ROCÍO S AN MIGUEL
TalCual
17 de abril de 2008
Después del resultado electoral del 2 de diciembre pasado, pensábamos había quedado claro para el Presidente de la República, el rechazo mayoritario del pueblo venezolano a su proyecto de Reforma Constitucional. Sin embargo hemos descubierto con pesar –especialmente esta semana– que esto no es así y lo más grave, que no existe además la posibilidad institucional de que órgano alguno de carácter nacional: Tribunal Supremo de Justicia, Parlamento, Ministerio Público o Defensoría del Pueblo, exija al presidente Chávez el cumplimiento de la Constitución.
El sector militar ha sido sin duda el más impactado por esta deliberada y premeditada acción presidencial de implantar su Proyecto de Reforma Constitucional. Chávez en desacato abierto a la Constitución: 1) Denomina permanentemente a la Fuerza Armada Nacional (FAN), con el nombre de Fuerza Armada Bolivariana. 2) Indica en todas sus alocuciones, que es un cuerpo patriótico, popular y antiimperialista. 3) Politiza sus funciones al exigir el empleo del "patria, socialismo o muerte". 4) Y ratifica la existencia de un componente de la FAN que no aparece mencionado en la Constitución: la Milicia Popular Bolivariana, denominada por ahora, Comando General de la Reserva Militar y de la Movilización Nacional, órgano dependiente del Despacho del Presidente de la República, con plena y total autonomía presupuestaria, circunstancia –esta última por cierto– que no tiene el resto de los componentes previstos en la Constitución: el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional.
Sin embargo, faltaba algo más en esta ruta de desacato a la Constitución y esto ha sucedido el pasado 9 de abril al publicarse en Gaceta Oficial el texto del Decreto con Rango y Fuerza de Ley del Servicio de Policía Nacional. Ha logrado Chávez materializar la anunciada desaparición de la Guardia Nacional, al eliminarle las tres cuartas partes de su competencias, y asignárselas a la Policía Nacional.
Con esta Ley, unos 4.600 oficiales, 6.200 suboficiales, 26.200 miembros de tropa y 2.800 civiles, todos pertenecientes al componente Guardia Nacional de Venezuela, se han quedado sin trabajo.
Esto queda en evidencia al revisar las 20 áreas de competencias que Chávez ha atribuido a la Policía Nacional, reservándose además la facultad en el futuro por vía reglamentaria, de asignarle otras más: 1) Orden público. 2) Tránsito. 3) Fiscalización. 4) Aduanas. 5) Turismo. 6) Aeroportuaria. 7) Custodia diplomática. 8) Protección de personalidades. 9) Penitenciaria. 10) Migración. 11) Marítima. 12) Anticorrupción. 13) Sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 14) Ambiental. 15) Delincuencia organizada. 16) Antisecuestro. 17) Seguridad alimentaria. 18) Grupos armados irregulares. 19) Cualquier otra vinculada a la prevención del delito. 20) Y fronteras.
Con esta maniobra se ha asegurado el Presidente de la República, el fin de la Guardia Nacional y la posibilidad de consolidar un cuerpo armado dependiente del Ejecutivo Nacional, que realizará sus tareas sin las restricciones constitucionales que los militares tienen respecto a la militancia política. Un elemento que de la mano de la milicia popular bolivariana (los famosos reservistas), también sin restricciones en materia de militancia política y dependiendo directamente de Chávez, significa claramente en conjunto: el brazo armado al servicio de la revolución.
