Fiscalización minera anticipa la conversión a empresas mixtas

Por Venezuela Real - 19 de Mayo, 2008, 11:18, Categoría: Economía

EDUARDO MÉNDEZ SÁNCHEZ
El Nacional
19 de mayo de 2008

Shibam dispone de Bs F 14 millones para controlar derechos de explotación
La nueva ley derogará las concesiones, pero el Gobierno ya comenzó la transición
La actividad minera privada estará limitada hasta que se apruebe la nueva Ley que regirá el sector

El Gobierno comenzó a preparar el terreno para revertir el modelo productivo minero que se instaurará en el país una vez que se apruebe la nueva ley que regirá el sector.

Este instrumento legal derogará el sistema de concesiones temporales vigente y encomendará la explotación de minerales a empresas mixtas, cuya mayoría accionaria estará en manos de la estatal Corporación Venezolana de Guayana.

La revisión iniciada hace un mes de las concesiones otorgadas por la República, la suspensión de actividades en algunos yacimientos por órdenes del Shibam, y la negación del despacho de Ambiente de otorgar nuevas licencias, demuestran que la actividad minera privada estará limitada hasta que el Estado sea jurídicamente habilitado para aumentar su participación.

El diputado Ángel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional, señaló que la nueva ley, cuya aprobación se espera desde 2006, está en manos del presidente Hugo Chávez y será aprobada a través de la Ley Habilitante.

Señaló que no maneja los detalles del nuevo instrumento legal, pero asegura que la minería imitará el esquema de empresas mixtas que se estableció el año pasado para los antiguos convenios operativos de la Faja del Orinoco.

Presupuesto para revisión.

Para este año, el ministerio que dirige Rodolfo Sanz cuenta con 100,6 millones de bolívares fuertes para "establecer un nuevo modelo productivo socialista" en las áreas minera y de industrias básicas.


De ese monto, 14 millones de bolívares se destinan específicamente al "seguimiento y control de 847 derechos mineros distribuidos en el territorio nacional que permita recuperar las áreas que incumplan los deberes formales contraídos con la nación e incrementar el aporte fiscal minero".

Adicionalmente, la Ley de Presupuesto 2008 aprobó otros 2,80 millones de bolívares fuertes para "controlar y dar seguimiento a la gestión operativa, económica y financiera de 35 titulares o beneficiarios de derechos mineros a los fines de generar información para el diseño de las políticas que fortalezcan la actividad minera sustentable".

En medio del proceso de revisión, la mina Isidora, operada por la estadounidense Hecla desde 2005, ha tenido que suspender sus operaciones por órdenes de Shibam y el presidente de Minerven, Luis Herrera, quienes acusan a la empresa de explotar a sus trabajadores.

Más allá de la aprobación de recursos para el monitoreo de la actividad minera, está el hecho de que una vez más los conflictos laborales sirvieron de argumento para advertir a las transnacionales que se encargan de explotar oro que algunas concesiones podrían ser revocadas, otras no serían renovadas y otras no serían autorizadas.

El ministro Sanz anunció la "revisión exhaustiva" de las concesiones auríferas en un acto donde un grupo de mineros denunció a la minera Rusoro, operadora de Choco 10, en El Callao, estado Bolívar, por una presunta deuda por concepto de indemnización que debía cancelarles.

Protección laboral.

El especialista en Derecho Laboral, Juan Carlos Pró-Rísquez, considera ilógico el hecho de que se anuncie la fiscalización de un sector estratégico o la estatización de una compañía utilizando como argumento los conflictos laborales.


"No sé hasta qué punto hay un interés legítimo en defender el derecho de los trabajadores. Espero que lo sea, pero que esto sirva como excusa para estatizar empresas me parece muy particular, porque en Venezuela los trabajadores cuentan con métodos y medios para plantear sus reclamos de manera muy eficiente", señaló el profesor de Derecho Laboral, en la Universidad Central de Venezuela.

Recordó que si los trabajadores denuncian a una empresa por la violación de sus derechos, la Inspectoría del Trabajo les niega la Solvencia Laboral y esto le genera gran cantidad de problemas a las compañías, con lo cual se sienten "obligadas" a cumplir sus deberes laborales.

La solvencia, agregó el experto, permite solicitar divisas y hacer convenios y contratar con el Estado.
 
 





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