Impunidad uniformada

Por Venezuela Real - 21 de Abril, 2008, 13:50, Categoría: Derechos Humanos

Patricia Clarembaux
TalCual
21 de abril de 2008

Hasta 2006, la Fiscalía registró 5.386 casos contra funcionarios policiales o de organismos del Estado pero el 98% sigue sin castigo, asegura Cofavic




























El 15 de abril de 2006 comenzó la tortura de Johan Castillo. Dos personas subieron a su taxi y le alertaron con pistola en mano: "¡Tú nos acompañas!". Creyó que se trataba del robo de su vehículo, pero no. Su destino sería una calle de Cabudare, en el estado Lara, lugar donde se cobraría un secuestro.


No tenía escapatoria y al llegar, todo se complicó aún más. La zona estaba tomada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y para sorpresa de los delincuentes, se inició un intercambio de disparos del que Castillo escapó, pero herido.

Horas después se comunicó con su familia para explicarles la situación, pero la novedad fue para él: "Estás involucrado en un secuestro", le dijeron sus familiares entre lágrimas. "El Gobernador (del estado Lara) (Luis) Reyes Reyes, dice que te espera en el CORE 4 para que declares, y prometió que te va a garantizar la seguridad".

Al día siguiente, Castillo decidió rendir su declaración. De llegada, funcionarios del Cicpc, sin mediar palabras, le propinaron golpes por doquier, le introdujeron la cabeza en una bolsa plástica, le vendaron las muñecas, le colocaron unas esposas y lo suspendieron de sus brazos durante horas.

Aquellos momentos no se han borrado de su cuerpo, aún cuando los forenses aseguraran entonces que "todo está bien".

POR UNA CARRERA

El caso de Johan Castillo representa apenas uno de los 5.386 expedientes que abrió el Ministerio Público hasta 2006 contra funcionarios policiales y de organismos de seguridad del Estado. De ellos, hubo 1.021 actos conclusivos, 206 funcionarios imputados, 52 con privación judicial preventiva de libertad y sólo 65 fueron condenados, de acuerdo con el Informe Anual del Fiscal General de la República en 2006.

Pero la existencia de estos "grupos parapoliciales" en Venezuela tiene vieja data. En el año 2000, Cofavic recibió la primera denuncia de una desaparición forzada en Portuguesa. En los años que siguieron, las acusaciones se extendieron a Falcón, Anzoátegui y Yaracuy. En 2003, la ONG de Derechos Humanos contabilizaba 103 víctimas que presentaban patrones similares sobre presuntas ejecuciones o desapariciones forzadas, según el texto que ellos mismos titularan Los grupos parapoliciales.

Para entonces, determinaron características comunes en la actuación: lo hacían en grupos, eran funcionarios o ex funcionarios de cuerpos policiales, los hechos sucedían en contextos de debilidad institucional.

El coordinador de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Pablo Fernández, analiza este problema como estructural y no coyuntural: "Situaciones muy pequeñas terminan siendo un desastre porque el funcionario agrava el conflicto por falta de formación, equipamiento y políticas claras que creemos que son posibles de lograr con la nueva Ley de Policía Nacional que se aprobó, (...) con la elaboración de estatutos de la función policial y la Universidad de la Seguridad". También considera que es momento de avanzar y dejar de lado la cultura represiva del siglo XIX.

Según el libro de Cofavic Los grupos parapoliciales en Venezuela 98% de los casos quedan impunes. El de Johan es uno de ellos. Se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Occidente, mejor conocido como Uribana.

Ya tuvo su audiencia preliminar, pero aún no cuenta con una sentencia pues la otrora fiscal del caso, Gladys Ballestero, "ha sido receptiva con las pruebas del Cicpc, pero no con las de la defensa", cuenta su compañera de la ONG Patria Joven, Lilibeth Sira.

Ella condena también que quien dirigió aquella comisión, Luis Monroy, es hoy el jefe de la división de Investigación de Antiextorsión y Secuestro del Cicpc: "Él ha manifestado públicamente que nos tiene seguimiento, pero nosotros no le tenemos miedo".





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