Corrupción con boina

Por Venezuela Real - 18 de Abril, 2008, 11:47, Categoría: Corrupción

Maye Albornoz /  Carlos Crespo
TalCual
18 de abril de 2008

El Plan Bolívar 2000, Fogade, el Central Azucarero Ezequiel Zamora, las fincas de los Chávez en Barinas o las asignaciones a dedo del gobernador Carlos Giménez, son ejemplos del auge de la corrupción en la V república y la incapacidad del gobierno para acabar con los ilícitos administrativos

Las denuncias de corrupción en la administración del presidente Hugo Chávez han sido tantas y tan frecuentes que su propia dinámica ha hecho que la gravedad de la siguiente le de olvido a la anterior.

Actualmente, por sólo citar algunas, hay investigaciones contra los gobernadores de Barinas, Yaracuy y Carabobo. Todos apoyados por el chavismo en las últimas elecciones.

La corrupción no es un mal nuevo en el país, pero muchos creyeron que la situación cambiaría en 1998 con el surgimiento de una "nueva república". Sin embargo, en los nueve años de revolución los casos se han multiplicado, la mayoría sin castigos y sin correctivos para impedir que la situación se repita.

TRAMPA EN EL CUARTEL

El Plan Bolívar 2000 se perfilaba como bandera del gobierno de Hugo Chávez, prometía darle solución a los problemas comunitarios de más variada índole y estaría a cargo de militares que fungirían como mano de obra y administradores de los recursos asignados por el Estado. Construcciones y refacciones de escuelas, hospitales, campañas de salud y hasta de alfabetización, entraron en la ambiciosa lista. Pero el proyecto venía con plomo en el ala.

En aquel momento muchos parlamentarios, profesionales de las políticas públicas y líderes sociales, advirtieron el peligro de que más allá de lograr algunas construcciones y subsanar ciertas necesidades comunitarias, surgieran "vacíos" administrativos. Y así fue.

El contralor que entregaba el cargo a principios de 2000, Eduardo Roche Lander, dejaba un informe final a modo de "bomba", pues ya explicitaba irregularidades en el recién inaugurado plan.

El nuevo contralor, Clodosbaldo Russián, respondió con un chiste: "No creo que el Plan esté `raspao’, pero todo se verá cuando presentemos el informe en la Asamblea Nacional".

En marzo de 2001 se filtró a la prensa un informe preliminar emitido por el organismo contralor, en el que se detallaban los abundantes vicios del Plan Bolívar 2000. El documento informaba sobre el desvío de 73 mil millones de bolívares en errores de facturación, trabajos a la mitad o mal hechos, metas no cumplidas y la violación de procedimientos administrativos.

Pero algo pasó en el camino.

Luego de las numerosas y detalladas "rarezas" denunciadas por el propio Russián, señaló que "en los casos que aquí se trataron se determinó que no hubo responsabilidades salvo en uno". ¿De quién se trata? "Información confidencial", respondió el Contralor.

"FO"GADE

Uno de los casos que parece haber quedado en el diván de los recuerdos de la revolución bolivariana es el de las irregularidades en el Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade). En este destaca un protagonista que ha desaparecido de la escena política: Jesús Caldera Infante. Muchos son los cargos que se le imputan al ex presidente de Fogade, incluso se le responsabiliza por haber diseñado una especie de lista Tascón, sólo que más sofisticada, en la que existían hasta seis clasificaciones políticas para los empleados de esa institución.

Sin embargo, en el plano estrictamente de las denuncias de corrupción Caldera Infante fue acusado en mayo de 2006 de haber causado "perdidas incalculables" al país en su estadía de un año por la institución. El dato importante en este caso está en que, de acuerdo al mismo informe la comisión de contraloría de la AN, varios organismos del Estado conocían las irregularidades incluso desde marzo de 2005.

El documento menciona la colocación de los fondos de la institución, que deberían garantizar los depósitos de los venezolanos, en bancos con tasas inferiores a las del promedio nacional, así como la condonación de una deuda de 40 millones de dólares al Grupo Banco de Comercio, la venta directa del Coro-Coro Resort y la venta sin licitación de los derechos litigiosos del grupo de empresas BPCA por un monto extraordinariamente bajo. A pesar de la declaración de responsabilidad política por parte de la AN, el despacho del reelecto Clodosbaldo Russián mostró su acostumbrada inactividad en este caso.

Luego de postularse como candidato presidencial en el 2006 y ejercer funciones como secretario de Gobierno en Carabobo, el ex funcionario fue imputado a finales de mayo del año pasado. Hoy se esconoce su paradero.

EL GUISO DULCE

En noviembre de 2006 por fin se inauguró la "primera fase" de la esperada Central Agroindustrial Azucarera Ezequiel Zamora (Caaez) que alcanzó sólo a un taller, un estacionamiento de maquinarias agrícolas, un galpón y el edificio administrativo, es decir, sin algo que permitiera producir el primer grano de azúcar. En esa oportunidad el presidente Hugo Chávez señaló que nada ni nadie podría impedir el impacto que tendría en el país, pues beneficiaría no sólo a los barineses al generar empleo para 24 mil personas, sino a todos los venezolanos al ser parte "del proceso de liberación alimenticia que requiere nuestro país para ser verdaderamente libres".

Le faltó al Jefe de Estado mencionar la huella que dejó en el país la pérdida patrimonial de más de tres mil millones de bolívares, de los que él tenía conocimiento y con los que se hubieran podido construir más de 70 casas para venezolanos de escasos recursos.

Él mismo ofreció la central azucarera durante una alocución el 10 de diciembre de 2001, en medio del paro cívico nacional, en la que también presentó la Ley de Tierras. Ese día, prometió que estaría lista para 2004. Sin embargo, el 2 de noviembre de 2004, Chávez recibió una comunicación del presidente del Caaez, Antonio Albarrán, en la cual le informaba de las deudas que tenía el regimiento con empresas contratistas. En vista de la situación, el mandatario nacional ordenó en abril de 2005 al entonces ministro de la Defensa, Jorge García Carneiro, que se realizara una auditoria.

Los resultados se veían venir: no se establecieron los controles requeridos ni se mantuvieron al día los libros contables, se emitieron cheques sin fondo, no se vigiló el destino de los recursos transferidos al regimiento, se cobraron obras que no se habían ejecutado, se pagaron comisiones, se manejó una nómina falsa y se cancelaron maquinarias inutilizadas. El entonces ministro Albarrán tuvo que reconocer que conocía el caso pero se inhibió de ventilarlo en vista de la cercanía de las elecciones municipales realizadas el 31 de octubre de 2004: "Yo hablé con los trabajadores, con las empresas y les pedí un silencio temporal sobre el incumplimiento, y que no protestaran porque venían las elecciones. Aquello era una bomba de tiempo".

La comisión de contraloría de la Asamblea Nacional también inició una investigación en la que concluyó que efectivamente hubo irregularidades en el manejo de los fondos públicos destinados a la construcción de la central. En el mismo informe, se exhortaba a la Contraloría a continuar las acciones legales para que se hicieran efectivas las responsabilidades políticas dictadas en contra de más de 19 "funcionarios públicos, oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales y particulares".

De los implicados, siete fueron a prisión en marzo de 2006. Pero la Contraloría no dictó sanción administrativa contra ninguno de los implicados, a lo que Russián alegó: "Nosotros realizamos una auditoria y se establecieron responsabilidades que considerábamos nosotros que podían tener sanciones de tipo penal. Lo remitimos a la Fiscalía y ellos solicitaron medidas privativas de libertad, motivo por el cual, no sé cuántos ni quiénes, pero sé que hay algunos detenidos".

El resultado del siguiente trabajo de la Fiscalía se puede deducir por la posición actual de la integrante de la junta directiva de la central, Lisbeth Paredes, señalada por la AN en su informe y que hoy se desempeña como encargada del departamento de recursos humanos de la gobernación del estado Barinas. Aún en 2008 lo único que ha entregado el Caaez son menos de 30 casas a unos pocos cañicultores.

En la central, todavía en obra, los trabajadores denuncian que no hay materiales ni seguridad laboral.

NEGOCIO DE FAMILIA

Es un secreto a voces: Barinas es de los Chávez. Muchas fueron las denuncias que hicieran diferentes integrantes de la oposición acerca de la supuesta riqueza súbita de los familiares del primer mandatario. Sin embargo, tenía que ser un integrante de la revolución, el diputado oficialista Wilmer Azuaje, el primero que lograra establecer lo que parece ser una secuencia de cómo el apellido Chávez evitaba ser asociado a la compra de fincas en la entidad llanera. Se trata de testaferros, empleados o conocidos de la familia presidencial que curiosamente disponían hasta de 800 millones de bolívares (de los viejos) para hacerse de un número indeterminado de fincas (se mencionan hasta 17) en la tierra natal del "timonel" de la revolución.

El caso estalló la semana pasada cuando las denuncias del diputado fueron reproducidas por varios medios de comunicación. Uno de los casos más destacados por el legislador es el de un trabajador de La Chavera (hacienda de la familia Chávez), Néstor Izarra, quien pagó 800 millones de bolívares por la finca "La Malagueña" de casi 600 hectáreas, mientras que en su cuenta bancaria apenas disponía de Bs. 4 millones: "¿De dónde sacó el dinero?", se preguntaba Azuaje. De acuerdo el denunciante este procedimiento se habría repetido en múltiples oportunidades e involucraría a varios integrantes de la familia Chávez, entre los que destacó a los hermanos del primer mandatario: Argenis y Narciso.

Hasta ahora el único resultado conocido de las aseveraciones del paisano del Presidente es que a este se le abra una investigación por sus "sospechosas" denuncias.

SE PUDRE YARACUY

Un nombre sobresale cuando se habla del caso del Gobernador de Yaracuy, Carlos Giménez, y su supuesta vinculación con actos de corrupción: la cooperativa "El Lamedero", que recibió del gobierno regional, a través de la Fundación para el Desarrollo Social del estado Yaracuy (Fundesoy), créditos multimillonarios para la realización de actividades disímiles, todo, por supuesto, evadiendo los procesos licitatorios a través de innumerables declaraciones de estados de emergencia.

De acuerdo con la investigación que se llevó a cabo en la comisión de contraloría de la AN esta cooperativa ha obtenido contratos tan apetecibles como el que le otorgó 61 millardos de bolívares (de los viejos), para la realización de un Megamercal en la zona y otros, un poco más "modestos", como los Bs. 9 millardos (también de los viejos) que le fueron asignados en 2005 para que se hiciera cargo de los refugios de unos mil damnificados, incumpliendo ambos contratos.

Según los integrantes de la AN, entre los años 2004 y 2005, Giménez dictó hasta quince decretos de emergencia que le permitieron adjudicar obras obviando los procesos de licitación. Esto habría causado pérdidas al patrimonio por unos 200 millardos de bolívares, entre los que se cuenta la adjudicación directa de 981 millones de bolívares para la rehabilitación de la sede de Fundesoy.

Más allá de los presuntos actos de corrupción, que parecen volverse moneda corriente en el actual proceso político, lo que ha llamado la atención de la prensa es la diligencia de organismos como la comisión de contraloría de la AN, que declaró la responsabilidad política de Giménez e incluso de la Fiscalía General de la República que, contrario a lo que ha sucedido en otros casos, solicitó el antejuicio de mérito al funcionario de manera inmediata. Esto ha llevado al gobernador de la entidad a asegurar que tanta celeridad, en tiempos de revolución, no puede sino ser producto de una conspiración de aquel grupo que algunos llaman "el chavismo sin Chávez".






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