Ignacio Álvarez: "Gobierno no debe crear medios solo para favorecer sus visiones"

Por Venezuela Real - 31 de Marzo, 2008, 14:53, Categoría: Libertad de Expresión

JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
31 de marzo de 2008

Entrevista a Ignacio Álvarez, saliente relator especial para la libertad de expresión de la CIDH
Álvarez no optará para otro período en la Relatoría de Libertad de Expresión. "Me ofrecieron pasar a otras funciones dentro de la OEA", manifestó
"(Sin RCTV en señal abierta) el poder de formación de opinión y de difusión de información se redujo en Venezuela"

En marzo de 2006, Ignacio Álvarez se convirtió en el primer venezolano en ocupar la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo creado en 1997 para velar por el derecho de todos los habitantes del hemisferio a emitir y recibir libremente opiniones e informaciones.

Sin embargo, a mediados de febrero anunció que no optaría por un nuevo período de dos años. La razón no la ha querido develar totalmente. Simplemente ha dicho: "Me ofrecieron pasar a otras funciones en la Organización de Estados Americanos (OEA)".

Cuando restan horas para que abandone el cargo, hace balance de su gestión. Dice sentirse satisfecho, pues deja una Relatoría con 10 trabajadores, cuando él la recibió tenía uno; y además de que ha enviado más casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo reconoce sin ambages que la no renovación de la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) fue el momento más difícil que tuvo que afrontar.

-Dentro de unas semanas se conmemorará el primer aniversario de la salida de RCTV del aire. ¿Qué evaluación hace de este hecho?
-Con la salida de RCTV de la señal abierta se alteró el pluralismo en Venezuela. Hoy en día las personas tienen muchísimo menos acceso a un canal independiente y crítico al gobierno. El poder de formación de opinión y de difusión de información se ha reducido. El canal llegaba al 80% de Venezuela, es decir a unos 20 millones de personas, y tenía una línea editorial independiente, la no renovación de su concesión alteró las posibilidades de las personas de obtener información sobre los asuntos que les conciernen desde distintas perspectivas.

Hoy en día si alguien sintoniza un canal en Mérida, por ejemplo, probablemente va a tener acceso a información neutra o favorable al gobierno y si es crítica, pues muy poco crítica, pero esa línea abiertamente cuestionadora casi desapareció, al menos en el caso de las personas que no tienen acceso a los sistemas de cable.

-Ha transcurrido casi un año y el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado sobre la legalidad de la decisión del Ejecutivo ni sobre el destino de los equipos de RCTV, los cuales siguen siendo utilizados por la Televisora Venezolana Social (TVes) sin ningún tipo de compensación. ¿Qué mensaje envía el TSJ al mundo?
-Sobre la decisión de los equipos la primera impresión que tengo, pues la Relatoría no ha hecho un pronunciamiento formal al respecto, es que parece confiscatoria. A través de una medida cautelar en la práctica se despojó a RCTV de sus equipos sin ningún tipo de compensación y allí pudiera haber ciertamente una afectación a la propiedad y a otros derechos.

-Después del 27 de mayo, el gobierno ha lanzado distintas amenazas y advertencias a Globovisión. ¿Cree que hay posibilidades de que lo que pasó con RCTV se repita, bien sea en Venezuela o en otro país?
-Desde la Relatoría vemos con preocupación la situación de Globovisión. Los llamados desde el gobierno para actuar en contra del canal nos preocupan y nos preocupan mucho. No desconozco que la programación de Globovisión pueda ser desagradable, que pueda considerarse grosera y conflictiva, pero creo que eso es necesario en una democracia. El clima contra Globovisión es de hostilidad y presión, yo espero que no se llegue al cierre. Pero más allá de que se dé el cierre del canal, los periodistas no tienen porque vivir amedrentados, hay que dejarles ejercer su libertad de expresión y si en algún momento incurren en alguna infracción, pues que un tribunal independiente los sancione, pero respetándoles el debido proceso.

Ahora, sobre la posibilidad real de que se repita lo de RCTV, debo decir lo siguiente: Yo creo que el costo político que tuvo la medida es uno de los mensajes para los demás gobiernos de la región. El impacto que tuvo a nivel mundial la decisión no puede desecharse. Además, hay que esperar lo que puedan decidir la Comisión y la Corte IDH. Se debe recordar que en Perú hubo un caso donde se le despojó a una persona la propiedad de su canal y las instancias internacionales ordenaron el regreso del canal.

-¿Usted cree que las condenas y el desprestigio internacional que le supuso al gobierno venezolano la no extensión de la licencia a una televisora, por el simple hecho de que se oponía a él, podrían impedir situaciones similares?
-Sí, yo esperaría eso, pero además agregaría que los gobiernos de la región están regidos por convenios internacionales. Hay muchos gobiernos de la región que tienen una relación tirante con medios de comunicación, pero mientras eso no se convierta en restricciones a la libertad de expresión puede formar parte del juego democrático. Los gobernantes también tiene libertad de expresión, el tema es que no utilicen el poder para afectar a los medios de comunicación, para cerrarlos o para que se autocensuren.

-El gobierno venezolano ha dicho que tenía el derecho a no a renovar la concesión y que ejerció esa potestad. Sin embargo, tanto su despacho como la CIDH han realizado una serie de sugerencias sobre la manera cómo se deben otorgar las concesiones audiovisuales. ¿La concesión dada a TVes se ajustó a esos parámetros?
-Uno de los elementos fundamentales en Derechos Humanos es la no discriminación. Yo hasta ahora no he encontrado ninguna explicación de por qué a Venevisión y a Venezolana de Televisión sí se les renovó la concesión y a RCTV no. Yo se lo pregunté al agente del Estado ante los organismos del sistema interamericano (Germán Saltrón) y la respuesta que obtuve fue: Es potestad del Estado decidir a quién se le entrega un permiso y a quién no. El tema, en mi opinión, pudiera determinar que hubo discriminación si no se explican las diferencias en el trato.

Otro elemento es que haya debido proceso y que las decisiones las adopten órganos independientes. Cuando el presidente anuncia el 28 de diciembre de 2006 que decidió no renovarle la concesión a RCTV, pues puso en tela de juicio que se haya respetado el debido proceso, porque primero se anunció y luego se comenzó a argumentar la medida. Sin embargo, no quiero adentrarme mucho más en el tema porque estoy impedido de hacerlo porque aún la CIDH no se ha pronunciado sobre el asunto y una opinión mía pudiera prejuiciar o afectar el resultado final del caso. No puedo decir si hubo o no violación de derechos humanos.

-¿Usted cree que este asunto pueda dirimirse en la Corte IDH? ¿Tiene fundamentos?
-Sí hay posibilidades, porque Venezuela ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos y asumió las obligaciones que ella imponía. No hay nada que impida que este caso llegue a la Corte. Es más ya hay un caso que tiene que ver con las agresiones a periodistas y directivos de RCTV en la Corte.

-¿A ese caso se le puede sumar el de la no renovación? En Venezuela algunos han dicho que no
-No puedo afirmar si se pueden acumular. Lo que sí puedo decir es que el hecho de que hubiera un pronunciamiento por el caso de las agresiones no impide que haya otro por el de la no renovación de la concesión.

-Su despacho y la CIDH han expresado su preocupación por la reforma del Código Penal, con la cual se reforzaron las figuras de los delitos de opinón (difamación e injuria); así como por la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley de Contenidos). ¿Han medido si estos instrumentos han fomentado la autocensura?
-Al inicio de la actual administración el gobierno tuvo buenas relaciones con los medios, las cuales se fueron deteriorando hasta llegar al intento de golpe de Estado. En ese contexto se dieron las agresiones a periodistas, las reformas legislativas mencionadas y numerosos procesos por difamación contra periodistas, algunos de los cuales terminaron con condenas. Con el paso de los años la Relatoría ha venido expresando su preocupación y le ha pedido al gobierno que derogue las leyes de desacato, así como que ponga freno a las amenazas contra los comunicadores, pues esto tiene un efecto importante de autocensura.

Cuando los periodistas comienzan a ver que sus colegas están amenazados y que algunos están en la cárcel, se da la autocensura, porque el mensaje es sino se meten con los funcionarios públicos les irá mejor y allí pierde la sociedad, la cual no recibe toda la información que necesita para formarse una opinión.

-¿Qué opinión le merecen las intenciones del gobierno de crear una hegemonía comunicacional y los millones de bolívares que ha destinado a crear una red de medios alternativos para contrarrestar a los medios privados?
-Los medios comunitarios prestan un servicio muy importante a sus comunidades y no hay que confundir lo que es la esencia de una radio o televisora comunitaria con lo que es una radio local pagada por el Gobierno (¿) No se deben crear medios con fondos del Estado que sirvan nada más a un sector de la población o a las visiones del Gobierno, esto es una desnaturalización de las obligaciones del Estado.





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