Acusan a mineros de entorpecer relación entre Venezuela y Rusia

Por Venezuela Real - 16 de Abril, 2008, 14:12, Categoría: Política Internacional

EDUARDO MÉNDEZ SÁNCHEZ
El Nacional
16 de abril de 2008

PMG asegura que no tiene deudas por concepto indemnización
Choco 10, cuya concesión pertenece a Promotora Minera Guayana, reportó récord en producción de oro

La empresa Promotora Minera Guayana (PMG), dueña del complejo Choco 10 ubicado en El Callao, estado Bolívar, señaló que las protestas realizadas por la Asociación Villa Balazos pretenden afectar las relaciones entre los gobiernos de Rusia y Venezuela, y aseguró que no acumula ninguna deuda con la organización minera por concepto de indemnización.

"Las acciones de la asociación se corresponden con motivaciones y manipulaciones dirigidas por enemigos de las políticas del Gobierno Nacional que buscan entorpecer las buenas relaciones entre la Federación Rusa y el Gobierno venezolano", manifestó PMG, filial de Rusoro Mining, propiedad del grupo ruso Agapov.

Una delegación constituida por 200 mineros de la Asociación Villa Balazos se reunió el lunes con el ministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz, para denunciar que PMG no ha pagado la indemnización que les prometió por desalojarlos del área donde la empresa explota oro.

El ministro Sanz le aseguró a los mineros –la mayoría vestidos de rojo y afectos al presidente Chávezque se reuniría con los representantes de PMG, y sometería a una revisión exhaustiva las concesiones que tienen todas las empresas transnacionales que se dedican a la explotación de oro en el país.

Denuncian actos violentos.El comunicado de PMG, que explota oro en una de las principales minas del país desde 2005, hace alusión a las "acciones violentas" protagonizadas por el grupo minero en diciembre de 2007, que ocasionaron pérdidas aproximadas de 888.530 bolívares fuertes para la empresa, y afectaron a más de 1.000 trabajadores.

"La empresa no entiende por qué si ha estado abierta al diálogo y ha ofrecido alternativas reales de mediación, cuál es la causa de la respuesta de la contraparte en la amenaza del uso de la violencia para obtener sus fines", señala el comunicado.

PMG explicó que en 2002 llegó a un acuerdo con la asociación constituida por los pequeños mineros que realizaban actividades en Choco 10 "de manera ilegal". A raíz de este pacto, la empresa se comprometió a pagarles las bienhechurías que tenían los trabajadores en la concesión, y éstos a su vez se comprometerían a desalojar el terreno.

Choco 10 produjo 300 toneladas de oro en diciembre del año pasado, según el balance anual de Rusoro Mining. El documento indica que entre octubre y diciembre de 2007, la mina trabajó a su máxima capacidad en la explotación del mineral.

"Esto representa el mejor trimestre en la historia de la mina en términos de toneladas producidas. La explotación de oro por parte de Choco 10 en el cuarto trimestre superó en 176% la del tercer trimestre del año", señala el informe financiero. Con respecto a las reservas en el yacimiento, Rusoro contabilizó 15,4 toneladas entre probadas y probables.

La empresa informó que "han sido reiteradas las oportunidades en las cuales ha brindado su mejor disposición para buscar solución a través de sus planes comunitarios, junto con el Gobierno, a pesar de no mantener deuda con ninguna organización".

Se mantiene la deuda.

La presidenta de la Asociación Villa Balazos, Victoria Flores, afirmó que la reunión que tuvo el ministro Sanz con los directivos de PMG se realizó en un "tono muy distinto" al que utiliza la empresa minera en el comunicado. Flores reiteró que ésta sí tiene una deuda con los trabajadores que antes operaban en la zona de Choco 10.

"El ministro llegará el viernes a El Callao para acordar con PMG cómo será el pago de las bienhechurías que teníamos. Confiamos en que todo se cumplirá de la mejor manera", dijo Flores. Prevé que un grupo de trabajadores recibirá maquinarias y equipos para ejercer la pequeña minería, y otro recibirá el monto que se les adeuda en metal.

Suttis retoma negociaciones

Las negociaciones del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares se retomarán hoy con el titular del Ministerio de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz. El presidente de Sutiss, José "Acarigua" Rodríguez informó que además de discutir los pasivos contractuales económicos, conversarán sobre el modo de pago que el Gobierno aplicará a la transnacional. "La lucha por los beneficios contractuales sigue siendo prioridad para el sindicato", dijo Rodríguez e informó que 20% de las acciones tipo B serán "intocables". Agregó que entre el Estado venezolano y los directivos de Argentina sólo se negociarán los porcentajes accionarios. Alrededor de 700 trabajadores que laboran de manera conexa a la producción del acero serán incorporados a la nómina de Sidor al momento de la firma del contrato colectivo. Mientras que 8.000 contratistas pasarán "gradualmente" a la nómina de la siderúrgica. Por su parte, 7.000 ex sidoristas esperan que la nacionalización de Sidor no desvíe el Programa de Participación Laboral en cuanto a la venta de las acciones tipo C. Además, continúan apostados en las afueras de la Corporación Venezolana de Guayana en espera de una respuesta del ministro Sanz. Las áreas operativas de Sidor se mantienen normales, exceptuando la producción de planchones que "está paralizada" ante presuntas irregularidades con la venta de este material hacia el exterior. Asimismo, Rodríguez informó que la comercialización del acero está bajo estricto control de los trabajadores. Los cinco portones de Sidor siguen tomados por los funcionarios de la Guardia Nacional.









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