¿El Contralor o el pueblo?

Por Venezuela Real - 13 de Abril, 2008, 12:59, Categoría: Política Nacional

Tulio Hernández
El Nacional
13 de abril de 2008

Es necesario reconocerlo y celebrarlo. Haciendo caso omiso al ventajismo oficial, pero también a las prédicas de la oposición más inconsistente y aventurera, los venezolanos de fe inequívocamente democrática han venido haciendo esfuerzos para lograr que la población que adversa al presidente Chávez recupere la confianza en el voto como el instrumento más idóneo para contener su proyecto de autoritarismo del siglo XXI.

Gracias a esa persistencia, en el pasado referendo de diciembre de 2007 se impidió que la abstención alcanzara niveles preocupantes y se logró asestarle la primera gran derrota electoral al proyecto bolivariano al tiempo que refrenar, aunque sea por un breve tiempo, el intento oficialista de imponer una nueva carta magna disfrazada de reforma y un modelo de sociedad distinto al aprobado popularmente en la Constitución de 1999.

A contracorriente del sector que llama a la rebelión pero nunca la emprende, la oposición democrática, con miras a no volver a ceder espacios políticos como en las elecciones legislativas de 2005, se ha visto obligada a tolerar prácticas que en una democracia avanzada serían intolerables.

A regañadientes, ha tenido que aceptar la forma amañada como se ha colocando sin pudor alguno a militantes de las filas oficiales al frente del organismo árbitro electoral, tal y como se hizo con Jorge Rodríguez quien apenas salió del cargo de presidente del CNE fue nombrado, primero, vicepresidente de la República y, luego, nada más y nada menos que encargado nacional de la organización del partido de Hugo Chávez. También, la manera poco honorable como los rectores oficialistas se niegan a sancionar al Presidente y sus ministros ante sus prácticas de ventajismo electoral sancionadas por la ley.

Pero, antes que una derrota, este forcejeo con una realidad adversa y una lógica de poder aplastante, ha sido una fuente de aprendizaje y una lección de realismo político mediante la cual dirigentes y activistas dedicados a la vigilancia de los procesos electorales, han mostrado paciencia suficiente como para no ceder de nuevo a la tentación abstencionista mientras van conquistando, vía negociación, el máximo posible de mecanismos de transparencia que generen confianza.

Y la operación ha tenido éxito. Allí están los resultados de diciembre demostrando que Chávez y su proyecto, incluso con la desproporcionada cantidad de petrodólares que manejan y con la grosera utilización del aparato de Estado en funciones proselitistas, sí son derrotables electoralmente.

Pero Chávez no rectifica. A quien ha propuesto la reelección presidencial hasta su muerte, la sola idea de salir del gobierno le llena de pánico. Está fuera de todos sus cálculos. Por eso anuncia que si pierden, como las tendencias de opinión anuncian, cerca de 10 gobernaciones y alrededor de 120 alcaldías importantes, habrá guerra en Venezuela. Por la misma razón, trata de cerrar la treta que se inició con la inhabilitación política de cerca de 400 funcionarios -90% de la oposición, 10% del gobierno- a quienes el contralor general intenta impedir ejercer sus derechos constitucionales de presentarse como candidatos a las próximas elecciones del mes de noviembre.

De nuevo comienza el forcejeo. Serios juristas venezolanos, pero también el rector Vicente Díaz, el único que hasta el presente ha mostrado en su actuaciones persistente independencia del poder Ejecutivo, han sido claros ante el conflicto: según la Constitución de 1999, aún vigente, sólo se puede inhabilitar políticamente a quien haya sido condenado por un tribunal durante el ejercicio de su funciones públicas. Todo lo demás es secundario. Artificio. Lo que está en juego es tan grave, en términos de principios democráticos, como el proyecto de reforma que rechazamos en 2007. No hay titubeo posible.

El país democrático tiene que condenar no que se le niegue la posibilidad a uno u a otro candidato de ejercer sus derechos políticos sino que al final del día termine siendo el contralor, llámese como se llame, y no los votos del pueblo, quien decide quiénes serán alcaldes o gobernadores.

Con la misma paciencia, pero igual contundencia, que en 2008 la democracia venezolana se prepara a otra gran batalla entre la arbitrariedad y la legalidad, entre la voluntad colectiva y el capricho personal, entre el valor supremo de la Constitución y el relativismo acomodaticio de leyes redactadas contradiciéndola. Es hora de aplicar las lecciones aprendidas en el referéndum revocatorio.






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