Blanca Rosa Mármol de León: "El Gobierno es quien debe resolver el problema carcelario"

Por Venezuela Real - 27 de Abril, 2008, 16:39, Categoría: Estado de Derecho

JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
27 de abril de 2008

Entrevista // Blanca Rosa Mármol de León, magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Saluda la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que les restituyó a los presos por homicidio, robo, secuestro, violación y narcotráfico la posibilidad de disfrutar de beneficios procesales, por considerar que así se corrigió el "disparate" que cometió la Asamblea Nacional en 2005, cuando modificó el Código Penal y les negó este derecho.

Sin embargo, la magistrada de la Sala Penal del Máximo Juzgado Blanca Rosa Mármol de León advierte que la medida no pondrá fin a la crisis carcelaria que desde hace décadas aqueja al país. "Resolverá una situación puntual: Los presos cesarán su huelga y sus familiares van a dejar de protestar, pero con el paso del tiempo se va a repetir si no se atacan las causas del problema", augura.

-¿Cuáles son las medidas que hay que tomar para acabar con el drama carcelario, que el año pasado dejó 498 muertos y mil heridos?
-Antes que nada uno debe preguntarse: ¿Por qué se produce esta decisión? Porque tenemos la política de estar reformando constantemente el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para atajar tanto el problema de la delincuencia como el de las cárceles, pero esta no es la vía para hacerlo.

A mi juicio, el problema carcelario tiene dos aspectos: Uno es el relacionado con la demora en los procesos judiciales y el otro está relacionado con las condiciones infrahumanas en las que tienen que esperar esos procesos las personas sometidas a ellos. De estas cosas debemos ocuparnos, pero la vía no es anulando modificaciones legales o realizando nuevas reformas al Código Penal.

-Hablemos del retardo procesal. En los últimos nueve años el TSJ ha creado tribunales agrarios, de protección de niños y adolescentes; y laborales, pero ninguno penal, pese a que esta área es la que más causas conoce. No fue sino hasta el mes pasado cuando la presidenta de la Sala Penal, magistrada Deyanira Nieves, anunció que solicitará abrir nuevos juzgados.
-Ciertamente no se han creado nuevos tribunales (...) Creo que debemos dedicarnos a atender el área penal y ver que se creen tribunales. Esta debe ser una de las primeras medidas para combatir los retardos.

Desde el Poder Judicial y la Fiscalía también debemos velar por la buena marcha de los procesos, porque no se pueden permitir los innumerables diferimientos. Se suponía que tendríamos (con la aprobación del COPP) un proceso oral más rápido, porque ya no tendríamos aquellos expedientes interminables, que los jueces debían leer. Sin embargo, los procesos se demoran porque algunas veces no van los escabinos, otras porque no van las partes y otras porque el juez pospone más allá de lo que la ley permite.

-¿Por qué ha sido tan difícil ponerle coto a la situación de las cárceles? Hay quienes afirman que se debe a que el Gobierno no ha construido ni un penal en nueve años.
-No solamente es construir cárceles. Lo primero que debería hacerse es determinar a ciencia cierta cuántas personas tenemos cumpliendo condena y cuántas están privadas de libertad mientras afrontan el juicio (...) El primer trabajo debe ser de decantación y clasificación. Hay que ubicar a los presos según su peligrosidad para evitar la mezcla actual. Esto nos permitirá saber quiénes tienen antecedentes y quiénes están señalados por delitos graves o no.

También creo que debería retomarse el viejo planteamiento de la descentralización de las cárceles, porque si cada estado se encarga del mantenimiento de su cárcel el problema será más fácil de dominar.

-También hay que refaccionar los centros existentes.
-Indudablemente a los presos hay que devolverles su dignidad. Se les debe dar su espacio vital y que no sufran penas accesorias. En la práctica les estamos imponiendo a nuestros presos penas que no están en las leyes. En ningún lado dice que porque estés condenado por tal o cual delito debas pasar hambre, debas estar sucio, debas dormir en el piso, que no tengas acceso a los médicos, que no tengas un transporte que te lleve hasta el tribunal cuando te corresponda o que estés expuesto a que te maten en cualquier momento; es decir pena de muerte aleatoria. Nuestros presos sufren de penas no previstas en ninguna ley y que están prohibidas por la Constitución.

-El argumento de los diputados para proscribirles los beneficios a los procesados y condenados por ciertos delitos es que así se combatiría la delincuencia.
-El poner penas más altas nunca es la solución a la delincuencia. Lo que realmente importa es que se cumpla la pena y eso tiene una estrecha relación con la anulación de parte de la reforma del Código Penal, porque no necesariamente todo el que pide un beneficio debe recibirlo. No podemos seguir con los impulsos. Aun cuando en las cárceles esperen que la gente salga, hay que ponderar caso por caso.

-¿Qué llamado haría usted al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial?
-Todos los poderes, cada quien en su campo, deben abocarse a solventar este problema. El Parlamento debe pensar muy bien antes de reformar leyes, para evitar incurrir en nuevos errores de técnica legislativa como el colocar normas procesales en una ley sustantiva. Los jueces, entretanto, debemos tratar de sentenciar más rápido, pero bien; y el Ejecutivo debe enfrentar el problema de las cárceles, problema que siempre ha sido y será de él. El problema de las cárceles no podemos resolverlo ni el Legislativo ni el Judicial, nosotros debemos cumplir con nuestra parte, pero el Ejecutivo siempre va a tener la tarea de mantener a los hombres y mujeres que han quebrantado las leyes en una situación digna y que les permita cumplir con su condena.






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