Dos caras de la transparencia

Por Venezuela Real - 21 de Mayo, 2008, 12:41, Categoría: Cultura e Ideas

Andrés Cañizález
TalCual
21 de mayo de 2008

Mientras en España se debate la necesidad de una ley que brinde a los ciudadanos acceso a toda la información oficial, en Italia se genera una polémica por la publicación de datos personales en la red

Una lectura del diario español El País, durante la primera semana de mayo, deja poco lugar a las dudas: el tema de los derechos conexos con la libre expresión y el acceso a la información están en plena construcción, también en el territorio europeo. Las páginas de la prensa rosa o del corazón dieron mayor relevancia al juicio que esa semana se inició. La hermana de la princesa Letizia, Telma Ortiz, demandó a más de una docena de medios españoles para exigir el respeto a la intimidad, y en especial de su hija recién nacida. El debate pasa por establecer dónde están las fronteras para el interés público sobre la vida privada de los famosos, y en este caso si el ser hermana de una princesa te convierte automáticamente en notoriedad pública. La decisión judicial no dio cabida a esta demanda, pero ha abierto un intenso debate en suelo español.

Más cerca de situaciones como las que vivimos en Venezuela, la reciente celebración el 3 de mayo del día mundial de la libertad de expresión, sirvió también para abrir otra discusión en España. Este país es una de las excepciones dentro de la Unión Europea en materia de leyes o reglamentos que permitan el acceso del ciudadano a la información pública. En pocas palabras, lo que comenzó a discutirse es la necesidad de que se apruebe una Ley de Transparencia, que por un lado obligue a todas las dependencias oficiales a tener información actualizada y sin cortapisas sobre sus respectivas gestiones y presupuestos, y una ley de ese tipo le brindaría derechos a los ciudadanos para acceder y solicitar información en manos del Estado. Si bien a las leyes de acceso o transparencia, se les llama de diferente forma según el país, persiguen hacer más diáfana y cercana a los ciudadanos la acción oficial, en la práctica son preciados instrumentos de trabajo para periodistas y activistas de la sociedad civil.

El País le ha recordado, en días pasados, al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), hoy en el poder y con un jefe de gobierno (Rodríguez Zapatero) recién releecto, que ya en 2004 se había colocado en la cesta de las promesas impulsar dicho instrumento legal. Nada se hizo al respecto, y este año de nuevo estuvo tal promesa. El tiempo parece propicio, se respira con esta reelección de Rodríguez Zapatero un nuevo aire, pues ha dado cambios significativos con una mayoría de ministras en su gabinete, una mujer por primera vez al frente del Ministerio de Defensa y la creación de un Ministerio para la Igualdad.

Para algunos sectores del PSOE la tarea más prioritaria consistiría en aprobar una ley de transparencia municipal, pues sostienen que los principales focos de corrupción ocurren a ese nivel. En cualquier caso sería un saludable primer paso, que le daría derechos para exigir información y transparencia a los ciudadanos. El profesor Juan Luis Manfredi escribió el pasado 11 de mayo, en las páginas del citado diario, que en España debe ponerse fin al cerrojo informativo estatal.

A su juicio, un componente básico de la democracia es justamente la información, que tiene como fundamento el derecho de cada ciudadano a saber sobre las actuaciones de los gobiernos y los gastos que de ello se derivan. La información, entonces, no es una dádiva en sociedades donde se entiende lo público, y la función pública, en una relación de estar al servicio de todo el colectivo social.

Habrá que estar atentos a lo que suceda en suelo español en los próximos meses. Para muchos allí resulta inexplicable que el país no esté acoplado a la política de transparencia e información que prevalece entre las otras naciones de la Unión Europea.

En otra dirección parecen apuntar hechos en Italia, también recogidos en los primeros días de mayo por El País. En una decisión que se ampara en normas existentes en ese país, el viceministro de Economía, Vicenzo Visco, decidió hacer de conocimiento público las declaraciones del impuesto sobre la renta de los ciudadanos italianos. Unas 38 millones de declaraciones del año 2005 se colgaron en la página web del ministerio, a inicios de mayo, aunque sólo por algunas horas, pues una medida cautelar de la entidad que tutela la protección de datos logró sacar los datos de Internet. Una cosa, junto a la otra, abrió un intenso debate y amenaza de crisis para el saliente gobierno italiano, que insistió en defender su potestad de hacer pública tal información. La Fiscalía inició acciones partiendo de la base de que tal acción, sin duda de transparencia, ha violado la ley de datos personales. Visco ha sido objeto de más de 100 demandas a lo largo y ancho de Italia. El proceso judicial lejos de aplacar los ánimos, seguramente terminará generando nuevas polémicas, pues cómo decíamos al inicio las fronteras del derecho a saber, parecen estar en plena construcción.

Y aunque la información estuvo poco tiempo en línea dio bastante de qué hablar. El magnate mediático Silvio Berlusconi, de nuevo primer ministro, por ejemplo, sólo está en el séptimo lugar, entre las declaraciones más abultadas, pese a que es el tercer hombre más rico de Italia. Ejemplos cómo éste agitaron los días finales del gobierno de Romano Prodi. Es la otra cara de la transparencia.






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