La huelga se agrava

Por Venezuela Real - 21 de Abril, 2008, 13:30, Categoría: Derechos Humanos

Carmen Victoria Méndez
TalCual
21 de abril de 2008

Cuatro penales podrían sumarse a la protesta que mantienen unos siete mil reclusos, quienes esperan se decrete, finalmente, la emergencia carcelaria

Y a son ocho días de hambre por un reclamo que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) puede resolver en 10 minutos. Así resume un interno de la cárcel de La Planta –vía teléfono celularel actual conflicto que se desarrolla en 12 penales del país.

Según Juan Bimba (nombre ficticio) la clave pasa por un asunto de letras. "La señorita que preside el TSJ y los demás magistrados saben leer y escribir. Bueno, ellos sólo tienen que comparar lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) con la Constitución para darse cuenta de que tenemos razón y que tienen que eliminar esos parágrafos".

El recluso se refiere a seis artículos del Código Orgánico Procesal Penal y tres de la Ley contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes, los cuales niegan beneficios procesales y medidas alternativas para el cumplimiento de la pena a los internos que estén siendo juzgados por delitos como robo a mano armada, venta de estupefacientes, homicidio y secuestro.

Estos apartados contradicen lo establecido la Constitución Nacional, que plantea formas alternativas de cumplimiento de la pena. "Los retardos procesales y la privación de beneficios que sufren los internos por parte de Ministerio de Interior y Justicia y el TSJ son inconstitucionales. El COPP y las demás leyes no pueden estar por encima de la Constitución", dice el abogado penalista Gonzalo Himiob.

La huelga estalló hace exactamente una semana en el penal de Tocorón, cuando los presos se enteraron que los dos recursos de nulidad que habían introducido ante el TSJ (para que sean eliminados los artículos en cuestión) no fueron admitidos. La protesta se extendió a las cárceles El Rodeo I y II, La Planta, Vista Hermosa, Guanare, Los Teques, Yare I y II, la Penitenciaría General de Venezuela, Barinas y Gaiparo.

Aproximadamente siete mil reclusos participan en esta huelga.

Según Juan Bimba, este número (que representa un tercio de la población carcelaria) se elevará en los próximos días, cuando se sumen a la protesta cuatro penales más. "Continuaremos hasta que se decrete la emergencia carcelaria, hasta que nos escuchen".

La pelota está en la cancha del TSJ. Según el sitio web de la máxima corte "tanto los magistrados de la Sala Constitucional como los de la Sala Penal están evaluando el pronunciamiento de ambos recursos", dijo la magistrada Deyanira Nieves el pasado viernes, tras reunirse con los familiares de internos se habían apostado en las afueras del tribunal.

Los reclusos evalúan "como algo positivo" este encuentro, dice Juan Bimba. Sin embargo, "la huelga seguirá hasta que el TSJ se pronuncie con una solución acorde con la Constitución". El recluso recuerda que hace dos meses hubo una primera huelga que fue levantada tras las negociaciones emprendidas por la Defensoría del Pueblo, el TSJ y el viceministro de Seguridad Ciudadana. "Prometieron darnos una respuesta en 30 días. Todavía estamos esperando".

Juan Bimba explica que la huelga se ha desarrollado en forma pacífica y ordenada. "En La Planta están participando toda la población y hasta tenemos un cronograma. Estamos llevando adelante estas acciones con mucha responsabilidad. No estamos pidiendo que nos suelten, ni exigiendo privilegios. Sólo queremos que el Estado cumpla con nuestros derechos, que están consagrados en la Constitución".

MÁS IMPUNIDAD

El criminólogo Elio Gómez Grillo explica que la eliminación de los beneficios procesales para autores de determinados delitos ha generado un retroceso en cuanto a la proporción de procesados y sentenciados que conforman la población penal del país. "En 1999, antes de la reforma del COPP, había más penados que procesados. El 40% de los reclusos eran procesados; ahora la cifra se ha incrementado a un 65%".

La reforma estaba orientada a disminuir la impunidad. Sin embargo, Gómez Grillo sostiene que "mientras haya irregularidades penitenciarias habrá más presos y por ende, más delincuencia, porque la mayoría de los reclusos están presos por pobres, más que por delincuentes. Si un muchacho pasa tres años esperando que lo juzguen por robarse un celular, cuando sale ha tenido tiempo para aprender otros delitos. Sale convertido en un delincuente profesional".






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