Sentenció la Sala Político Administrativa Improcedente medida cautelar de amparo...

Por Venezuela Real - 28 de Abril, 2008, 21:03, Categoría: Estado de Derecho

Prensa TSJ
28 de abril de 2008

...  ejercida contra Resolución dictada por el Contralor General de la República

En su sentencia la Sala del TSJ indica, entre otras cosas, que “el hecho de que el acto administrativo impugnado le haya impuesto al recurrente la sanción de inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas por un período de dos (2) años, no es más que el efecto de aplicar una previsión legal vigente en nuestro ordenamiento jurídico, que necesariamente debe ser acatada por el órgano contralor, en virtud de la gravedad de la irregularidad cometida, la cual ocasionó la declaratoria de la responsabilidad administrativa, razón por la que resulta infundado el presente alegato.”

Con ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró improcedente la medida cautelar de amparo constitucional, ejercida conjuntamente con el recurso de nulidad, que fue presentado el pasado 11 de marzo por Gerardo William Méndez Guerrero, contra la Resolución N° 01-00-000299, dictada el 13 de noviembre de 2007 por el Contralor General de la República, por la cual se inhabilitó a Méndez Guerrero para el ejercicio de funciones públicas por un período de 2 años.

Esgrimió Méndez Guerrero que la Contraloría del estado Táchira dio inicio a un procedimiento administrativo el 14 de agosto de 2001, con motivo de los aportes efectuados por el Instituto del Deporte Tachirense para la realización de la Vuelta al Táchira en Bicicleta Edición 2000. Señaló que para esa fecha, presidía el referido órgano administrativo deportivo, y que en tal sentido hizo frente a los cargos impuestos por el ente contralor.

Alegó que todas las órdenes de pago efectuadas para la realización del citado evento, fueron fiscalizadas por la Contraloría Interna del Instituto del Deporte Tachirense, sin embargo la Contraloría del estado Táchira mediante la Resolución N° 073, del 30 de septiembre de 2002, declaró su responsabilidad administrativa por no haber soportado los aludidos gastos y le impuso una multa de setenta unidades tributarias (70 UT).

Luego, entre otras incidencias del caso, el 27 de febrero de 2008, Méndez fue notificado de la Resolución N° 01-00-000299, dictada el 13 de noviembre de 2007, mediante la cual el Contralor General de la República lo inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por un lapso de 2 años, con fundamento en la declaratoria de responsabilidad administrativa decidida en 2002.

PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA

La Sala del Alto Tribunal de la República, luego de determinar su competencia para conocer de la presente causa, pasó a decidir provisoriamente sobre la admisibilidad de la acción principal de nulidad, para examinar la petición cautelar de amparo; al respecto, luego de examinar las causales de inadmisibilidad de los recursos de nulidad, previstas en el artículo 19 de la Ley que rige las funciones del TSJ, con prescindencia de la relativa a la caducidad, no las encontró presentes, por lo que se admitió provisoriamente el presente recurso de nulidad.

Indica la sentencia que se admitió el referido recurso de nulidad, a los solos efectos de su trámite y verificación por parte del Juzgado de Sustanciación de la Sala de lo atinente a la caducidad de la acción. De ser procedente su admisión, el Juzgado de Sustanciación ordenará la continuación del proceso, con la práctica de las notificaciones de Ley, y la publicación del cartel de emplazamiento, de conformidad con lo previsto en el aparte 11 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

En relación con la medida cautelar de amparo solicitada, la Sala Político Administrativa precisó en su dictamen que se alegó la violación del derecho a la defensa y al debido proceso, al respecto argumentó que la Administración dictó el acto “in audita parte”, sin mediar procedimiento, como inconstitucionalmente establece el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, esgrimió Gerardo Méndez Guerrero.

Observó la Sala del TSJ que el Contralor General de la República en el acto administrativo impugnado, por el cual impuso al Méndez la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el período de 2 años, “actuó, en principio, conforme a la potestad que le fue otorgada por el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual lo faculta para que de manera exclusiva y excluyente, de acuerdo a la entidad o gravedad del asunto y ‘…sin que medie ningún otro procedimiento…’ imponga las sanciones accesorias de suspensión del ejercicio de cargo, destitución e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas a aquellas personas que, como el actor, les fue declarada su responsabilidad administrativa en virtud de un procedimiento administrativo, conforme lo señala expresamente el accionante en su recurso. (vid. Sentencia N° 01327 de fecha 25 de julio de 2007, caso: José Goncalvez Moreno)”

NO SE VULNERÓ EL DERECHO A LA DEFENSA Y AL DEBIDO PROCESO

Por tal razón, señaló la Sala en su sentencia, “considera la Sala que del examen preliminar de las actuaciones no se desprende la violación al recurrente de su derecho a la de defensa y al debido proceso, por cuanto la Administración procedió, en principio, conforme al procedimiento legalmente establecido del cual formó parte el recurrente.”

También se alegó el atropello del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, al respecto Méndez Guerrero esgrimió en su escrito presentado a la Sala Político Administrativa que “(…)El acto del Contralor General de la República, aquí impugnado, aborta el desarrollo y desenvolvimiento de mi personalidad, es decir, mi libertad para llegar a ocupar cargos públicos y de elección popular a los que aspiro, como en concreto lo hago como precandidato a la Gobernación del Estado Táchira para las próximas elecciones. Además, es notorio que coarta, violentamente, el trazado de mi vida profesional y como hombre al servicio de los intereses de mi Estado y me expone al desprecio público.(…)”

Al respecto la Sala del Alto Juzgado del país precisó que “el hecho de que el acto administrativo impugnado le haya impuesto al recurrente la sanción de inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas por un período de dos (2) años, no es más que el efecto de aplicar una previsión legal vigente en nuestro ordenamiento jurídico, que necesariamente debe ser acatada por el órgano contralor, en virtud de la gravedad de la irregularidad cometida, la cual ocasionó la declaratoria de la responsabilidad administrativa, razón por la que resulta infundado el presente alegato.”

Por otra parte la Sala constató que de los alegatos expuestos Gerardo William Méndez invocó también la presunta violación de su derecho “…a la función pública y carrera administrativa…”, y asomó la idea de que la sanción que le fuera impuesta estuvo relacionada con su ideología política, “no obstante, no concretó en qué consistió la denunciada violación, ni por qué tenía un matiz político”, precisó la sentencia del TSJ.

Agregó la Sala Político Administrativa que el acto impugnado fue dictado en ejercicio de la potestad sancionatoria del Contralor General de la República, con arreglo a la normativa aplicable, por lo que se desestimó la denunciada violación constitucional.

Debido a que fueron desechadas en su totalidad las alegadas violaciones constitucionales, la Sala Político Administrativa declaró la improcedencia del amparo cautelar solicitado.







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