar el plan Desarme Nacional: "Le pediré colaboración a toda la población venezolana", refirió. Así, el 2 de agosto de 2002 quedó decretada la Ley para el Desarme, en la Gaceta Oficial 37.509, en cuyo artículo ocho se dispuso el otorgamiento de un incentivo económico a aquellas personas que voluntariamente entregaran sus armas de fuego. Y aunque el otrora ministro de la Defensa, G/J (Ej.) Jorge Luis García Carneiro, realizara tres actos de destrucción de armas, donde fundieron 50 toneladas de metal, los resultados apenas se notaron, pues el operativo no se desarrolló en el ámbito nacional.

En el turno continuó el G/J (Ej.) Lucas Rincón, quien en 2003 asumió el cargo con la idea de materializar un plan de seguridad integral, en el que pudiera unificar la acción de los cuerpos policiales para mejores resultados. Pero qué va, no le funcionó la idea, pues durante la prestación de sus servicios se superaron los once mil homicidios en el país.

Fue nombrado entonces Jesse Chacón Escamillo, quien se mantuvo como ministro de Interior y Justicia desde 2004 hasta 2007, como el funcionario que más tiempo duró en el cargo.Trajo algunas novedades como la constitución de la Comisión Nacional para la Reforma Policial con el fin de efectuar el diagnóstico de los cuerpos del Estado y promovió un plan piloto de seguridad en Caracas en conjunción con un contingente de la Guardia Nacional, en vista de las carencias de los organismos de seguridad existentes: "Mi labor es proporcionarle seguridad a la ciudadanía, y si ello quiere decir que tengamos que sustituir a los agentes de las policías locales, lo haremos", dijo.

Luego propuso el plan nacional de control de armas con tres aristas: la supervisión del armamento en manos de las policías, de las involucradas en procesos penales y el desarme de la población. El ex presidente del Bandes, Edgar Hernández Behrens, en un reconocimiento de que Venezuela era el primer país del mundo en muertes por arma de fuego, propuso un incentivo: pagaría 300 mil bolívares por revólver y 500 mil por pistola. Pero aquello nunca se concretó.

El desarme continuaba sin lograr resultados. El ministro Chacón retomó entonces el tema de los incentivos en la enrega de armas de fuego con el argumento de que "mientras menos pistolas circulen en la calle, menos violencia tendremos en el país". Tampoco de esto se obtuvieron mayores noticias o resultados.

En enero de 2007, el cargo lo asumió Pedro Carreño, en cuya gestión, asegura Briceño León, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes acumuló un crecimiento de 300% durante los nueve años de Chávez. El ex diputado asumió un nuevo operativo de seguridad ciudadana en Caracas, pero durante su gestión el oscurecimiento de las cifras oficiales por muertes violentas en el país fue una norma.

En 2008, asume por segunda vez el cargo de ministro de Interior y Justicia Ramón Rodríguez Chacín, con la promesa de que a través del operativo Caracas Segura 2008 podría reducir los índices delictivos en la capital y llevar el ejemplo al resto de los estados de mayor incidencia, como Carabobo, Zulia, Aragua, Miranda y Lara.

ASÍ NO SE HACE

Para el ex director de la Policía Técnica Judicial, comisario Elisio Guzmán, la cifra de homicidios continúa en ascenso puesto que los ministros "han abordado el problema de manera equivocada. Como se diversificó la estadística, desconocemos la ocurrencia real por lo que las soluciones no se encaminan correctamente", afirmó.

En su percepción, esa sensación de satisfacción que manifiesta la gente con los operativos no es suficiente: "Las personas sienten el efecto de seguridad, pero no se está resolviendo el problema real", explica. Su experiencia en materia policial le permite concluir el posible análisis que un delincuente común haría del operativo Caracas Segura 2008: "Ellos ven en qué zonas se instalan los funcionarios, el modus operandi, dónde se encuentran los puestos de control y se inventan maneras de evadirlos", dice.

El criminólogo Fermín Mármol León diagnostica la misma situación. Manifiesta que lo importante es el monitoreo de los resultados por zona y en el tiempo, para asegurar la aplicación del procedimiento que haya dado mejores resultados incluso en otras localidades: "No se pueden dar estimaciones al boleo con apenas diez semanas de plan, pues usted puede manipular cifras en otros delitos, pero las de homicidios no porque el muerto existe y no se puede esconder". Paralelamente, sugiere que se retomen los planes de desarme ilegal de la población, pues asegura que 96% de las muertes violentas son causadas con armas de fuego.

Incluso en 2006, el viceministro de seguridad ciudadana del MIJ, Jesús Villegas Solarte, reconoció que el plan de seguridad ciudadana que se venía aplicando desde 2004, le permitió a la delincuencia adquirir conocimiento de las estrategias utilizadas y eso les facilitó la evasión de los controles policiales.

El comisario Guzmán explica que la solución se concretará cuando se detecten las zonas, procedimientos de actuación y ubicación de los delincuentes para aplicar los correctivos: "No para agarrarlos y luego devolverlos a la calle tal como pasa actualmente, porque no tienes capacidad en la Fiscalía para presentarlos, en los tribunales para juzgarlos y en las cárceles para reeducarlos".





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