"No somos latifundistas"

Por Venezuela Real - 19 de Abril, 2008, 10:11, Categoría: Economía

KATIUSKA HERNÁNDEZ
El Nacional
19 de abril de 2008

En el Valle del Turbio crece la incertidumbre por la propiedad de la tierra
La medida de intervención de 2.400 hectáreas por parte del INTI pone en peligro 350.000 toneladas de caña de azúcar
 
"Sin agricultores no hay comida", se lee en calcomanías que exhiben carros y portales de oficinas en la zona del Valle del Turbio, en el estado Lara. La medida del Gobierno de iniciar el rescate o intervención de entre 30 y 32 fincas que comprenden 2.400 hectáreas, ha sido el detonante para que productores y habitantes de distintas áreas se unan en defensa de la propiedad privada.

La lucha contra el latifundio que lleva a cabo el Gobierno centra su lema en "Tierras y hombres libres"; pero los agricultores de la zona se niegan a ser llamados latifundistas y oligarcas. Afirman que no son propietarios de 5.000 hectáreas, pues las unidades tienen entre 5 hectáreas las más pequeñas y 365 la más grande.

El cultivo de caña de azúcar en la región tiene más de 300 años de historia y sobrevive pese al crecimiento urbanístico que amenaza la zona rural, la escasez de agua y el acecho de la delincuencia organizada, que se da a la tarea de quemar las áreas sembradas y robar los equipos de riego de las fincas.

"Aquí no somos latifundistas ni oligarcas, porque el promedio del tamaño de las fincas va desde 5 hasta 60 hectáreas, sólo 2 pasan de 300 hectáreas. Si dicen que tener por ejemplo 2 o 5 hectáreas es ser latifundista, esto es fin de mundo", señala Carlos Pérez, presidente de Socatur, Sociedad de Cañicultores del Valle del Turbio.

En la región varias familias, hasta por cinco generaciones, administran fincas productoras de caña de azúcar, lo que Pérez considera como una buena señal de que existe voluntad por invertir y permanecer en el país y no dejar el campo abandonado. "Si nuestros abuelos dejaron de herencia la tierra a sus hijos y luego a los nietos, esto significa que hay un verdadero amor por el campo. Los agricultores no se hacen en las ciudades ni obligándolos a salir de las zonas urbanas para que cultiven, este trabajo es muy sacrificado".

Relata que trabajar la tierra y específicamente cultivar la caña de azúcar es un vicio que no tiene retorno. "El que nace agricultor se muere cosechando", agrega y recuerda que varias veces intento alejarse de la actividad pero siempre regresaba.

Pérez señala que la intervención de 32 fincas se hace de manera arbitraria y no se concedió a los productores tiempo para registrar sus fincas ni cumplir con los requisitos que exige la ley, como tener los certificados de finca productiva o mejorable. En algunos casos los productores solicitaron los documentos sin que el Instituto Nacional de Tierras contestara la petición.

El INTI en los carteles de notificación indica que las tierras del Valle del Turbio están improductivas, son ociosas y además baldías de la nación. Por esta razón, ahora los afectados tendrán 60 días para demostrar ante el organismo la tradición legal de la propiedad y presentar los títulos y documentos desde 1848 o incluso antes.

Igualmente deben presentar pruebas de productividad de la tierra según el tipo de suelo.

"Por la decisión del INTI se ha creado un problema de tipo legal en toda la zona, incluso las urbanizaciones que están en los municipios Palavecinos e Iribarren, que forman el Valle del Turbio, fueron parte de las haciendas agrícolas, y si ahora se intervienen se puede decir que también están afectadas las propiedades inmobiliarias", advierte el presidente de Socatur.

Aclara que los desarrollos urbanísticos fueron permitidos por las autoridades y si se pretende afectar las fincas y señalar que no son privadas sino del Estado, también corren riesgo estas urbanizaciones.

Ociosas o no.

Ante el abandono de algunos predios que tienen escombros de construcciones inmobiliarias y hectáreas quemadas, los productores refieren que es un porcentaje muy pequeño y obedece a la falta de infraestructura para producir, como el agua.


Reconocen que en los últimos años ante la presión por el crecimiento urbano, algunas personas vendieron la tierra para dedicarla a la construcción de urbanizaciones, autorizadas por el gobierno regional.

Pero existe una siembra que produce entre 350.000 y 500.000 toneladas de caña de azúcar que es absorbida por el Central Río Turbio.

"50% de la caña que se muele en ese central viene del Valle del Turbio, otra parte viene de Portuguesa, Barinas y Yaracuy. En este último estado las invasiones han afectado la producción", apunta Pérez.
 
Luis Honorio Sigala Venegas, propietario de la finca La Pastora, sostiene que es absurdo decir que las tierras del Valle del Turbio están ociosas cuando los campamentos militares que se establecieron pasaron tractores encima de los surcos para la siembra y de la zona de la caña, lo que afectó la actividad.

"Algunas notificaciones las dejaron pegadas en los árboles como ocurrió en el caso de la finca La Pastora", señala.

Aclara que para poder mantener la siembra en esta hacienda, tienen que hacer un esfuerzo de traer agua porque la zona es constantemente amenazada por delincuentes que roban los equipos de riego y queman la cosecha, además de que no existe suficiente recurso hídrico para mantener la producción.

"Tenemos que traer agua de otro lado y pasarla por las haciendas vecinas para compensar el déficit de agua, porque si no se muere la caña. Esto le ha pasado a algunas fincas cercanas que aunque tenían pozos de agua, fueron destruidos. Y en un terreno de 9 hectáreas cómo se justifica hacer una inversión de 400.000 bolívares fuertes para hacer un pozo. De esta finca este año se debió sacar más de 1.000 toneladas de caña, pero no sacamos sino 200 porque se registraron siniestros como la quema de siembra, otras no se pudieron arrimar al central porque estaba abarrotado de caña", explica.

Expresa que para sembrar la caña se debe invertir como mínimo 500 bolívares fuertes (500.000 bolívares antiguos), más los gastos de mantenimiento del cultivo y luego la cosecha. En el caso de La Pastora, asegura que la producción obtenida no compensó ni 10% de lo que se gastó en la siembra.

Sigala Venegas agrega que hay haciendas como La Trinidad que producían más de 100 toneladas, pero fue quemada por delincuentes y se robaron los equipos de bombeo de agua, además de destruir los pozos.

Otra de las fincas intervenida es Papelón (375 hectáreas), dedicada a la actividad agropecuaria como la ganadería de ceba y la producción de pacas de heno para alimentar animales.

"En una inspección anterior, hace más de un año, se indicó que la actividad agropecuaria en esta finca es menos contaminante que la caña de azúcar.

Pero aun así el INTI acusó presunción de finca ociosa y cuando se acudió al organismo nos exigieron todos los documentos, y presentamos incluso títulos que datan desde 1808", relata José Antonio Tamayo, dueño de la finca.

Acota que en está época de sequía ha sido víctima de la quema criminal de los cuatro costados de la hacienda, que afectó 160 hectáreas, lo que redujo la cría de ganado por la falta de pasto. "Había 500 animales y ahora queda la mitad.

Unos se sacaron a otra finca y otros se llevaron al matadero", apunta.

Cree que esa quema fue inducida por manos criminales que pretendían justificar que el INTI ejerciera una medida de intervención de la finca por improductiva.
 
 
 
 
 








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