Inhabilitaciones inconstitucionales

Por Venezuela Real - 6 de Mayo, 2008, 13:26, Categoría: Electorales

Luis Izquiel
El Universal
06 de mayo de 2008

Con los candidatos se comete un acto inconstitucional y una gran cobardía política

Vista la proximidad de las elecciones regionales programadas para noviembre de este año, uno de los temas que ha tenido mayor repercusión y relevancia en la opinión pública de nuestro país es el de las inhabilitaciones para ejercer funciones públicas, inhabilitaciones dictadas por el Contralor General de la República, que recayeron sobre cerca de 400 ciudadanos, en su mayoría líderes de la oposición venezolana, las cuales, como veremos a continuación, son abiertamente inconstitucionales.

En efecto, el artículo 65 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece clara y taxativamente que el único motivo por el cual un ciudadano puede ser impedido de optar a un cargo de elección popular es por haber sido impuesto de una condena definitivamente firme, emanada de un Tribunal Penal, por la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones o de otros que hayan afectado el patrimonio público. La Contraloría General de la República no es un Tribunal Penal, ni tiene competencias judiciales.

En este mismo sentido, un tratado internacional como el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en su artículo 23, igualmente dispone que la limitación del ejercicio de los derechos políticos no puede provenir de una simple medida administrativa como la emitida por el Contralor, sino por una condena producto de un proceso penal dictada por un juez competente.

El Contralor fundamenta sus espurias inhabilitaciones en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría, pero con esto obvia que en nuestro país rige lo que se conoce en Derecho como el principio de la Supremacía Constitucional, el cual, desde los tiempos de Hans Kelsen, ninguna Ley puede tener vigencia si la misma contraría las estipulaciones de la Constitución.

Lo que se está cometiendo con candidatos a cargos de elección popular como Enrique Mendoza, Leopoldo López, William Méndez y otros dirigentes políticos, al pretender no permitirles participar en las próximas elecciones, no sólo constituye un acto inconstitucional, sino una acción de gran cobardía política.

El Presidente de la República y otros actuales alcaldes y gobernadores de su corriente política, protagonizaron en el año 1992 dos sangrientos golpes de Estado, y ello no fue óbice para se les permitiera su participación política durante la vigencia de la mal llamada IV República.

Pero hay más. Con esta inconstitucional sanción, no sólo se están cercenando los derechos políticos de los inhabilitados, sino que también se tasajea el derecho a elegir de todos los votantes. En materia de discriminación política, podemos decir que pasamos de la "Lista Tascón" a la "Lista Contralor".






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