Amparo alimentario

Por Venezuela Real - 16 de Mayo, 2008, 12:20, Categoría: Economía

Luisa Benavides
TalCual
16 de mayo de 2008

Cavidea introdujo al Tribunal Supremo de Justicia dos recursos legales contra las medidas tomadas por el Gobierno para evitar el acaparamiento, el boicot y la especulación

Al parecer, la soberanía y la seguridad alimentaria tienen como principal saboteador al Gobierno. La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) presentó ayer ante el Tribunal Supremo de Justicia, dos recursos que buscan corregir las deficiencias existentes en los reglamentos contra el acaparamiento, el boicot y la especulación emitidos por el Ministerio para la Alimentación, ya que a juicio de sus directivos y asesores jurídicos, causan interrupciones puntuales en las actividades de producción y despacho "impidiendo el incremento sostenido de la oferta de alimentos en el sector".

Pablo Baraybar, presidente de Cavidea, explicó que el diseño de estos instrumentos legales no se ajusta a los principios de seguridad alimentaria, de soberanía del consumidor y de libertad económica establecidos en la Constitución Nacional, y "su aplicación actual no garantiza al consumidor venezolano el derecho a escoger los productos y marcas de su preferencia, al tiempo que está impactando la seguridad alimentaria del ciudadano".

Baraybar precisó que estos recursos se establecieron en contra de la Resolución Conjunta del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, para la Agricultura y Tierras y la Alimentación (SICA), y del Decreto de Reforma parcial del decreto Número 5.197 con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos declarados de primera necesidad o sometidos a control de precio.

DESPACHO PRIORITARIO

Cavidea considera que la petición por parte del Gobierno Nacional de exigir informes y guías para autorizar la distribución retrasa en gran medida el suministro del mercado, por lo que los consumidores tienen la sensación de un desabastecimiento cada cierto tiempo, que se agrava por las constantes confiscaciones por parte d! e la Gua rdia Nacional de los productos que transportan los camiones.

"Ahora los despachos de todos los productos, y no solo los terminados, también de la materia prima relacionada con alimentos, tienen que tener una guía previa de despacho. La prioridad debe ser despachar y no informar", denunció Baraybar. El directivo acepta que si se equivocan en algunos trámites deben ser multados, pero no se debe clausurar las empresas o parar la producción ya que perder un día y hasta varios, ocasiona bajas importantes en los inventarios.

Esta guía, que entró en vigencia desde el 29 de abril de este año, requiere que cada uno de los productos, incluyendo aquellos que no poseen precios regulados, sea notificado antes de ser entregado a cualquiera de los estados del país. Este instrumento era utilizado anteriormente en la frontera para evitar que los alimentos fueran trasladados a otros países.

Cavidea aclaró que el sector está de acuerdo con los controles fronterizos, pero considera que no puede utilizarse como excusa para impedir vender cantidades y tipos de alimentos precisos en los comercios.

"Las empresas industriales no sacan los productos fuera de Venezuela. La única forma sería mediante la exportación y lo tenemos prohibido. No exportamos hace siete meses", indicó Baraybar y alertó que los que realizan esta actividad de manera ilegal son los revendedores.

INVENTARIOS PRECAVIDOS

La Cámara informó que debido a que aún no está muy clara la Ley contra el Acaparamiento, las empresas procesadoras de alimentos acordaron tener un inventario de cinco días continuos para evitar sanciones y multas. Anteriormente, los inventarios estaban entre 15 y 20 días por cada jornada transcurrida, pero ahora prefieren mantener al margen las reservas.

"En Maturín, nosotros teníamos mercadería para 24 horas y fue decomisada. Por eso nos preocupa el caso del SICA, porque si nos detiene la producción un día, perdemos el 20% del in! ventario que acostumbramos tener", dijo el presidente de Cavidea.

Sobre la denuncia formulada por Carlos Osorio, Superintendente Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA), sobre el sabotaje del sector privado para producir desabastecimiento y sobreabastecimiento en algunos estados del país, Baraybar señaló que la industria atiende la demanda y no determina lo que se va a despachar. Esto depende de las solicitudes de los comerciantes.

"Se suman las necesidades de todos los establecimientos de determinada zona y según eso se distribuyen los productos. Más bien, ¿quién en este país está autorizado sobre lo que se debe comer y en qué cantidad y cuál sitio? La Constitución establece estos parámetros".

Como conclusión, Pablo Baraybar indicó que la solución para estos problemas es incentivar el diálogo entre los distintos actores de la cadena –productores, industria, transportistas, comerciantes y autoridadespara lograr diseñar instrumentos legales efectivos en el combate contra el acaparamiento, la especulación y demás prácticas ilegales, "sin afectar la Seguridad Alimentaria de los venezolanos y su poder de elegir los alimentos que quiere consumir".






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