Policía sin escrúpulos

Por Venezuela Real - 25 de Abril, 2008, 13:23, Categoría: Corrupción

Carmen Julia Viloria
TalCual
25 de abril de 2008

Un informe en manos del gobernador Luis Reyes Reyes, involucra a Polilara en la desaparición de armas recuperadas durante procedimientos policiales, la entrega de vehículos con seriales adulterados y el uso indebido de patrullas en vigilancia privada, revela el diario El Impulso
La investigación fue ordenada por el general Sabas Yánez Rangel al asumir la dirección de la policía larense en febrero de 2007 Fotos: Cortesía diario El Impulso

Doce informes y seis auditorías elaborados, el año pasado, por la Comisión Delegada de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas Policiales (FAP-Lara), revelan que el general Jesús Armando Rodríguez Figuera junto con más de 120 oficiales y personal de tropa están involucrados, presuntamente, en diferentes hechos de corrupción que aún no han sido sancionados por ninguna instancia ni órgano jurisdiccional.

Rodríguez Figuera dirigió a Polilara durante casi un quinquenio.

Los documentos, que aún mantiene ocultos el gobernador Luis Reyes Reyes, reflejan centenares de servicios de vigilancia policial que ofrecían funcionarios a empresas privadas y públicas; servicio de custodia a personalidades, generales, modelos, empresarios y comerciantes; desaparición de armas recuperadas en procedimientos policiales; extravío de armas de reglamento; extravío de chalecos antibalas; uso indebido de patrullas; entrega de vehículos con seriales adulterados y quema de material policial.

Según la Comisión Delegada, Figuera y oficiales que aún están activos "no administraron los bienes y recursos públicos con criterios de racionalidad y eficiencia, contrario a la Ley Contra la Corrupción" y se presume la "existencia de un daño patrimonial".

La investigación realizada en la institución policial se inició por orden del general Sabas Yánez Rangel, quien fue designado en febrero de 2007 como comandante de Polilara, directamente por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías.

El 12 de mayo de 2007 constituyó la Comisión con el fin de determinar las irregularidades en las cuales incurrió durante su gestión de casi cinco años.

Las unidades supervisadas fueron: la Brigada Rural, Brigada Bancaria, Brigada Motorizada, Brigada Canina, Grupo de Operaciones Tácticas, Departamento de Transporte, servicio 800-Polilara, Club de la Policía, División de Educación (Fucapel), Asuntos Internos, División de Investigaciones y Apoyo Criminalístico (DIAC), Mercal FAP.

Paralelamente a la revisión exhaustiva efectuada por la propia policía, una Comisión Especial designada por el Consejo Legislativo de Lara (CLEL) también se encargó de realizar una serie de indagaciones, después de recibir 40 denuncias en contra del oficial castrense.

Sobre los hombros de Rodríguez, en ese momento, pesaban acusaciones y señalamientos comprometedores por su supuesta vinculación con el narcotraficante Farid Ferid Domínguez, los presuntos ajusticiamientos contra 160 hombres, uso indebido del recurso humano y material de la institución policial para fines particulares, tal como lo denunciaron tres diputados del ente legislativo en la plenaria.

Estas denuncias, luego de ser investigadas, quedaron registradas en el informe final aprobado, en noviembre de 2007, por unanimidad por los diputados del CLEL, en el cual se le imputan siete delitos a Rodríguez: peculado de uso, abuso genérico de funciones, peculado doloso, lucro de funcionario, delito de encubrimiento, codelincuencia, delito contra la administración de justicia en aplicación de la Ley contra la Corrupción.

Igualmente es oportuno mencionar un informe final elaborado por la Contraloría General de la República, en mayo de 2006, luego de evaluar una denuncia relacionada con la contratación de servicios de vigilancia policial prestados por personal adscrito a la Comandancia General de la Policía.

En esa oportunidad el ente contralor comprobó la suscripción de un convenio interinstitucional entre dos empresas y la policía. "Se establece una relación de prestación de servicio de vigilancia por parte del Comando Policial a cambio de suministros de materiales de construcción, reproducción, diseño y copiado de material policial".

Asimismo, aclaró que "la actividad de vigilancia policial a empresas privadas por parte de la Policía es potestad de la Brigada Bancaria Empresarial", la cual debe brindar protección a las entidades bancarias y zona industrial, incluso a Mercabar.

Esa facultad se le otorga mediante el decreto N° 041 de fecha 8 de enero de 1991, el cual fue emitido por el mandatario de Lara. Los recursos en dinero percibidos por ese servicio deben ser "ingresados al tesoro del estado Lara".

Sin embargo, fueron utilizadas otras unidades de la Policía como Brigada Motorizada, Brigada Canina, División de Educación, Ayudantía, el DIAC, entre otras, para cumplir con el servicio de vigilancia policial, aun cuando no están autorizadas legalmente para ofrecerlo.

Pese al pronunciamiento de la Contraloría, las distintas brigadas continuaron ofreciendo el servicio de vigilancia policial. Llama la atención que todas las dependencias policiales que ofrecían vigilancia dependían de manera directa y administrativamente del comandante de las FAP, de acuerdo al organigrama de la institución policial vigente durante el mandato de Rodríguez Figuera.

IMPUNIDAD

En julio de 2007 culminó el trabajo la Comisión Delegada de las FAP y el general Sabas Yánez Rangel le entregó al gobernador de Lara los doce informes y las seis auditorías, con el fin de que se ordenara una averiguación de tipo administrativo en contra de Rodríguez Figuera y los funcionarios entre oficiales superiores y oficiales subalternos y personal de tropaa quienes encontraron responsables de una serie de hechos que atentan contra el régimen disciplinario de la institución policial, el patrimonio del Estado y la colectividad en general, a la cual la Policía le debe garantizar su protección y seguridad personal.

Igualmente se recomendó al alto oficial castrense enviar todas las revisiones realizadas en las distintas unidades a la Contraloría General del estado Lara, a fin de de terminar las sanciones de tipo administrativo a que hubiera lugar.

Reyes sólo entregó cuatro informes: División de Educación, Club de la Policía, Brigada Bancaria y DIAC, pese a las reiteradas solicitudes efectuadas por la Comisión Especial del CLEL, la cual se encargó de investigar durante ocho meses el caso del ex comandante de la FAP.

Esos documentos contienen información valiosa para las autoridades de los distintos órganos públicos interesados en indagar y aplicar correctivos, a fin de contrarrestar los casos de corrupción que pudieran existir en algunas instituciones públicas.

El diario El Impulso, a través de una investigación, tuvo acceso a los doce informes, los cuales serán publicados a través de una serie de reportajes en los cuales se dieron a conocer en detalle las desviaciones y prácticas irregulares en las cuales incurrió el general Rodríguez Figuera, según las investigaciones realizadas por la propia Inspectoría General de la Policía.

Es importante destacar que el oficial castrense contó con la colaboración de algunos funcionarios policiales, quienes durante varios años, no estuvieron al servicio de las comunidades y el pueblo, sino de particulares y organismos públicos que cancelaban, a través de contratos escritos y verbales, significativas sumas de dinero a las autoridades policiales.

Por cierto, se presume que no fueron depositadas en el Tesoro del Estado, sino en la Fundación para la Capacitación y Adiestramiento del Policía del estado Lara (Fucapel).

Existe un informe de la Contraloría General de Lara en el cual quedó evidenciado que los servicios de vigilancia policial no eran prestados por el personal de la fundación, sino por funcionarios activos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Policiales del estado Lara, o sea, por empleados públicos al servicio de la administración pública estadal.





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