Vicente Díaz refutó al contralor Clodosbaldo Russián

Por Venezuela Real - 10 de Mayo, 2008, 11:21, Categoría: Electorales

CARLA NAVARRO
El Nacional
10 de mayo de 2008

Alegan que el TSJ impidió inhabilitación en 2004
El rector del Consejo Nacional Electoral aseguró que evitar postulaciones por medidas administrativas sería un fraude a la Constitución, y agregó que este tema será discutido por los demás directivos del organismo
En el CNE, así como en todo el ámbito político, se mantiene la polémica sobre las inhabilitaciones

El presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, refutó al contralor general de la República, Clodosvaldo Russián, la decisión de inhabilitar a 368 personas para aspirar a cargos de elección popular el 23 de noviembre.

Consideró que este organismo no está facultado para impedir la postulación de ningún candidato. Aseguró que sólo la sentencia firme de un tribunal puede hacerlo.

"Las medidas administrativas no pueden afectar los derechos políticos de los ciudadanos. La Contraloría no puede suspender el derecho a ser elegido, de lo contrario, se está violando la Constitución".

Díaz reiteró que el artículo 42 de la Carta Magna establece que "el ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley". Además de reiterar que ningún funcionario puede ser inhabilitado hasta que se haya terminado el período por el que fue elegido, dijo: "El control político se debe ejercer a través de la figura del referéndum revocatorio, sino cuál es la función de esta consulta popular", se preguntó.

Entregan pruebas.

En la reunión realizada en la Contraloría y que se prolongó por dos horas, Díaz entregó a Russián el expediente número 244404 de fecha 20 de octubre de 2004, en el que el diputado del Consejo Legislativo del estado Bolívar, Tulio Gudiño, interpuso un amparo constitucional contra el contralor por haberlo inhabilitarlo para el ejercicio de funciones públicas por un lapso de tres años y destituirlo del cargo.


Gudiño expresó que esta medida viola lo dispuesto en los artículos 62 y 200 de la Carta Magna. El primero se refiere a que todos los ciudadanos tienen el derecho a participar libremente en los asuntos públicos y el segundo indica que los diputados de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones hasta la conclusión de su mandato, y que los funcionarios que violen esa inmunidad incurrirán en responsabilidad penal.

En este caso, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar la acción de amparo puesta por el diputado regional contra el contralor y se declaró improcedente la Resolución número 01-00-019 del 23 de enero de 2004 en la que el contralor solicitaba la destitución de Gudiño. Díaz declaró que existen más casos en los que el TSJ declaró improcedente la facultad del contralor para inhabilitar.

Dijo que la reunión fue positiva, pues permitió comparar las distintas posiciones jurídicas.

"El equilibrio democrático es sumamente importante para el país. No se puede inhibir de las filas a quienes tengan oportunidades, el pueblo es el que decide los candidatos de su preferencia", añadió.








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