"Venezuela vive una tensión política preocupante"

Por Venezuela Real - 30 de Abril, 2008, 14:08, Categoría: Derechos Humanos

Adolfo Taylhardat
El Universal
30 de abril de 2008

El diputado uruguayo Jaime Trobo, miembro del Partido Nacional, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados de Uruguay y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano, estuvo la semana pasada en Venezuela participando en la reunión que este último órgano celebró en Caracas.

El diputado Trobo es un buen amigo que siempre ha mantenido una posición de activa solidaridad hacia las reivindicaciones y las demandas de la oposición venezolana.

A su regreso a Montevideo, el pasado sábado 26, emitió un comunicado en el cual ofreció sus apreciaciones sobre la situación venezolana recogidas durante su permanencia en nuestro país y de manera especial se refirió a la denuncia que el alcalde Leopoldo López introdujo en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano por la violación de sus derechos políticos como consecuencia de la medida de inhabilitación dictada  por el contralor general de la República.

Por la importancia que revisten las declaraciones del diputado Trobo y por la relevante posición que ocupa dentro del Parlamento uruguayo, dedico el espacio de mi artículo semanal a reproducir íntegramente su comunicado.

"Venezuela vive una tensión política preocupante. La tensión que provoca continuamente el gobierno en Venezuela resulta insoportable. Tanto en lo interno como en lo externo, la constante de Hugo Chávez es convertir la realidad en una confrontación maniquea, el mackartismo es su proceder y el escenario que ofrece esta realidad no es auspicioso.

La Comisión de DDHH del Parlamento Latinoamericano que se reunió días pasados en Venezuela, recibió la denuncia de que más de 370 personas han sido 'proscriptas' por un procedimiento contrario a la Constitución actual del país, para impedirles concurrir como candidatos a las elecciones que se realizarán en el próximo mes de noviembre. El caso más destacado es el del actual alcalde de Chacao, una circunscripción municipal de Caracas, que integra la lista de proscripciones por determinación del Contralor General, que es defendida a capa y espada por el gobierno y por los parlamentarios venezolanos de partidos que respaldan al gobierno. Paradójicamente, los congresistas venezolanos apoyan y defienden la proscripción política inconstitucional en su propio país, esto es increíble.

Leopoldo López, un joven y exitoso político de la oposición, que ha realizado una gran gestión en la Alcaldía de Chacao,  cuenta con una aprobación de más del 60% en las encuestas realizadas en la Gran Caracas, lo que lo sitúa como un posible triunfador en las próximas elecciones. El gobierno, a través de la lista elaborada por el Contralor lo ha proscripto y ello ha sido denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano.

Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para que la Comisión lo recibiera en audiencia de inmediato que fuera recibida la denuncia, logramos que una sub- comisión especializada en recibir denuncias le concediera una audiencia, allí el alcalde López se explayó sobre su situación y acusó al Gobierno de perseguirlo y proscribirlo por el solo hecho que es capaz de ganar las próximas elecciones en Caracas, agregó un profuso material de respaldo a sus denuncias y reclamó que su caso sea tratado con celeridad, pues el plazo para la presentación de candidaturas finaliza el 1de agosto próximo.

Minutos después de recibir al alcalde López, la Comisión de DDHH del Parlamento Latinoamericano recibió en audiencia a la Defensora del Pueblo de Venezuela quien no pudo explicar el fundamento de esta clara violación de un derecho político.

La transparencia informativa, el conocimiento de estas actitudes gubernamentales contra derechos políticos esenciales, es una contribución a la democracia, y nosotros debemos prudente pero firmemente denunciar estos hechos para que el gobierno dé marcha atrás con estos atropellos.

La Comisión de DDHH del Parlamento Latinoamericano resolvió tramitar en forma urgente esta denuncia, dispuso como fecha límite el 15 de junio para contar con un informe de la sub-comisión de Denuncias del Cuerpo y envió de inmediato los antecedentes al Congreso venezolano para que realice descargos frente a la denuncia".






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