Creciente impunidad de funcionarios públicos venezolanos

Por Venezuela Real - 17 de Abril, 2008, 18:59, Categoría: Prensa Internacional

CASTO OCANDO
El Nuevo Herald
17 de abril de 2008

El diputado chavista Wilmer Azuaje denunció el enriquecimiento de la familia Chávez

En el 2005, el Fiscal General de Venezuela, Isaías Rodríguez, sorprendió al país cuando puso al descubierto una compleja trama de reuniones conspirativas para explicar el asesinato del fiscal Danilo Anderson, que murió cuando estalló y se incendió el automóvil que conducía.

La semana pasada, la elaborada teoría de Rodríguez se desplomó inesperadamente luego de que tres importantes testigos que presentó la fiscalía para sustentar las acusaciones, admitieron que habían mentido para inculpar a un grupo de personas, entre ellas el cubanovenezolano Salvador Romaní Jr. y la periodista Patricia Poleo, actualmente exiliada en Miami.

El fiscal podría estar inmerso en una amplia gama de delitos, incluyendo el de conspiración para delinquir; sin embargo, el gobierno del presidente Hugo Chávez, lejos de abrirle una investigación, promovió su nombramiento para suplir a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Según las leyes venezolanas, el ex fiscal sólo podrá ser juzgado después de un complejo proceso que debe ser sancionado por la Asamblea Nacional, actualmente controlada por el chavismo.

En realidad, la práctica de encubrir los delitos cometidos por funcionarios oficialistas ha sido una costumbre extendida durante la administración chavista, con numerosos casos que ilustran, según expertos, un peligroso maridaje entre el gobierno y la ilegalidad.

"Vemos mucho y con demasiada frecuencia a funcionarios activos involucrados en delitos graves de diversa naturaleza'', aseguró Marcos Tarre Briceño, un consultor de seguridad en Caracas.

Tarre afirmó que, como nunca antes, existen numerosos casos de funcionarios de seguridad del Estado involucrados en casos de secuestro, narcotráfico, robo de vehículos y hasta la prestación de servicios como asesinos a sueldo.

"Son pocos los secuestros en los que no haya involucrado un policía activo o inactivo, sea un policía judicial, un guardia nacional o un policía uniformado'', dijo Tarre, quien sigue en detalle las tendencias estadísticas de la delincuencia en Venezuela.

Las expresiones de corrupción e impunidad de funcionarios oficiales en actividades delictivas ‘‘son cada vez más críticas y más escandalosas'', una situación "que ha impregnado todo el andamiaje institucional del régimen'', manifestó el analista político Manuel Felipe Sierra.

El experto aclaró que "no es que Chávez provoque deliberadamente la situación'', sino que el fenómeno "es consecuencia de la implantación de un modelo totalitario, donde las expresiones de corrupción son congénitas al modelo''.

La extendida corrupción en el sector público "no nació con el gobierno del presidente Chávez'', explicó el criminólogo y ex ministro de Justicia Fermín Mármol León. "El problema de las corruptelas en Venezuela es un proceso de unos 20 años, desde los tiempos de la cuarta república, que no atendió la problemática social en el país''.

Sin embargo, precisó el criminólogo, "en el gobierno del presidente Chávez ha aumentado esta corruptela, esta anarquía y criminalidad'', y "se ha incrementado la participación de funcionarios públicos en actividades delictivas''.

El gobierno ha realizado esfuerzos para combatir la corrupción de funcionarios publicos, mejorar los servicios policiales y disminuir la delincuencia y la inseguridad en el país, pero no siempre ha tenido éxito.

Los altos funcionarios que ocupan posiciones de garantes de la legalidad, como la Fiscalía General y la Contraloría, son abiertamente simpatizantes del chavismo y mantienen obstaculizados decenas de miles de casos de corrupción, con muy pocos procesados y detenidos.

El diputado chavista a la Asamblea Nacional, Wilmer Azuaje, pasó a la disidencia tras haber denunciado el desproporcionado enriquecimiento de la familia del presidente Chávez, que controla el gobierno en el estado Barinas.

Según Azuaje, no sólo los organismos de control han mostrado su indisposición para investigar a la familia presidencial, sino que incluso los jueces del caso se han mostrado proclives a proteger la imagen de los Chávez y ya han descartado la posibilidad de promover juicios.

En el 2006, después de que la inseguridad ocupó el primer lugar entre las preocupaciones de los venezolanos, de acuerdo con sondeos de opinión, la administración Chávez convocó a un consejo de expertos para crear un plan de lucha contra la delincuencia. Pero el documento nunca llegó a aplicarse.

Esta semana, el gobierno oficializó la nueva Ley de Policía Nacional, que tendrá el objetivo de supervisar y, en algunas circunstancias, intervenir los cuerpos policiales municipales y estatales para mejorar los servicios.

La nueva ley establece que serán intervenidas las policías que tengan una "participación masiva y continuada de sus funcionarios en violación de los derechos humanos, en redes delictivas o en actividades que atenten contra el orden constitucional''.

La idea, según lo expresó el propio Chávez, es promover "una policía cercana al ciudadano, dialogante, preventiva, que sea amada por el pueblo y no temida por el pueblo, que sea parte del pueblo'', en la cual "los funcionarios, agentes y jefes deben ser los primeros en dar el ejemplo''.

Pero a pesar de la buena voluntad oficial, sectores del país han expresado su escepticismo sobre el castigo a funcionarios oficiales que delinquen.

"Esta es la peor crisis policial que ha visto la historia contemporánea de Venezuela'', afirmó Tarre.

De hecho, hace dos semanas un grupo de hombres con armas cortas y largas tomaron un área del populoso barrio del 23 de Enero, en el oeste de Caracas, en protesta por la presunta persecución de la que eran objeto por parte de la policía política Disip.

"Durante horas cerraron este sector de la ciudad armados con armas largas y la policía y la guardia nacional, que observaban la protesta de estos grupos, simplemente no intervinieron, una absoluta impunidad'', señaló Tarre.

Cuando el ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, declaró que la Policía Metropolitana (PM) de Caracas, ahora bajo control ministerial, debía ser "insurgente y subversiva'' y los policías "socialistas'', se produjeron cuatro atentados explosivos en diversos puntos de la capital venezolana.

Una de las explosiones en la sede del organismo empresarial Fedecámaras, causó la muerte de uno de los hombres encargados de colocar la bomba, quien portaba un carnet de la PM.

Teodoro Petkoff, dirigente opositor y editor del diario Tal Cual, escribió en un editorial que al parecer los agentes policiales "le tomaron la palabra'' al ministro al ‘‘dedicarse a poner bombas''.

La creciente participación de funcionarios públicos, policiales y de seguridad en actividades delictivas ha tenido un particular auge en lo que va de año. Esta es una muestra de los últimos eventos registrados.

*A principios de febrero, un falso guerrillero de las FARC que intentó cobrar una "vacuna'' de unos $25,000 a un joyero en la capital venezolana, era en realidad miembro de la brigada motorizada de la Policía Metropolitana de Caracas, según quedó al descubierto luego de que agentes de la DISIP capturaron al sujeto.

*Héctor Serrano, un "explosivista'' que murió cuando intentaba colocar una bomba en la sede de Fedecámaras, el pasado 24 de febrero, portaba un carné de agente de la Policía Metropolitana (PM) y formaba parte de las redes de inteligencia social diseñadas por el alcalde de Caracas, Juan Barreto, además de actuar como guardaespaldas del diputado oficialista a la Asamblea Nacional Pedro Infante.

A Serrano lo habían filmado una semana antes colocando otro artefacto explosivo en un edificio de la Asamblea Nacional, en el centro de la capital. El estallido causó extensos destrozos en la zona. El atentado fue reivindicado por el Frente Guerrillero Venceremos y el Ejército Izquierdista del Pueblo, al que presuntamente pertenecía el "explosivista''.

*Ese mismo día el frente guerrillero Venceremos se atribuyó otro atentado explosivo en la plaza George Washington, en el oeste de Caracas, que destruyó parcialmente la estatua del prócer norteamericano.

*El secuestrador del empresario judío David Amram Benarrock, que pidió una fuerte suma por su rescate, fue capturado el pasado 23 de febrero por la policía judicial venezolana, no sin sorpresa: el delincuente, Darwin Xavigi, era miembro de la brigada 35 de la Policía Militar.

*Un falso agente de la DISIP fue detenido cuando intentaba liberar a una ciudadana colombiana, Nora Elsa Vanegas Garabito, detenida el pasado 26 de febrero en el aeropuerto internacional de Maracaibo al tratar de abordar un vuelo a Caracas con un maletín que contenía unos $35,000 en moneda venezolana y estadounidense.

El falso agente, que acudió al aeropuerto para recoger el maletín de dinero y escapar con la mujer en otro avión, resultó ser el teniente retirado del Ejército José Zambrano Aguilar, ex presidente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) y conspirador junto a Chávez en el golpe de estado de 1992.

*El pasado 27 de febrero, un grupo de encapuchados tomó por asalto la sede del Palacio Arzobispal en Caracas. Al día siguiente, se conoció que los encapuchados formaban parte de un grupo de activistas dirigidos por la dirigente radical chavista Lina Ron.

*Este mes, el comandante de la guarnición militar de Carabobo, Clíver Alcalá Cordones, denunció que un numeroso grupo de agentes policiales adscritos a la gobernación de Carabobo, controlado por el chavista Luis Acosta Carlés, están implicados en tráfico de drogas.





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