Tarde y violento

Por Venezuela Real - 17 de Abril, 2008, 11:12, Categoría: Documentos/Audiovisuales

Ramón Sahmkow
TalCual
17 de abril de 2008

En 2003 se decretó una zona agrícola especial en "Valle del Turbio" que recibiría ayuda financiera y técnica del Estado, pero eso nunca ocurrió

Las acciones que emprendió el Instituto Nacional de Tierras en las fincas cañicultoras del Valle del Turbio llegan con retraso e incumpliendo las promesas de desarrollo e inversión decretadas por el Gobierno para la zona hace más de cuatro años.

El 30 de diciembre de 2003, el decreto 2.743 de la Gaceta Oficial Nº 37.848, fijó una "Zona de Aprovechamiento Agrícola Especial" en 12.173,4 hectáreas, ubicada dentro de los municipios Iribarren y Palavecino del estado Lara. La misma zona que parcialmente ocupan las 39 fincas –2.400 hectáreas– ocupadas por efectivos militares y funcionarios del Inti desde la madrugada del pasado domingo 13 de abril.

El decreto estipulaba que el Ministerio de Agricultura y Tierras dictaría un Plan de Manejo y normas de cultivo "que se requieran para el uso racional de los suelos de acuerdo con las directrices que, a los efectos de la conservación de los recursos naturales, señale el Ministerio del Ambiente".

Además, el MAT prestaría apoyo técnico y financiero, y coordinaría la ejecución de obras de infraestructura vial, hidráulica, habitacional, de servicio, educativos y de recreación. En un plazo menor a seis meses, se realizaría un censo de los ocupantes de la zona.

Mario Seijas, presidente de Fedecámaras Lara, asegura que nada de eso se llevó a cabo. "El Estado está en deuda con el Valle", dijo.

REUNIÓN

Los agricultores de la zona esperan la concreción de los acuerdos alcanzados el miércoles tras una reunión con el presidente del Inti, Juan Carlos Loyo, y autoridades civiles y militares de la entidad.


El primer punto implicaba el retiro de los efectivos del Ejército que ocupaban los terrenos, pero hasta ayer la presencia militar se mantenía, dijo Seijas.

"Para cualquier conversación, lo primero que debe haber es una desmilitarización de la zona", dijo Rafael Chirinos, presidente de Fesoca, ente que ag! rupa a l as asociaciones de cañicultores.

Además se extendió por sesenta días más el plazo para que los productores entreguen al Inti los documentos que certifiquen la supuesta propiedad sobre los terrenos. Algunos poseen certificados que datan de 1820, dijo Seijas.

Los acuerdos incluyen la conformación, a partir de esta semana, de mesas de trabajo para analizar el manejo adecuado de las tierras y de auditorías mixtas para evaluar las condiciones de cada uno de los feudos.

Para este viernes, los productores podrían activar una protesta en Barquisimeto si se incumplen los lineamientos acordados. Además esperan la resolución de los tribunales agrarios del estado Lara ante el amparo introducido el lunes por la "violación del debido proceso" en la que habría incurrido el Estado con la ocupación previa de los terrenos con el Ejército. "Servirá como soporte legal si el Gobierno no cumple los acuerdos", dijo Seijas.








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