Barinas en el debate

Por Venezuela Real - 30 de Marzo, 2008, 16:57, Categoría: Corrupción

El Universal
30 de marzo de 2008

Año tras año la administración del gobernador Hugo de los Reyes Chávez y hasta la gestión de su esposa Elena Frías en la Fundación del Niño han estado salpicadas de denuncias

Las recientes denuncias contra familiares del Presidente palidecen ante olvidadas acusaciones de años pasados sobre graves irregularidades administrativas comprobadas por la propia Contraloría barinesa Por Oscar Medina

Recuento.

Si es por investigar asuntos en Barinas de esos que involucran cantidades interesantes, cuentas turbias y sospechas de manejos impropios, algún diligente funcionario debería ir a esa oficina de la Fiscalía General donde -quién sabe- deben estar apiladas y polvorientas las denuncias que desde el año 2000 se presentan pidiendo explicaciones sobre la manera en que la administración del gobernador Hugo de los Reyes Chávez se entiende con los dineros públicos.


Ya en octubre de 2000, finalizando el primer año de su segundo período al frente de la gobernación, los entonces diputados regionales Antonio Bastidas y Rafael Riera formalizaron ante el Ministerio Público y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional una acusación contra el gobernador, la contralora, el director de Planificación y Presupuesto, el director de Administración y varios ex legisladores de Barinas por la presunta malversación de 57 mil millones de bolívares (de los de antes): "Declararon una supuesta emergencia y utilizaron el dinero de los salarios de los empleados públicos para financiar la campaña electoral", recuerda Bastidas, ahora dirigente de Un Nuevo Tiempo: "Designaron a la fiscal Mery Martínez, pero no pasó nada con eso".

Tampoco se ocuparon de otros señalamientos que se ventilaron en aquellos años cuando en la Comisión de Contraloría del Legislativo barinés estaban al frente estos diputados opositores.

A finales de 2002, por citar ejemplos, Bastidas denunció tráfico de indocumentados en la región; el 14 de marzo de 2003 solicitaron investigar la presencia del grupo "guerrillero" Fuerza Bolivariana de Liberación en los municipios Zamora y Andrés Eloy Blanco ante la aparente complacencia de la Fuerza Armada y de los alcaldes; en junio de ese año Bastidas y el diputado Alfonso Marquina pidieron a la Fiscalía que exigiera explicaciones al hoy ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, sobre la compra de una finca -Hato Corocito- de 1.273 hectáreas en la parroquia Toruno del municipio Barinas a través de la Agropecuaria Don Pío, propiedad de sus dos hijas y en la que él aparece como director general; y en marzo de 2004 se denunció la violación de procesos administrativos en el manejo de más de 6 mil 923 millones de bolívares otorgados por el Ejecutivo Nacional a la gobernación para honrar deudas con la caja de ahorros de los docentes.

Bastidas explica el caso: "Los recursos llegaron y los depositaron directamente en un banco sin integrarlos al presupuesto, como manda la ley. A los docentes les pagaron desde el banco, pero además detectamos la existencia de una nómina fantasma de 112 docentes que recibieron pagos sin órdenes y sin recibos".

El ex diputado muestra uno de muchos papeles similares: en ese la entonces directora de Salvaguarda de la Fiscalía General, Livia Romero Sánchez, le informa sobre la designación de un fiscal que se encargaría de las investigaciones.

Ese papel tiene un código: DS-20-1877.

Y hay más: el DS-11-1705, que habla de un fiscal que se haría cargo de meter la lupa en los "hechos de carácter presuntamente irregular" encontrados en la Memoria y Cuenta del año 2001 del gobernador barinés; el DS-11-16929 que habla de otro que tramitaría el asunto de Rodríguez Chacín; el oficio 02-01-208 que envió la Contraloría General a los legisladores Bastidas y Malquides Ocaña (entonces presidente del Consejo Legislativo) el 31 de julio de 2003 notificando que se habían recibido sus denuncias por irregularidades en la gobernación y los entes locales Intravial y Fundavivienda.

Y uno de noviembre de 2004 (DC-01-03-955) en el que el contralor, Valentín Pineda Márquez, reconoce que "efectivamente hubo la omisión en el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Régimen Presupuestario" en el caso de los más de 6 mil 923 millones de bolívares adeudados a los docentes. "Pero todo eso quedó así".

También hubo, faltaba más, acusaciones por compras a través de otro. En 2003, Bastidas, en su condición de presidente de la Comisión de Contraloría del Legislativo regional, investigó y denunció a Carlos Eduardo Rojas Márquez por su presunta condición de testaferro del gobernador.

En febrero de ese año Rojas compró una finca por 55 millones de bolívares en el sector Olmedillo del municipio Obispos de Barinas. Bastidas señaló en su denuncia que Rojas era también administrador de "una finca de Nacho Chávez en el sector Santa Lucía y socio de su hijo Klever" (Klever Chávez, por cierto, hoy maneja los programas sociales del despacho).

Planteó que Rojas "era profesor de natación y el gobernador le está pagando a este testaferro con creces: le está dando contratos de obras a través de los institutos o direcciones del Ejecutivo regional para una empresa que tiene apenas un año de registrada".

La Constructora EJ -propiedad de Rojas- fue registrada en enero de 2002 con un capital de 50 millones. Para la fecha de la denuncia se pudieron comprobar contratos asignados por unos 3 mil 300 millones en obras para Intravial, Hidroandes, Fundavivienda y la Dirección de Obras Públicas.

"Una empresa no puede adquirir contratos por más de 10 a 15 veces el valor que tiene en capital", señaló: "Y es más, eso lo entregaron a dedo".

Sobre esta propiedad en entredicho, Bastidas apuntó lo que según él es una costumbre: "Utilizan los recursos del Estado para mejorar la vialidad que lleva a sus fincas. El gobernador destinó 450 millones para asfaltar la vía San José-Olmedillo, hasta la puerta de su finca".

Los papeles lo dicen

Si bien esas denuncias (que no son todas las que hay), siguiendo los actuales criterios políticos y aun cuando -como aclara Bastidas- "todos esos ilícitos fueron comprobados por los organismos de contraloría", pudieran asumirse como meros ataques del bando opositor para sabotear la revolución, los legisladores de entonces pudieron ver los informes que la Contraloría regional emitió sobre la Memoria y Cuenta de la gestión del maestro Chávez. Los vieron tarde, eso sí, y sólo hasta los años 2000 y 2001 porque ante la presencia de diputados de otros bandos, el del año 2002 quedó engavetado para evitar el escándalo de una tercera desaprobación consecutiva de la administración del padre del Presidente.

En la Memoria y Cuenta de 2000, recuerda Bastidas, la propia Contraloría del Estado señaló que la gobernación era inauditable: "No cuadraban las cuentas entre la Tesorería y la dirección de Administración". Ya entonces con la Fundación del Niño, presidida por la primera dama regional, se llegó a la misma conclusión: era inauditable y manejaba un presupuesto de 1.800 millones de bolívares. "Se estimó en más de 17 mil 280 millones el dinero que no aparecía reflejado correctamente. La Contraloría también señaló que entre Fundavivienda, Intravial, el Fondo de Crédito de Barinas (Foncreb), la Corporación Barinesa de Turismo y la Fundación del Niño manejaban más de 22 mil 613 millones, un monto sobre el cual no se atrevían a asegurar su buen uso y a esas instituciones las calificaron también de inauditables".

Para discutir sobre la Memoria y Cuenta del año 2001 y sobre el informe de la Contraloría, los legisladores tuvieron que esperar hasta 2003. Y lo que encontró la entonces contralora, Odilia Traspuesto, era que las cosas no habían mejorado: "la Administración Pública estadal no está cumpliendo con la normativa legal vigente en materia de control interno (...) la Gobernación ha incurrido en inobservancias de la Ley de Licitaciones, Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, Ley Orgánica de Hacienda del Estado, Normas Generales de Control Interno, entre otras".

La Comisión de Contraloría (Bastidas, Ocaña, Rafael Riera y Miguel Ángel Rosales) también sacó sus conclusiones e hizo sus hallazgos: las decisiones económicas se asumieron de manera improvisada, hubo un "uso abusivo de los traslados de recursos entre partidas" a razón de 33 decretos mensuales para tal fin, se crearon 93 nuevas partidas, no hubo control en la contratación y pago de obras y un largo etcétera que se parece mucho a lo que señalaron con respecto a la Memoria y Cuenta del año 2002.

Como las gestiones de 2000 y 2001 resultaron improbadas en el Legislativo, los números de 2002 además de llegar tarde (en 2004) no se discutieron de acuerdo a la norma. Bastidas obtuvo "por la vía extraoficial" el informe que la contralora Odilia Traspuesto entregó al Consejo Legislativo el 17 de febrero y que fue engavetado de inmediato. El 1 de agosto, Expediente publicó los detalles de ese informe que no hacía otra cosa que evidenciar que la situación no mejoraba.

Por ejemplo: cerca de 7 mil millones de bolívares se encontraban en una nebulosa debido a la incongruencia entre la cuenta de reservas del Tesoro y los registros contables.

El presupuesto que entonces manejó el Ejecutivo regional pasaba de 176 millardos y, siempre de acuerdo al informe de la Contraloría, los entes público barineses violaron reiteradamente las leyes de Licitaciones, Régimen Presupuestario y de Hacienda del estado además de las normas de control interno. Se advirtió también sobre el "uso indiscriminado de decretos de emergencia", la "adquisición de compromisos sin la correspondiente disponibilidad presupuestaria", "ocultamiento de información financiera"; la "falta de planificación, revisión y seguimiento en la ejecución del presupuesto", entre otras fallas. Para el recuerdo quedaron las evidencias de sobreprecio por 779 millones en compras de inmuebles y el extraño negocio de la sede del Consejo Legislativo: el edificio lo adquirió un particular por 185 millones y cinco meses después (septiembre de 2002) el Gobierno lo compró por 603 millones.

La Fundación del Niño, manejada por Elena Frías de Chávez con un presupuesto de 1.400 millones (casi diez veces lo que recibió el hospital más importante de Barinas), tampoco resultó muy transparente. De ella dijo la contralora: "...maneja a su capricho los registros (contables) que no tienen ni siquiera validez porque se transcriben en hojas no autorizadas". Lo de Foncreb es quizás peor. Ese organismo, en cuyo directorio participa Argenis Chávez, según el análisis de la Contraloría no tenía ningún control interno "que garantice salvaguardar los recursos". Y ese año dispusieron de más de 6 millardos.
 
 
 
 






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